Sánchez quiere convencer a Feijóo para que Bolaños y Gamarra negocien ya el CGPJ

Es la prueba de fuego que Moncloa coloca frente al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para demostrar si es «más de lo mismo» o pretende marcar distancias con Pablo Casado en su bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijará su marco el jueves en la reunión de Moncloa en torno a la disposición de Feijóo de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y pretende lograr al menos que se designen los equipos negociadores de ambas partes. 

Según fuentes gubernamentales, la voluntad del presidente es que el nuevo líder designe al sucesor de Teodoro García Egea para iniciar una negociación inmediata con su ministro de Presidencia, Felix Bolaños. Desde el PP apuntan a que su interlocutora no puede ser otra que la nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en tanto en cuanto ocupa las veces de portavoz parlamentaria y, desde el punto de vista constitucional, es el Parlamento y no el Gobierno quien designa y vota a los vocales del CGPJ. 

«Antes o después tendría que pasar por el Congreso y es ella quien conoce estos temas», explican fuentes populares que descartan otros perfiles como el coordinador general, Elías Bendondo, o el vicesecretario de Política institucional e Internacional, Esteban González Pons.

Desde Moncloa desconocen quien será el perfil negociador pero sí confían en su designación el mismo jueves para que se retome la negociación donde se quedó hace casi un año. Fuentes de Ferraz explican que «está todo el camino hecho» de cuando se frustró el acuerdo «cerrado al 90%» entre Bolaños y García Egea, por la irrupción del entonces jefe de gabinete en la negociación. 

Moncloa: «debería ser fácil»

Fuentes de Moncloa confían que hay «buena disposición por ambas partes», que la música suena bien aunque quede por ver la letra y que «debería ser fácil». Sin embargo, en el PP hay dudas al respecto de una negociación que podría seguir el «modelo lentejas de Pedro Sánchez» que se traduce en un contrato de adhesión sin posibilidades de modificación alguna. De hecho, recuerdan que en la anterior negociación la irrupción de Ivan Redondo en el último momento encalló la luz verde a un pacto por recuperar in extremis los dos nombres que suponían una linea roja para el PP: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. 

El Gobierno descarta ya el primero de los nombres por tratarse de la Delegada del Gobierno contra la violencia de género pero no el segundo. Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE explican que De Prada sería un candidato al CGPJ «perfectamente asumible» pese a que los populares lo rechacen por tratarse del j juez de la Gürtel’. Tampoco aceptarían a priori la segunda línea roja del PP de Casado: la reforma del sistema de elección del CGPJ para que sean los jueces los que se elijan a sí mismos y no a través de un sistema de cuotas parlamentarias. El Gobierno rechaza este exigencia porque «va en contra del mandato constitucional y es plenamente democrático». 

De momento, el PP de Feijóo ha dado muestras públicamente de su voluntad de asumir esa condición sin e qua non de su predecesor. Y tampoco parece tener prisa en una renovación inminente, según sus propias palabras en la entrevista que concedió este martes a Ondacero. «No es prioritario, no es el momento», respondió el todavía presidente gallego en referencia al desbloqueo de los órganos constitucionales que llevan tres años caducados.  

Cabreo del PP con Bolaños

Diversas fuentes populares creen que no sería bueno empezar la andadura de Feijóo aceptando «que sea Sánchez quien nos fije el marco» con la renovación del CGPJ que sólo busca «ponerle deberes al nuevo líder del PP», quien por su parte ofrecerá seis pactos de estado, principalemente en materia económica. Ponen el acento en la falta de voluntad negociadora que se ha plasmado en el decreto de la guerra donde se rechazan las bajadas de impuestos en contra de lo pactado en la Conferencia de Presidentes de la Palma. 

«Después de lo que han hecho con el decreto, con la enmienda de Dolores Delgado, con el Sáhara…. No deberíamos aceptar sus imposiciones», deslizan desde el PP algunas fuentes que advierten de que las formas «chulescas» no sólo afectan al presidente del Gobierno. Recuerdan que fue precisamente el negociador en la materia, el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, quien «nos atizó la semana pasada diciéndonos que habíamos dejado caer a un presidente del PP porque luchó contra la corrupción. Ya está bien».