El efecto bumerán de los piquetes: el Gobierno despenalizó las «coacciones» que ahora critica
El Ejecutivo derogó en abril el artículo 315.3 del Código Penal, que contemplaba penas de cárcel para las coacciones violentas de los piquetes en las huelgas
Un grupo de transportistas. | EFE/ Lavandeira jr
«No podemos permitir coacciones de este grupo que está usando la violencia». Con esa rotundidad se expresaba este jueves el ministro de Agricultura, Luis Planas, para asegurar que el Gobierno actuará con «firmeza» a fin de que se restablezca lo antes posible el abastecimiento alimentario tras el paro convocado por un grupo minoritario de transportistas que «está boicoteando» el suministro de bienes básicos desde el lunes. Sin embargo, lo que no podrá hacer es acusarles de un delito. El propio Ejecutivo de Pedro Sánchez eliminó hace un año las penas de hasta tres años de cárcel que contemplaba el Código Penal para castigar las coacciones violentas de los piquetes durante las huelgas.
Efecto bumerán. En apenas 11 meses, al Gobierno se le ha vuelto en contra la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. El 22 de abril de 2021, el BOE publicaba la Ley 5/2021 para eliminar las penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes en las huelgas. Un texto polémico que suscitó las críticas de muchos juristas entonces. Entendían que el preámbulo de la ley impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos era una suerte de soflama política inédita en el BOE. En el texto, se hacía un alegato contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 y se denunciaba que ese artículo del Código Penal se había utilizado durante años para restringir los derechos sindicales de los trabajadores.
«La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno», señala la ley publicada en el BOE.
La disposición legal que frenaba los piquetes
En realidad no fue Rajoy sino el Ejecutivo socialista presidido por Felipe González el que incorporó el artículo 315.3 al Código Penal en 1995. Esa disposición permitía castigar con penas de cárcel de entre 21 meses y tres años de prisión -o con multas de 18 a 24 meses- a «quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».
La contradicción en la que ha incurrido el Gobierno no ha tardado en ser aprovechada por la oposición. En concreto el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Moncloa de reformar el Código Penal «para arrojar a sus piquetes violentos y amaestrados contra enemigos políticos». «Ahora que no controlan el paro legítimo de los transportistas arruinados por este Gobierno hablan de ‘coacción’. No están contra la violencia, solo quieren su monopolio», añadía Abascal.
Las declaraciones de Abascal se producían poco después de que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se refiriese a la huelga de transportistas como «un boicot en toda regla alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha». En un acto en Sevilla, junto al líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, Rodríguez ha considerado que esas protestas no responden a transportistas «ejerciendo su derecho a la huelga», sino que están «boicoteando al resto de trabajadores» y promoviendo «actos violentos» desde actitudes que «en nada favorecen al diálogo y a la convivencia».
«Nada tienen que ver esas demandas legítimas por el precio de los carburantes con los que estamos viendo hoy en las calles que ponen en riesgo la vida de quienes están trabajando y el abastecimiento de los productos básicos», señalaba la portavoz del Gobierno junto al alcalde hispalense.
Interior despliega 25.000 agentes
En este sentido se ha pronunciado también el ministro Planas en una entrevista en La Sexta. El titular de Agricultura afirmaba en que es «grave e injusto» que el pescado fresco tenga que estar en frigoríficos, al tiempo que ha reiterado que el Gobierno actuará «con toda firmeza» para que la libre circulación pueda restablecerse, algo en lo que están trabajando su departamento, el Ministerio de Interior y el de Transportes.
Como adelantó THE OBJECTIVE, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha desplegado 25.000 agentes en todo el país para asegurar el suministro de productos de primera necesidad ante la escalada de violencia en las últimas horas por parte de los piquetes informativos de algunas de las asociaciones que han convocado la huelga de transportistas. Según fuentes de Interior, sus dos objetivos son garantizar el suministro de los servicios esenciales y garantizar el derecho al trabajo de los camioneros que no han secundado el paro.
La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España mostró su preocupación el pasado martes, tras «la alarmante situación que se está viviendo debido a la acción de los piquetes en los principales nodos logísticos de España», que están provocando interrupciones en diferentes rutas y «roturas» en la cadena de suministros. Poco después, la industria láctea anunció que detendría su actividad desde este jueves por el paro de los transportistas. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha explicado que se están sufriendo «graves problemas» en el transporte y envío de productos alimentarios.
