Puigdemont denunciará a la empresa israelí de Pegasus para rastrear quién pagó el espionaje
El entorno del expresident presentará una veintena de querellas en cinco países contra NSO Group. Ninguna demanda será contra el Gobierno español o el CNI
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. | Europa Press
Más de una veintena de querellas en cinco países distintos. Pero ninguna de ellas será contra el Gobierno español o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y su entorno dirigirán sus denuncias en los tribunales contra la empresa israelí NSO Group, propietaria del malware Pegasus, con el que presuntamente el Ejecutivo espió al menos a 59 independentistas catalanes y dos políticos nacionalistas vascos entre los años 2017 y 2020. El objetivo, según fuentes cercanas al expresident consultadas por THE OBJECTIVE, es descubrir qué organismo del Estado habría pagado y estaría detrás de las intervenciones telefónicas a los políticos y activistas separatistas.
El equipo jurídico que representa a Puigdemont ya prepara una veintena de querellas que serán presentadas en juzgados de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Berlín, Bruselas, Ginebra, Zúrich y Luxemburgo. Son los lugares donde alrededor de 25 políticos, amigos y asesores vinculados al expresidente catalán habrían sido espiados con el malware israelí, de acuerdo a la investigación efectuada por la organización canadiense Citizen Lab. Las denuncias tendrán como querellados a los dueños del Grupo NSO, la propia firma israelí y tres filiales de esa compañía que tienen su sede fiscal en Luxemburgo, según indican las fuentes consultadas por este medio.
Desde el entorno del expresidente catalán, huido de la Justicia, dudan que el CNI haya sido el organismo que encargó el espionaje a NSO Group a través del programa Pegasus. Los servicios de inteligencia disponen de su propio sistema de grabaciones, SITEL, contratado por el Gobierno de José María Aznar a la empresa danesa ETI A/S en el año 2001, cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior. Las mismas fuentes explican que SITEL es el sistema de escuchas usado desde entonces por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el que cuenta con pleno respaldo judicial en España.
La estrategia de Puigdemont: «Follow the money»
Por el contrario, siempre según las mismas fuentes, la contratación de Pegasus para realizar este tipo de actividades vulneraría las leyes nacionales y europeas de protección de datos al tratarse de una empresa israelí la que está detrás de las escuchas. Para cada licencia contratada o pinchazo telefónico contratado con Pegasus, el organismo contratante debería haber entregado datos privados y personales -como son los números de teléfonos de los móviles en los que se instaló el software para espiar a los independentistas- a una empresa no comunitaria. Algo que podría ser ilegal, según las leyes europeas, y que difícilmente sería avalado por un juez, indican las mismas fuentes.
¿Para qué contrataría el CNI a Pegasus sabiendo que con SITEL tiene asegurado el respaldo judicial?, se cuestionan desde el entorno de Puigdemont. «No es legal en España dar datos confidenciales y privados, como son los números de teléfono de las personas espiadas, a una empresa no comunitaria sin mandato judicial. No descartamos a nadie como responsable. Pero nuestras querellas van a ir contra los dueños de NSO, la propia empresa israelí y tres de sus filiales en Luxemburgo. Estamos hablando de un delito penal, espionaje sin mandato judicial», añaden.
Follow the money [seguir el dinero] será su estrategia judicial a nivel internacional. Uno de los objetivos es evitar que el Gobierno o los tribunales españoles se acojan a la ley de secretos oficiales para no informar de las presuntas escuchas realizadas a los líderes independentistas y su entorno. Entienden que al acudir a los tribunales de otros países, donde se habría producido el delito penal, es más factible que los jueces puedan exigir a la empresa israelí y a las entidades bancarias revelar quién hizo los pagos desde España al Grupo NSO y sus filiales.
Se desmarca de ERC
El propio Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciaron el pasado lunes en Bruselas la apertura de este nuevo frente judicial a nivel europeo. Sin embargo, a pesar de su intento por mostrar unidad dentro del independentismo ante el presunto espionaje masivo que afecta a más de 60 líderes y activistas separatistas y su entorno, la realidad es que ambas formaciones están siguiendo estrategias judiciales distintas.
Mientras que Puigdemont y su entorno van a centrar sus querellas en la empresa israelí y sus dueños, hasta ahora ERC ha optado por denunciar al CNI por el presunto espionaje a través del sistema Pegasus. Según reveló El Periódico Catalunya, desde hace más de un año y medio el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona investiga las presuntas escuchas a través del malware israelí al expresident del Parlament y ahora consejero Roger Torrent y al exdiputado y concejal de Barcelona Ernest Margall.
Ambos interpusieron sendas querellas en 2020, tras ser alertados del presunto espionaje. La causa que permanece secreta y abiertaa pesar de que el juez rechazó la mayoría de las diligencias de investigación solicitadas en la querella. Entre otras, que se citara a declarar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.
