El dictamen del Poder Judicial sobre la ley 'trans' une a feministas y transexuales: «Es un fraude»

La ley trans ya pone de acuerdo a todos. Las primeras conclusiones del dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no contentan ni a partidarios ni a detractores. El texto, que no es vinculante, considera que la futura norma puede discriminar a «mujeres no transexuales», contradice el derecho de igualdad, tiene «aspectos oscuros» y «ciertas disfunciones». Los colectivos trans consideran que la posición de los jueces se alinea «con los bulos de los antitrans» y no respeta las resoluciones del Tribunal Constitucional. Las feministas clásicas sostienen que el informe «no entra en el fondo de la cuestión» y que es «un fraude, como la propia ley».

El pleno del CGPJ debatirá el dictamen de la ley trans el 20 de abril, con una demora de casi cuatro meses que han criticado todas las partes. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley hace nueve meses, el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI. El Ministerio de Justicia lo recibió en noviembre y lo remitió al gobierno de los jueces a mediados de diciembre por el trámite de urgencia. El órgano incumplió el periodo de 15 días con el que contaba para emitir y votar el informe.

La ley trans «discrimina»

Estaba previsto que llegara al pleno de finales de marzo, pero no estaba listo y el gobierno de los jueces solo se reúne una vez al mes. Los ponentes del informe han sido dos vocales de corte conservador y uno progresista. El extracto conocido este viernes, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, advierte de que la ley trans implica una «discriminación directa» de las «mujeres no transexuales» e incluye preceptos que «contradicen el derecho fundamental de igualdad» al propiciar «el indeseado efecto de generar una discriminación positiva».

«Las mujeres nos hemos convertido en mujeres no transexuales. El disparate es mayúsculo», se queja Juana Gallego, portavoz de Feministas Al Congreso (FAC), un partido que nació en febrero para aglutinar a «aquellas mujeres huérfanas de representación por el desprecio del Gobierno». Sus fundadoras creen que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho una apuesta «muy fuerte» por el colectivo trans y eso compromete su lucha y refuerza los estereotipos tradicionales.

En opinión de Gallego, el dictamen «no entra en el fondo de la cuestión, ni define lo que son personas trans». Esta profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona afirma estar «estupefacta» con las conclusiones de los jueces porque no critican la autodeterminación de género en términos generales y tan solo se fijan en «tres o cuatro cuestiones muy escandalosas» como «la desigualdad en el deporte». 

La propuesta de los ponentes el CGPJ critica las medidas relacionadas con el ejercicio deportivo. Considera «indispensable introducir las cautelas necesarias» para que las competiciones no supongan «la discriminación de mujeres deportistas no transexuales». Lo justifica apuntando a «la diferencia de las condiciones físicas existentes». El texto también recomienda «garantizar que la modificación de la mención registral del sexo no permita eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de violencia de género» para «evitar situaciones fraudulentas».

Controles para menores

«Esta ley va a permitir el fraude porque esta ley es un fraude», afirma Gallego. En su opinión, la nueva norma supone «una inseguridad jurídica total». «Si cambiar de sexo beneficia, ¿quién dice que no se cambiará de sexo por interés? Lo dejan todo a la buena fe. ¿Es que la gente no engaña a Hacienda? ¿No cambia de domicilio para pagar menos impuestos?», insiste la profesora, que critica que el CGJP acepte que «se nace trans, como si fuese algo innato». 

Una de las peticiones del dictamen es, precisamente, dotar a la ley de mayores controles para los menores de 16 años que quieran cambiar de sexo. También solicita modificar el artículo que prevé un plazo de seis meses para la reversión del cambio de sexo y que, en su lugar, se contemple «con carácter absolutamente excepcional». Otra cuestión que ha suscitado polémica es la petición de que no se veten las terapias de conversión si cuentan con el consentimiento de las personas porque supone «una injustificada restricción de su capacidad de obrar».

«La posición del CGPJ, además de ser conservadora, se alinea con los bulos del sector anti derechos trans», lamenta Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. En su opinión, que el gobierno de los jueces haya incumplido los plazos deja claro «el poco respeto que tienen por poner en valor el Estado de derecho y la democracia». Cambrollé sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de demostrar que «sus políticas se dirigen a conseguir avances en derechos civiles y sociales».

La histórica activistas muestra su esperanza porque el dictamen «es preceptivo, pero no vinculante». En relación al consejo que hacen los ponentes del CGPJ de limitar el cambio de sexo en los menores, Cambrollé recuerda que ese precepto no respeta la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que declara que «no pueden dejarles fuera» porque eso sería inconstitucional. Además, invita a no olvidar que las 13 normativas autonómicas necesitan una ley estatal que «supere los techos competenciales y que no los menoscabe».

«Torpedear la ley trans»

En esa misma línea se manifiesta Darko Demimavilla, presidente de No Binaries, que considera que la filtración del dictamen busca «torpedear» la ley trans y poner en tela de juicio la autodeterminación. Afirma que las encuestas demuestran que la mayoría de la sociedad española apoya la nueva normativa y que no permitir que los menores puedan acogerse a ella «va en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional», pero también de la legislación internacional.

«Las personas trans, las personas LGTBI, no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos desde las instituciones. Al contrario, urge que la ley sea una realidad cuanto antes y que sea lo más ambiciosa posible», ha publicado este viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su perfil de Twitter. La directora de su gabinete, Amanda Meyer, ha criticado en la red social del pajarito que su departamento no haya recibido el informe del CGPJ y que se haya difundido en los medios.

La futura ley incluye la libre determinación de género, lo que permite cambiar de nombre y de sexo con la voluntad como único requisito. Si se aprueba, no serían necesarios informes médicos ni años de hormonación, algo que ya sucede en 16 países. Esta cuestión ha soliviantado a buena parte del movimiento feminista, que siempre ha confiado en que el CGPJ enmendara la norma, aunque su dictamen no es vinculante. 

La división llegó hasta el Gobierno y motivó la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo en julio tras unas declaraciones que la comunidad trans tachó de estigmatizantes. Calvo preside desde septiembre la comisión de Igualdad del Congreso. Más de un centenar de asociaciones trans han pedido al PSOE que la destituya porque sus palabras públicas «siguen en la línea continuista de oposición de los derechos de las personas trans».