El Gobierno de Sánchez, investigado por 56 contratos covid sospechosos

La Justicia ya tiene su mira puesta en las posibles irregularidades cometidas por el Gobierno a la hora de hacer adjudicaciones sanitarias durante la pandemia. Aunque estos días el foco esté en las presuntas comisiones de varios contratos sanitarios que firmó el Ayuntamiento de Madrid, la titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, está investigando un total de 56 contratos covid del Ejecutivo de Pedro Sánchez realizados durante los primeros meses de confinamiento, que abarcan un extenso catálogo de actuaciones bajo sospecha de tres organismos dependientes de los ministerios de Sanidad y Hacienda.

Las pesquisas de esta investigación, desveladas por El Confidencial, se iniciaron hace un año, aunque no ha sido hasta ahora cuando han trascendido. El origen se encuentra en una querella presentada por Vox en mayo de 2020, en la que denuncian la licitación de medio centenar de concesiones en el mes de marzo por valor de 310 millones de euros y que, según los denunciantes, se ampararon en el estado de alarma para poder incurrir en estos actos de dudosa legalidad.

Vuelos millonarios adjudicados ‘a posteriori’, empresas fantasma sin identificación, domicilio u objeto social, sobrecostes y sociedades dedicadas al yeso o la alimentación vendiendo material sanitario… La investigación pone el foco en numerosas mercantiles, la mayoría procedentes de China, que vendieron todo tipo de material en los meses más complicados de la pandemia de forma presuntamente irregular.

Como consecuencia de la investigación, ya han declarado como imputados varios altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda, entonces dirigidos por Salvador Illa y por María Jesús Montero. Se trata de el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. Todos ellos están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

En su comparecencia, los acusados defendieron la legalidad de los procesos seguidos a pesar de las acusaciones de haber concedido los contratos a empresas sin experiencia en el sector o a otras que posteriormente entregaron materiales defectuosos o de mala calidad.

Los denunciantes han señalado que en las concesiones se concedieron compañías de «dudosa existencia», en las que «no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico alguno, en España o fuera». Vox señala que en a pesar de la situación crítica en la que se encontraba la sociedad española, no se tomaron las medidas de prevención mínimas para asegurar el correcto desembolso.

Cerca de 1.000 millones de euros bajo sospecha

El medio centenar de contratos objeto de investigación se disparan a cerca de mil millones de euros, sumando los tres organismos, según detalla El Confidencial. En la Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia destaca un expediente, el principal de todos los que tiene en su poder el Jugado 26 de Madrid, de 564 millones de euros. El beneficiario, el fabricante Shenzen Bioeasy Biotechnology, «no figura en la lista de proveedores del Ministerio de Comercio chino ni tiene homologado el producto en el país asiático», añade Vox en su querella.

La juez también rastrea las adjudicaciones a dos empresas cuya actividad no tiene nada que ver con la venta de material sanitario. FCS Select Products, que recibió un encargo de 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, diez millones de partes de guantes de nitrilo y 150.000 gafas, indicó que su actividad era la «importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación» y fue contratada por 263 millones de euros. Por su parte, Hyperin Grupo Empresarial S.L. fue contratada por 2,7 millones de euros para la compra de 144 respiradores, aunque su objeto social era «la fabricación de elementos de yeso para la construcción», según la denuncia.

Las pesquisas del Juzgado también se centran en notables sobrecostes. Con una media de incremento del 300% en el precio, el expediente que muestra un desfase mayor y espectacular es el tramitado para la adquisición de batas desechables. Según la información con la que cuenta la magistrada, se compraron lotes con un precio por unidad de 0,27 céntimos; mientras que otros se firmaron por 22.070 euros. Más del 8.000%.