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Tribunales

Anticorrupción pide como testigos en el 'caso Leire' a dos generales que desvelaron presiones

También solicita la testifical del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil

Anticorrupción pide como testigos en el ‘caso Leire’ a dos generales que desvelaron presiones

Entrada a la Audiencia Nacional. | Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame como testigo en la investigación del caso Leire Díez a dos generales que lideraron la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, y que desvelaron ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones para «ponerse de perfil» en investigaciones que afectan al Gobierno.

Así consta en un escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que las fiscales también piden que testifiquen, entre otros, Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, y el jefe del Estado Mayor de la Benemérita, estos dos últimos por ser instructores de informaciones reservadas por posibles filtraciones.

Según el sumario del caso Leire Díez, los generales revelaron presiones del que fuera director general de la Benemérita Leonardo Marcos y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, en una reunión celebrada en julio de 2024, para «ponerse de perfil» en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa».

Yuste, que ahora está al frente de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil, relató el pasado 27 de mayo a agentes de la UCO que Marcos –antecesor de la actual directora, Mercedes González– afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la unidad investigadora en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era «materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial».

En dicha reunión también participaron el jefe de Policía Judicial, López Malo, y el director adjunto operativo (DAO), un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio se está celebrando desde hace dos semanas.

«Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que nos pusiéramos de perfil, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa», indica.

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