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Las cárceles españolas comienzan el año con la cifra más baja de presos en dos décadas

Los centros penitenciarios gestionados por Interior albergan hoy a 46.053 presos, un 38% menos que hace 12 años

Las cárceles españolas comienzan el año con la cifra más baja de presos en dos décadas

El interior de una prisión.

La población reclusa descendió a mínimos históricos en 2021. Las cárceles dependientes del Ministerio del Interior acogían en la última semana del pasado año a 46.053 presos [42.741 hombres y 3.312 mujeres], según adelantan fuentes de Instituciones Penitenciarias a THE OBJECTIVE. La cifra más baja de reclusos que se ha registrado en los últimos 20 años. Para encontrar un ejercicio con menos presos habría que remontarse a 2002, cuando se contabilizaron 44.924.

El volumen de internos se ha reducido progresivamente desde 2010, un año después de que se llegase al pico con 73.832 reos. Una tendencia que ha hecho que las prisiones españolas, exceptuando las de Cataluña —esta comunidad tiene la competencia penitenciaria transferida desde 1984— tengan hoy casi 27.000 presos menos que hace doce años. En este tiempo, el número de reos ha descendido en casi un 38%.

No obstante, el aumento sostenido de internos durante la primera década del siglo así como el drástico descenso en los diez años siguientes no son mera coincidencia. Según los expertos consultados, las razones son varias. En primer lugar, sostienen, esta variabilidad en las estadística no obedece simplemente a un aumento o descenso de la criminalidad en España, sino también a políticas penitenciarias, reformas legales, o incluso variables temporales, como ha ocurrido en 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus.

A lo largo de 2009, las prisiones del Estado llegaron a contar con 73.832 internos, registrando los índices de ocupación más altos. En este caso, todo se debía al endurecimiento del Código Penal que se había llevado a cabo 14 años antes, en 1995. Una reforma que hizo que de los 48.645 internos que había en 2003, la cifra de reos se incrementarse en más de un 30% seis años después. En 2010, sin embargo, el cambio del Código Penal tuvo el efecto contrario. La renovación legislativa rebajó las penas de delitos como el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que provocó el descenso de presos en las prisiones en adelante.

Pandemia

Por otro lado, en 2016 también influyó la incorporación de la permuta de las condenas de prisión por los trabajos en favor de la comunidad, en faltas contra la seguridad vial y de violencia de género. Lo que en la práctica ha evitado pisar la cárcel a decenas de miles de personas. Desde ese año hasta comienzos de 2020, la cifra de población reclusa se mantuvo entre los 50.000 y los 51.000. No obstante, lo que aceleró todavía más el descenso de los presos fue el confinamiento. La declaración de dos estados de alarma, en menos de siete meses, trajo consigo la caída de la criminalidad.

Las infracciones durante los primeros nueve meses de 2020 cayeron hasta 1.31.481, en torno a 300.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que se ha mantenido en la pandemia. De hecho, el Ministerio del Interior sostiene que los índices de criminalidad se sitúan en la cifra más baja de la serie histórica. Datos que, sin embargo, contrastan con lo que realmente ocurre entre los muros de las cárceles españolas.

Cada 36 horas se produce al menos una agresión contra un funcionario de una de las 65 cárceles gestionadas por el Gobierno central. Según se desgrana de las estadísticas anuales que recaba la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la última década [2011-2021] estos trabajadores han sufrido un total de 2.913 agresiones, lo que les convierte en el colectivo profesional de la Administración Pública que más ataques soporta al año.

Terceros grados

En paralelo, tampoco ha de olvidarse la política penitenciaria que mantiene el Ministerio del Interior, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Desde 2018 II.PP ha concedido 20.000 terceros grados, 1.273 terceros de ellos en contra del criterio de los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles, un órgano colegiado a quien le corresponde clasificar a los internos en los distintos grados e informar sobre progresiones o regresiones de grado según su evolución en prisión.

Todo se debe a la «estrategia» que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando a lo largo de su mandato. Lo aseguró él mismo, hace poco más de un año, en una comparencia en el Congreso de los Diputados en la que explicó las grandes líneas de su proyecto: «Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad».

En ese encuentro, además, Angel Luis Ortiz aportó datos, explicó cómo la población reclusa «en medio abierto» había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde que él estaba al frente de Prisiones. Se refería a aquellos internos que se encontraban en régimen de segundo o tercer grado. Algo de lo que mostró orgullo, al igual que ha hecho el ministro del Interior en otras ocasiones, afirmando que el sistema penitenciario español es un «referente a nivel internacional».

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