La Audiencia Nacional investiga a ocho exjefes de ETA por el asesinato de dos policías en 2003

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal investiga a ocho exjefes de ETA por, supuestamente, haber ordenado el atentado en el que fueron asesinados dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra) el 30 de mayo de 2003, así como a los dos presuntos autores materiales de la colocación del artefacto explosivo que acabó con sus vidas. Entre los querellados se encuentran históricos dirigentes de la banda terrorista como Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto.

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha decidido iniciar estas pesquisas al admitir a trámite la querella contra estos diez etarras que interpuso la asociación Dignidad y Justicia (DYJ) con la tesis de que el de Sangüesa fue el primero de una campaña de 18 atentados «indiscriminados» mediante el uso de explosivo Titadine. La asociación pide que se les impute por autoría mediata.

Una cadena de atentados que, según la querella, se consiguió cortar con la detención el 26 de diciembre de 2003, en relación a un intento de atentado con explosivos en la estación de Chamartín (Madrid) el día de Nochebuena, de los dos presuntos autores materiales del de Sangüesa: Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade. La querella se dirige por tanto contra ellos dos, y también contra los entonces integrantes del comité de dirección de ETA o ZUBA: Juan Fernández Iradi, alias Susper; Gorka Palacios Alday, Andoni y Jesús; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz y Barbas; Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro y Gaba; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Ramontxo; y Soledad Iparraguirre, Anboto.

El «crimen monstruoso» que ETA quería replicar en toda España

«Lo perpetrado en Sangüesa fue un crimen monstruoso y su resultado fue el más trágico posible, pero la verdad es que ETA intentó ir mucho más allá, intentó ‘plagar de Sangüesas’ España entera y por muy distintos flancos de ataque», indica la querella de 136 páginas interpuesta por DyJ, a la que ha tenido acceso este diario. La asociación dirigida por Daniel Portero, hijo del exfiscal jefe del TSJ de Andalucía Luis Portero -asesinado por ETA en octubre del 2000-, asegura que si la banda terrorista no consiguió ese objetivo fue por la «sobresaliente y encomiable actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», así como por errores propios de distinto tipo de los propios terroristas» y «hasta por la propia fortuna que en otro atentados sí que vino a resultarle esquiva a eta».

En Sangüesa fallecieron los policías Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández, un tercer agente resultó herido y también un trabajador de Telefónica. El juez Abascal sigue así la estela de otros casos de ETA que se han reabierto recientemente, también a instancias de Dignidad y Justicia, con la imputación de los dirigentes etarras que integraban el ZUBA por ordenar la comisión de ciertas acciones terroristas, como los asesinatos de los concejales del PP en el País Vasco Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

Como en los anteriores casos mencionados, el autor de la querella por la que se ha reabierto el atentado de Sangüesa es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ y responsable de los escritos que han permitido volver a abrir varias investigaciones en la Audiencia Nacional contra los exjefes de ETA por delitos de «autoría mediata por dominio de la organización» y de «comisión por omisión». Entre otros, el atentado que acabó con la vida del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.

La época del Titadine

En el caso de Sangüesa, la querella argumenta que entre 2003 y 2004, ETA se encontraba «acorralada y debilitada» por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que intentó atentar «de manera idónea una y otra vez distribuyendo una gran cantidad de explosivo Titadine entre sus distintos comandos, como el empleado en el atentado Sangüesa».

«La ZUBA, es decir los ocho primeros aquí querellados que detentaron su mando durante todo ese periodo, buscaba crear un estado de terror total, de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque. Y era algo totalmente premeditado, totalmente querido y calculado dentro de las posibilidades operativas que aún les quedaban en las manos, y ese es el contexto en el que se produce el atentado de Sangüesa», expone la querella que el juez reproduce en su auto.

Ofensiva terrorista: un atentados cada 10 días

La secuencia de atentados que comenzó con el de Sangüesa, «no fue sino el inicio de una ‘ofensiva’ terrorista, de un giro estratégico, netamente diferenciado de los meses o el año precedente y que plagó la geografía española de artefactos repletos de tal explosivo, con un total de 18 atentados bomba» hasta diciembre de 2003, añade el juez.

Esa secuencia de al menos 18 atentados con Titadine en seis meses. «Un atentado con Titadine cada 10 días en algún lugar de España (tres al mes de media)» entre el 30 de mayo y el 26 de diciembre de 2003. La querella indica que la ZUBA apostó todo a una «una interminable secuencia de atentados bomba». «El propio medio comisivo, el explosivo, no eran balas, eran valiosos y limitados medios explosivos que solo podían ser conseguidos y distribuidos por esta (…) hoy a un comando en una determinada cantidad, mañana a otro en otro lugar y en otra cantidad».

Autores materiales

En cuanto a los dos presuntos autores materiales del atentado, el juez indica que la querella señala «una serie de indicios que permiten inferir la posible participación de los mismos en los hechos». Fundamentalmente, que desde el atentado en Sangüesa «se produjeron una serie de atentados con explosivos durante toda la segunda mitad de 2003 (18 atentados bomba/6 meses) y hasta llegar a la tentativa de gran masacre por tren-bomba del día de Nochebuena de 2003 en la estación de Chamartín (Madrid)», que es donde fueron detenidos.

Todo ello se vería «repentinamente cortado durante casi dos meses y medio» tras la detención de ambos etarras, y no es hasta la madrugada del 29 de febrero cuando se produce el siguiente intento y que acaba con la intercepción en Cuenca de un furgón con 536 kilos de Titadine.

La querella plantea que es posible y evidente por sí mismo que dicha cadena de atentados hubiese podido continuar sin más de no haberse producido la detención de esos dos etarras, lo que apunta indiciariamente a la implicación de los mismos en el atentado de Sangüesa ya que utilizaron «idéntico medio comisivo», una fiambrera-bomba compuesta por dos kilos de Titadine, en el atentado que ambos sí que reconocieron en la vía férrea de Samper de Calanda (Teruel).