Interior busca empresas para destruir marihuana: los agentes no dan abasto
Interior ha abierto un concurso público para contratar a empresas que destruyan la marihuana incautada que los agentes no pueden eliminar por falta de medios
El cannabis se ha convertido en un verdadero problema para las autoridades españolas. A las cifras récord de incautación de marihuana en los últimos años, se suma la imposibilidad de su destrucción, en el caso de grandes plantaciones, habida cuenta de la falta de preparación y falta de medios por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un escenario que ha llevado al Ministerio del Interior a abrir un concurso público para contratar servicios de empresas privadas que eliminen in situ el cannabis.
Con esta licitación, presupuestada en 163.000 euros, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pretende que las compañías ayuden al Ministerio en la destrucción de grandes cultivos de marihuana, en concreto aquellas que cuenten con más de 10.000 plantas y que son cada vez más comunes. Sin ir más lejos, hace menos de una semana, la Guardia Civil detuvo a cinco presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al cultivo, elaboración, venta y distribución de productos del cáñamo en una operación antidroga en la que se confiscaron 107.738 plantas de marihuana. En 2021 se cuadriplicó la incautación de marihuana con casi tres millones de plantas intervenidas.
En el expediente de contratación, que adelantó El País, el Ministerio de Interior subraya que «en el caso de las pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones». Si bien, ante grandes plantaciones de marihuana, los funcionarios policiales «se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad» por la falta de preparación y maquinaría. También porque que esa actividad les restaría tiempo para perseguir ilícitos. Razón por la que, insisten, es necesaria la contratación de terceros que lleven a cabo esta tarea.
Hasta ahora, el departamento de Interior había apostado por la compra de máquinas destructoras de biomasa para hacer frente al problema que ocasionaba la acumulación de estas plantas hasta que un juez ordenaba su destrucción. Sobre este punto, ya se pronunció el ministro cuando anunció, el pasado diciembre, el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana. En rueda de prensa, Marlaska afirmó que el tercer objetivo de este proyecto era «favorecer la destrucción de las plantaciones de marihuana».
Principales productores
España ha pasado de 724.000 plantas incautadas en 2016 a casi tres millones, colocándose en cabeza dentro de la Unión Europea y doblando a Países Bajos, algo que se achaca a cuestiones como el clima, las condiciones del suelo o las grandes extensiones despobladas. No obstante, Turquía sigue superando ampliamente en cifras al resto de países del entorno europeo, con más de 42 millones de plantaciones.
Ante esta realidad, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, señaló la actividad proviene de redes que provienen de los Balcanes, principalmente Albania y Serbia; y que son Andalucía y Cataluña las regiones donde se detectan más plantaciones, cada vez más extensas. Frente a las 15.000 plantas en un mismo terreno se ha pasado ahora a 120.000 plantas.
Cifras que han hecho que el tráfico ilícito de marihuana sea la tercera actividad delincuencial en España, por detrás del hachís y la cocaína. Delitos que, según fuentes policiales, además, van casi siempre aparejados a otros como el blanqueo de capitales y la trata de seres humanos con fines sexuales.