España gasta en cada preso 2.000 euros al mes, un 45% más que el resto de la UE

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gasta al día unos 71 euros en cada uno de los presos que cumple condena en algunas de las cárceles dependientes de la administración del Estado, según datos del departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. Esto convierte al sistema penitenciario español en uno de los más caros de la Unión Europea, cuyo coste medio diario por interno está en 49 euros. En otras palabras, España paga por cada recluso un 45% más que el resto de la UE, en concreto unos 2.000 euros al mes.

Esta diferencia porcentual, no obstante, se incrementa drásticamente si se incluyen las prisiones catalanas, cuya competencia tiene transferida esta comunidad autónoma y que, por tanto, no dependen del Ministerio del Interior. En base al último informe SPACE del Consejo de Europa, que hace una radiografía de las cárceles del viejo continente en 2020, España destinó una media de 84 euros al día en cada recluso, según los cálculos realizados por este diario. De este modo, teniendo en cuenta esta estadística, nuestro país pagaría de media un 70% más respecto a los países de la UE.

Este dato se obtiene del presupuesto destinado a los sistemas penitenciarios en 2020, 1.107 millones de euros, dividido entre los más de 55.000 reclusos que había en el mencionado periodo en las prisiones españolas. De este total, la mayor parte se destina a cubrir los gastos de personal: los sueldos de los 23.000 funcionarios de prisiones. También a la alimentación de los presos; los gastos en agua, electricidad, gas, y a la atención sanitaria de los internos, que suele costar unos 56 millones de euros al año.

Menos presos

Además de estas cifras, el documento del Consejo de Europa también pone de manifiesto que la ocupación de las cárceles españolas está entre las mas bajas del continente. Hace unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alabó este escenario y tildó el sistema penitenciario de «referencia internacional». Sobre esta estadística, aseguró que España estaba nueve puntos por debajo de la media europea, con 73,4 internos por cada 100 plazas en los centros de la Administración General del Estado.

Grande-Marlaska subrayó que el descenso de la población «era tendencia» habida cuenta de que «desde 2011 se ha reducido en más de un 21% hasta alcanzar los 46.300 en abril». Prueba de ello es que la ocupación en las cárceles descendió a mínimos históricos en 2021. La cifra que desgranó el ministro se trata de la más baja registrada en los últimos 20 años. Para encontrar un ejercicio con menos presos habría que remontarse a 2002, cuando se contabilizaron 44.924.

El volumen de internos se ha reducido progresivamente desde 2010, un año después de que se llegase al pico con 73.832 reos. Una tendencia que ha hecho que las prisiones españolas, exceptuando las de Cataluña —esta comunidad tiene la competencia penitenciaria transferida desde 1984— tengan hoy casi 27.000 presos menos que hace doce años. En este tiempo, el número de reos ha descendido en casi un 38%. 

Pandemia

No obstante, el aumento sostenido de internos durante la primera década del siglo así como el drástico descenso en los diez años siguientes no son mera coincidencia. Según los expertos consultados, las razones son varias. En primer lugar, sostienen, esta variabilidad en las estadística no obedece simplemente a un aumento o descenso de la criminalidad en España, sino también a políticas penitenciarias, reformas legales, o incluso variables temporales, como ha ocurrido en 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus.

A lo largo de 2009, las prisiones del Estado llegaron a contar con 73.832 internos, registrando los índices de ocupación más altos. En este caso, todo se debía al endurecimiento del Código Penal que se había llevado a cabo 14 años antes, en 1995. Una reforma que hizo que de los 48.645 internos que había en 2003, la cifra de reos se incrementarse en más de un 30% seis años después. En 2010, sin embargo, el cambio del Código Penal tuvo el efecto contrario. La renovación legislativa rebajó las penas de delitos como el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que provocó el descenso de presos en las prisiones en adelante.

Por otro lado, en 2016 también influyó la incorporación de la permuta de las condenas de prisión por los trabajos en favor de la comunidad, en faltas contra la seguridad vial y de violencia de género. Lo que en la práctica ha evitado pisar la cárcel a decenas de miles de personas. Desde ese año hasta comienzos de 2020, la cifra de población reclusa se mantuvo entre los 50.000 y los 51.000. No obstante, lo que aceleró todavía más el descenso de los presos fue el confinamiento. La declaración de dos estados de alarma, en menos de siete meses, trajo consigo la caída de la criminalidad. 

Las infracciones durante los primeros nueve meses de 2020 cayeron hasta 131.481, en torno a 300.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que se ha mantenido en la pandemia. De hecho, el Ministerio del Interior sostiene que los índices de criminalidad se sitúan en la cifra más baja de la serie histórica.