El PP acusa al Gobierno querer ascender a Delgado «470 puestos» con su enmienda

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Santamaría ha acusado este miércoles al Gobierno de hacer «un traje a medida» para la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con la enmienda a la ley concursal que garantiza que tras el cese será Fiscal de Sala. Entiende que es pagarle «un sueldo nescafé» por sus favores y que supone que ascienda «470 puestos» en el escalafón de la carrera fiscal.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respondido a esto, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, reiterando que la enmienda va en la línea de promover medidas para lograr mayor «independencia e imparcialidad» en todos los órganos del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

Pero Santamaría ha apuntado que es «ridículo» que para dignificar a la Fiscalía solo se les ocurra hacerlo por medio de un «ascenso indirecto» que le permite a Delgado ascender esos puestos. Y ha añadido que pareciera que quien manda en el ministerio es la FGE «preparando su pesebrillo» porque la enmienda fue presentada cuatro minutos antes del cierre del plazo, «a hurtadillas» y sin consultar a la carrera fiscal o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, ha aseverado que tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, como la Eurocámara ya han apuntado que desconfían de esa medida porque la entienden como lesiva para el interés público. Y ha concluido indicando que el GRECO quería una Comisión de Ética, avanzar en autonomía presupuestaria del Ministerio Público y neutralidad en la elección del fiscal general.

Llop acusa al PP de perjudicar a la Justicia

Ante esto, Llop ha respondido que es «normal» que el PP pensara que esa enmienda era un favor personal porque ya en 2018 el que era portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, envió un whatsapp diciendo que controlarían el Supremo por la puerta de atrás y vinculando de manera «muy injusta» al actual presidente de la Sala Segunda del alto tribunal.

Y ha incidido en que la enmienda del Grupo Socialista responde a una recomendación del GRECO que insiste en promover la autonomía y evitar las puertas giratorias. Ha explicado que si cuando abandona el cargo el fiscal general obtiene rango de fiscal de Sala «se fomenta que no esté presionado ni cohibido por una posible represalia cuando acabe el mandato«.

«Esto hace que el sector privado sea menos atractivo y que no se actúe para contentar a grupo de poder, que no se tenga la cabeza pensando dónde va uno a recolocarse y pueda tomar decisiones con total libertad«, ha indicado, para luego subrayar que de lo que se trata ahora es de elevar a categoría legal una práctica que se hacía con la anuencia del Consejo Fiscal.

Pone en duda la credibilidad de España

En el marco del Pleno del Congreso, Llop ha respondido también al diputado de Junts Josep Pagès, quien le ha preguntado si considera que los últimos informes y resoluciones de la justicia y de las instituciones europeas afectan la credibilidad de la justicia española.

Pagès ha repasado una batería de datos que ha incluido la decisión de la justicia italiana de no detener al expresident catalán Carles Puigdemont y el comunicado de la Fiscalía Europea en el que se dice que la fiscal general del Estado «desafía la supremacía del Derecho Europeo» al dejar en Anticorrupción la investigación sobre el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Ha añadido, además, el último informe del GRECO y el fallo de la justicia británica que dice que el Rey Juan Carlos I no tiene inmunidad en Londres y que la demanda por acoso de su ex amiga íntima Corinna Larsen puede seguir adelante.

En su primer turno de respuesta, la ministra ha sido breve y ha insistido en que la justicia y las instituciones europeas también son «nuestras instituciones«. Pagès, al repreguntar, ha reprochado a Llop que tras darle «datos» ella no respondiese.

La titular de Justicia ha retomado la palabra para defender que los órganos judiciales de la Unión Europea y del Consejo de Europa «son de nuestro ordenamiento» y «forman parte de nuestro sistema judicial», por lo que «es perfectamente normal que respalden o corrijan conforme a derecho a los tribunales nacionales».

Sobre las recomendaciones del GRECO, Llop ha subrayado que «todos» están «llamados a su cumplimiento, no solo el Ejecutivo». «El Gobierno trabaja por mejorar la calidad democrática, pero es algo a lo que todos estamos llamados», ha insistido. Así, ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios que lleguen a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.