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Primer paso de Feijóo en los tribunales: el PP se persona en el nuevo caso Miguel Ángel Blanco

Un juez de la Audiencia Nacional investiga la responsabilidad intelectual de nueve exjefes de la banda terrorista en el secuestro y asesinato del concejal en 1997

Primer paso de Feijóo en los tribunales: el PP se persona en el nuevo caso Miguel Ángel Blanco

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP|Europa Press

El Partido Popular (PP) retoma la lucha contra ETA en los tribunales de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Y el primer paso en la Audiencia Nacional tras la elección de su nuevo líder ha sido personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga la presunta responsabilidad intelectual de la cúpula de la banda terrorista en el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Guipúzcoa). Un caso reabierto recientemente por el juez Manuel García Castellón a raíz de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que solicita imputar por autoría mediata a los nueve exjefes de ETA que dirigían la organización terrorista en el momento en que se produjeron los hechos.

Tan solo cuatro días después de la proclamación de Feijóo como su nuevo líder en el Congreso de Sevilla -y un día antes de su primera reunión con Pedro Sánchez en Moncloa-, el PP presentó un escrito ante la Audiencia Nacional para solicitar que se le tenga por personado en el procedimiento. Una petición de la que el juez García Castellón ya ha dado traslado a la Fiscalía, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En su escrito, fechado el 6 de abril, el PP solicita que se le dé traslado de lo todo actuado hasta el momento en la causa para poder ejercer como acusación particular y señala que los hechos investigados «resultan plenamente subsumibles en los tipos penales de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía». Asimismo, los populares señalan que «todavía han de depurarse responsabilidades penales respecto de aquellos que asumían el liderazgo de la organización terrorista ETA» cuando se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Exjefes de ETA imputados

En línea con la querella presentada por DyJ, el PP apunta contra los integrantes del llamado Comité Ejecutivo de la banda terrorista, cuya presunta responsabilidad intelectual investiga García Castellón. El juez quiere saber no solo qué dirigentes etarras participaron en la decisión de perpetrar aquel atentado, sino también quiénes pudieron impedirlo y no lo hicieron. Es la figura de la «comisión por omisión», recogida en el artículo 11 del Código Penal. Blanco estuvo durante 48 horas secuestrado antes de ser asesinado.

«Resulta evidente que todos los miembros del referido Comité tuvieron un papel determinante en la decisión de atentar contra el señor Blanco siendo plenamente responsables de que el joven concejal del Partido Popular, quien apenas contaba con 29 años, perdiese brutalmente la vida aquel fatídico día 13 de julio de 1997», añade la formación liderada por Núñez Feijóo en el escrito remitido al juez.

Tras admitir a trámite la querella de DyJ, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 encargó varios informes periciales a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre los querellados. Entre los presuntos responsables intelectuales señalados por la querella se encuentran históricos dirigentes de ETA como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren, alias Kantauri; María Soledad Iparaguirre, alias Anboto; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; y Asier Oyarzabal, alias Baltza.

Todos ellos presuntamente componían el máximo órgano de dirección de ETA (la ZUBA) en el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco. DyJ dirige contra ellos su acusación al considerarlos «penal y civilmente responsables» de la muerte del concejal del PP. Como paso previo a su posible citación a declarar, tal y como adelantó este diario, la Comisaría General de Información  de la Policía Nacional ya ha remitido en un oficio a la Audiencia Nacional las direcciones de los domicilios de los nueve jefes de ETA que investiga por su presunta implicación intelectual en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Delitos de lesa humanidad

Además, en el escrito remitido al juez, el PP pide tener en cuenta las recientes recomendaciones efectuadas por el Parlamento Europeo a España tras la visita de una misión de eurodiputados a nuestro país en relación a los 379 asesinatos de ETA aún no resueltos. Entre ellas, recuerda el PP, se incluye la sugerencia a las instituciones competentes de que agoten las posibilidades interpretativas del código penal, «incluyendo el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes de humanidad, incluso anteriores a 2004, y que por tanto se consideren imprescriptibles o no amnistiables».

«Y es que, como se señala en las recomendaciones de la mentada institución europea, en nuestro Estado ‘el proceso penal debe dar cabida a la acción de la verdad, el recuerdo y la paz’ y ello únicamente puede conseguirse con la incoación y/o reapertura de los procedimientos penales iniciados al objeto de, por un lado, averiguar la verdad sobre los crímenes perpetrados por la referida organización criminal y, por otro lado, reprender penalmente las conductas de todas aquellas personas que estén detrás de la comisión de los salvajes y abominables delitos perpetrados por la banda terrorista ETA», destaca el PP.

Dignidad y Justicia lleva diez años trabajando para que se abra esta vía tanto en los tribunales españoles como en el Parlamento Europeo, donde se ha denunciado que España no investigaba por autoría mediata a pesar de los informes policiales que habían identificado a los jefes y señalado indicios sobre su presunta implicación intelectual en varios de los crímenes perpetrados por la banda terrorista.

El autor de la querella por la que se ha reabierto el asesinato de Miguel Ángel Blanco es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ y responsable de los escritos que han permitido volver a abrir varias investigaciones en la Audiencia Nacional contra los exjefes de ETA por delitos de «autoría mediata por dominio de la organización» y de «comisión por omisión». Entre otros, el atentado que acabó con la vida del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.

La Audiencia Nacional ya condenó en su día a tres etarras por ser los autores materiales del asesinato de Blanco. Se trata de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, por ser quien apretó el gatillo; Irantzu Gallagesti, Amaia, por participar también en la ejecución del exconcejal del PP; e Ibón Muñoa, exconcejal de Herri Batasuna en Eibar que facilitó a los otros dos condenados la información necesaria para atentar contra Blanco.

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