Anticorrupción investigará 12 contratos covid adjudicados por el Gobierno en la primera ola

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación sobre 12 contratos de adquisición de material sanitario por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció ante el Ministerio Público los contratos adjudicados a siete compañías relacionadas con el Partido Socialista con las que el Gobierno de España firmó una serie de acuerdos para obtener mascarillas y otro material sanitario en el comienzo de la pandemia.

En un decreto de ocho páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia» por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, «debiendo abrirse unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas».

Concretamente, se incoarán diligencias sobre Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihaitextile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A.U (ahora Beedigital), e Industrias plásticas Playbol, según concreta un decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón, que llevará personalmente parte de las investigaciones.

Anticorrupción, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación «ab initio» de personas aforadas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La vinculación de las empresas con miembros del Gobierno

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, según varias informaciones periodísticas, tiene relación con el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco. Además, se dan otras circunstancias por las que el Ministerio Público ha decidido abrir diligencias de investigación: su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato, falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y en 2019 su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas.

Otra de las empresas investigadas es Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A.U., ahora Beedigital. Se trata de una firma relacionada con el marido de la titular del Ministerio de Economía, Nadia Calviño Santamaría, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa. Además, se abren diligencias previas a Industrias plásticas Playbol. Las ayudas recibidas por esta sociedad las relaciona el denunciante con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno. Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges.

La empresa compradora Industrias plásticas Playbol S.L., se subrogó en los contratos laborales. La empresa Playbol S.A sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.

Las diligencias también se abren contra FCS Select Productos S.L. Varios medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de los contratos la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca. En 2018, su cifra de negocio fue inferior al millón de euros. En 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas. Además, la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa.

Otras empresas investigadas

Las diligencias también afectan a empresas con las que se hicieron compras supuestamente fraudulentas como Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe (a la que Sanidad adelantó el 30 % del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones de euros, se incumplió el plazo de entrega y la Administración no ha recuperado el dinero adelantado).

Anticorrupción, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación «ab initio» de personas aforadas en esas millonarias adjudicaciones y ayudas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

De hecho, la Fiscalía hace referencia al decreto por el que se abrieron diligencias de investigación acerca del contrato del que cobró Tomás Díaz Ayuso tras denunciarlo los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid.

La Fiscalía considera aquel decreto «extrapolable a este» y, al igual que con esas denuncias, también ve procedente con esta «la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».

Recuerda el decreto, que suscribe el fiscal jefe Alejandro Luzón, que esta denuncia presentada por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid, presentada el pasado 10 de marzo, expone presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con el COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, y en la concesión de subvenciones públicas.

Posibles delitos de prevaricación

«El hilo conductor en la exposición de los hechos» de la denuncia es la vinculación de las sociedades adjudicatarias «con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos», si bien «no se terminan de formular imputaciones concretas».

Unas conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por todo ello, y «debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia», Luzón cree conveniente la apertura de estas diligencias «conducentes al esclarecimiento de los hechos» y cuya instrucción asigna al fiscal Luis Pastor.

El decreto recoge los indicios recopilados en la denuncia, y sobre la empresa Playbol, explica que el denunuciante relaciona las ayudas que recibió «con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno». «Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges», señala Luzón.

La empresa compradora Industrias Plásticas Playbol «se subrogó en los contratos laborales» y Playbol «sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros», añade.

Respecto a Beedigital, la denuncia destaca que el marido de la ministra de Economía es el director de marketing de la empresa y que esta sociedad suscribió un contrato de 884.000 euros con la Administración «cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros». En cuanto a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el denunciante aporta información periodística que la relaciona con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y añade otras circunstancias, fundamentalmente, que su cifra de negocio fue en 2019 «de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas».

Los mismo sucede con las sospechas sobre FCS Select Products, con cuyos administradores tendría una relación de amistad el exministro de Sanidad. A esto suma el denunciante que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- «no tiene relación directa con el objeto del contrato», y que, mientras en 2018 su. su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.