Portazo en el 'caso PDVSA' a la ONG que busca unirse a la acusación junto a Baltasar Garzón
La presidenta de la asociación que quiere personarse en la causa ha colaborado con la fundación del exjuez, cuyo bufete representa a PDVSA en este caso
Baltasar Garzón | Europa Press
La juez que investiga el presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, María Tardón, ha propinado un nuevo revés a la misteriosa ONG que quiere personarse como acusación popular en el caso. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso presentado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional contra la decisión de la magistrada de solicitar 50.000 euros de fianza para personarse en el procedimiento a esa asociación, presidida desde Estados Unidos por la abogada Almudena Bernabéu. Se trata de una experta en Derecho Penal Internacional que ha colaborado desde hace años en distintas iniciativas y conferencias organizadas por la fundación del exjuez Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados representa precisamente a PDVSA como acusación en la investigación que instruye la juez Tardón.
En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la magistrada reprocha con contundencia a esa asociación civil que trate de incorporarse como acusación popular «casi cinco años después de que se iniciara la instrucción del procedimiento» y cree que su presencia podría «afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del resto de las partes, especialmente de los investigados». «Del propio escrito de personación y el de interposición del recurso se desprende que nos encontramos ante una asociación que se ha constituido en septiembre de 2020, que cuenta con tres únicos socios, una de las cuales, su presidenta, ni siquiera reside en España sino en Estados Unidos», señala la magistrada en su auto, fechado el 30 de marzo.
La ONG, como adelantó este diario, había esgrimido su interés en personarse en el caso PDVSA como parte de su estrategia de «lucha contra la corrupción desde una óptica de los derechos humanos» dentro de una línea específica que ha conformado recientemente sobre Venezuela. Para ello, había solicitado a la juez que le permitiese personarse sin imponer una fianza como condición, o que al menos la redujese a una cantidad de 1.000 euros.
Sin embargo la juez Tardón mantiene la fianza en los 50.000 euros y tira por el suelo el argumento de los Derechos Humanos. «En el procedimiento que aquí se sigue no se investiga en ningún caso ninguna de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción que los aquí investigados hubieran podido cometer en Venezuela, su país de origen (…) sino el posible delito de blanqueo», recuerda la magistrada.
Vínculo entre la ONG y el despacho de Garzón
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también defiende que la personación de esta ONG «difícilmente puede redundar en un mayor beneficio al interés público en el esclarecimiento de los hechos de la causa, siendo contraria, sin embargo, al interés de simplificar y agilizar la tramitación y conclusión del procedimiento». Y recuerda que el sumario de esta compleja investigación recuerda la juez, consta de 38 tomos, más de 15.500 folios y 2.500 acontecimientos. En un informe previo al auto de la juez, la Fiscalía también se había posicionado a favor de mantener la cuantía de 50.000 euros en concepto de fianza a la ONG presidida por Almudena Bernabéu si quiere formar parte del procedimiento. «Se considera proporcionada en atención a las circunstancias del caso, a las personas y a los hechos investigados».
El Centro Guernica para la Justicia Internacional es una asociación civil sin ánimo de lucro cuya filial en España se creó hace menos de un año y que ha recibido ya una subvención del Ministerio de Exteriores. Su presidenta es la abogada Almudena Bernabéu, una experta en Derecho Penal Internacional, que dirige en Estados Unidos el Guernica Centre for International Justice, una asociación tiene su sede central en Estados Unidos y cuenta actualmente con oficinas en California, Londres, La Haya y Madrid.
En su página web, la matriz estadounidense de esta ONG explica que fue fundada en California en 1998 y que desde entonces ha participado en varios procesos de jurisdicción internacional ante los tribunales de Estados Unidos y España, entre ellos la masacre de Jesuitas en El Salvador en 1989. Durante los últimos años, Bernabéu ha participado en diversas actividades y conferencias organizadas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR). Precisamente el despacho de abogados del exjuez de la Audiencia Nacional, ILOCAD, representa a PDVSA en la investigación que instruye la juez Tardón.
Carga contra la juez e insiste en reducir la fianza
A pesar del contundente auto de la juez Tardón contra el recurso presentado en febrero por el Centro Guernica para la Justicia Internacional y pese a la negativa de la magistrada a reducir la fianza máxima de 50.000 euros para poder ejercer la acción popular en el proceso, la ONG presentó el pasado 7 de abril un nuevo escrito de alegaciones en el que vuelve a solicitar que se le rebaje la cantidad exigida para poder personarse en el procedimiento. En ese escrito, al que ha tenido acceso este diario, alega «que la instructora no se ha atenido a los cánones jurisprudenciales a la hora de cuantificar la fianza ni al criterio establecido por la Audiencia Nacional en anteriores ocasiones de cuantificarla alrededor de 3.000 euros».
«Solo quedan concluir que la fianza es efectivamente arbitraria, manifiestamente irrazonable y lesiva para del derecho a la tutela judicial efectiva de mi representada», añade la asociación en su escrito. Como ya contó este diario, en su primer recurso, el Centro Guernica para la Justicia Internacional decía contar «con una capacidad económica muy limitada». Como prueba, la organización adjuntaba un comprobante bancario para demostrar que dispone exclusivamente de 4.000 euros de saldo en su cuenta. Una cantidad que «corresponde a una subvención de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales», dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, para desarrollar un proyecto para promover la Justicia y los Derechos Humanos en Nicaragua.
La juez del caso PDVSA investiga el presunto y millonario saqueo de la petrolera estatal venezolana por parte de varios exjerarcas chavistas residentes en España, imputados por crear una presunta trama de corrupción, blanqueo de capitales y compraventa de activos inmobiliarios a través de empresas pantalla y testaferros, así como mediante el pago de sobornos y haciendo uso de tráfico de influencias.
El procedimiento se inició como consecuencia de la querella formulada en 2017 por la propia PDVSA como parte perjudicada, y se instruye desde junio de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Su titular, la magistrada María Tardón, decidió el pasado mes de noviembre dividir la causa en tres piezas separadas para agilizar las pesquisas y debido a la «complejidad» de las mismas. Aunque la instrucción del caso se inició hace cinco años, no fue hasta el 25 de enero de 2022 cuando el Centro Guernica para la Justicia Internacional solicitó personarse como acusación popular.
