El supervisor de contratos alerta de riesgos en los modificados tras 32.700 obras adjudicadas
La Oirescon reclama una IA antifraude mientras 35 personas operan para supervisar un récord de licitaciones
La Oirescon ha puesto el foco sobre los modificados contractuales, la subcontratación y las alteraciones económicas posteriores a la adjudicación. | ADIF
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) ha puesto el foco sobre los modificados contractuales, la subcontratación y las alteraciones económicas posteriores a la adjudicación en los contratos públicos de obra, que movieron más de 21.217 millones de euros y 32.737 adjudicaciones en 2025. Los últimos informes del organismo, analizados por THE OBJECTIVE, alertan además de que la fase de ejecución continúa siendo una de las áreas con menor transparencia y control dentro del sistema público de contratación.
La presidenta del organismo, María José Araujo, durante su reciente comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, incidió en dos grandes focos de vulnerabilidad dentro del sistema público de contratación. Por un lado, la falta de concurrencia en la fase inicial de adjudicación, un problema sobre el que la Oirescon viene alertando desde hace años ante el elevado peso de contratos con un único licitador y la baja media de ofertas por expediente. Por otro, los riesgos asociados a la fase de ejecución contractual, especialmente en ámbitos como modificados, ampliaciones de plazo, subcontratación y alteraciones económicas posteriores a la adjudicación.
La advertencia llega en un contexto de fuerte crecimiento de la contratación pública. Los datos que maneja la Oficina reflejan que el conjunto del sector público cerró 2025 con 250.000 adjudicaciones y alrededor de 112.000 millones de euros adjudicados entre administraciones estatales, autonómicas y locales. Solo los contratos de obra pública superaron los 21.200 millones de euros adjudicados, con especial peso de grandes proyectos de infraestructuras, transporte, energía y actuaciones vinculadas a fondos europeos.
Modificados en contratos públicos
La propia oficina ya había advertido de estos riesgos en su último Informe Anual de Supervisión dedicado a la fase de ejecución contractual. El documento reconoce expresamente que «la fase de ejecución de los contratos es la que tiene menos obligaciones de publicidad y sobre la que menos información se publica». Para la Oirescon, se trata además de una etapa crítica porque es en ese momento cuando la Administración debe desarrollar una «vigilancia activa» para «corregir desvíos, exigir responsabilidades y proteger el equilibrio del contrato».
El informe dedica una parte relevante a las modificaciones contractuales en contratos de obra sujetos a regulación armonizada (SARA). La Oficina supervisó 130 modificaciones contractuales y concluyó que el 93,08% no estaban previstas inicialmente en los pliegos de licitación. El organismo considera que ese volumen de cambios posteriores refleja problemas de planificación y riesgos asociados a la ejecución de contratos complejos.
La Oficina advierte además de que las modificaciones contractuales presentan una «innegable relevancia» y riesgos asociados a su «inadecuada aplicación». El informe añade incluso que esta figura «se ha utilizado de forma errónea como una vía para ampliar contra legem el presupuesto base de licitación y/o precio de adjudicación original o para evitar una nueva contratación».
Los datos de la Oirescon
Los datos analizados muestran que cinco de cada diez modificaciones no previstas fueron justificadas por «circunstancias imprevisibles» y que casi el 28% correspondieron a modificaciones calificadas como «no sustanciales», mientras que otra parte relevante se vinculó a prestaciones adicionales incorporadas durante la ejecución de las obras.
La supervisión también detectó conexiones relevantes entre contratos modificados y ofertas inicialmente consideradas anormales o desproporcionadas. Según el informe, en seis de cada diez contratos de obras modificados en 2024 se había tramitado previamente el procedimiento previsto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público para justificar ofertas con valores inicialmente anormales. Muchos de la veintena de contratos de ADIF investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presuntos amaños estuvieron modificados.
Otro de los aspectos que Araujo destacó durante su comparecencia fue la subcontratación. El organismo considera que las cadenas de subcontratas dificultan el seguimiento efectivo de quién ejecuta realmente determinadas prestaciones, reduciendo con ello la trazabilidad económica de los contratos públicos. El propio informe reconoce además carencias de información y problemas de calidad de datos sobre subcontratación publicados en las plataformas públicas de contratación.
Falta de competencia
La comparecencia coincide además con el debate creciente sobre la falta de competencia en contratación pública. Los últimos informes de la Oirescon y de la CNMC vienen reflejando niveles elevados de contratos con un único licitador y una media reducida de ofertas por expediente. La Oficina considera que la baja concurrencia reduce la presión competitiva y limita la capacidad de las administraciones para obtener mejores precios y condiciones económicas.
El supervisor insiste además en que el volumen alcanzado por la contratación pública española obliga a evolucionar hacia sistemas automatizados de vigilancia y explotación masiva de datos. Durante la comparecencia, Araujo defendió reforzar las herramientas de inteligencia artificial (IA) y análisis predictivo para detectar patrones de riesgo y posibles anomalías durante la ejecución contractual. La situación contrasta, sin embargo, con las limitaciones internas del propio organismo. La Oficina mantiene actualmente cubiertos 35 puestos de los 47 previstos en su estructura y un presupuesto de 300.000 euros, pese a supervisar un mercado público de más de 112.000 millones de euros anuales.