Transparencia reclama al Gobierno las razones de cada uno de los indultos del 'procés'

El Consejo de Transparencia ha reclamado al Ministerio de Justicia cada una de las razones que motivaron la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder los indultos a los nueve líderes independentistas del Procés el pasado 22 de junio de 2021. Los acusados fueron juzgados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación por la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, Transparencia insta al Ministerio de Pilar Llop a remitir, tanto al propio organismo como a un estudiante universitario, los informes de los indultos parciales otorgados por Moncloa a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull.

Un estudiante, responsable de la decisión

La solicitud del Consejo de Transparencia se produce a raíz de la petición de un estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares que, para redactar su Trabajo de Fin de Máster sobre el deber de motivación del indulto, solicitó a Justicia esa documentación.

Alegando «fines de investigación jurídica», el estudiante universitario argumentaba que, personalmente, le sería de «gran utilidad» saber para su tesis los «detalles concretos» de las propuestas motivadas que cursó el Ministerio de Justicia y, al mismo tiempo, dar a conocer esta información ayudaría, según demandó, a enriquecer «de forma indudable el debate público y académico».

Eso sí, el solicitante precisó a Justicia que no tenía interés en acceder a los documentos completos, sino únicamente al contenido referente a la motivación jurídica de los indultos a los condenados a entre 9 y 13 años de cárcel por el ‘procés’, dejando fuera la información personal o protegida.

La resolución de Transparencia, en este sentido, señala que Justicia deberá facilitar, en un plazo de quince días, esa información al estudiante, «debidamente anonimizada y excluyendo o eliminado todos los contenidos relativos a circunstancias personales, familiares y sociales que, en su caso, figuren en los documentos». Dictada el 30 de marzo, la decisión puede ser recurrida.

En un primer momento, Justicia envió una parte de la información, pero a juicio del solicitante era «completamente evasiva y a toda luz insuficiente» en comparación con lo que él había solicitado, es decir, los documentos con las propuestas motivadas de los indultos, elaboradas cuando dirigía el Ministerio Juan Carlos Campo.

Los documentos fueron filtrados parcialmente a los medios

Para el estudiante, la documentación recibida era breve y se limitaba a referirse a la Ley de 1870 que regula el indulto. «Todo ello, como se podrá comprender, no satisface realmente mi petición, porque apenas se contienen reflexiones ni detalles que puedan ser mínimamente útiles en mi investigación», criticaba. Y explicaba que se habían filtrado a algunos medios de comunicación partes de algunas de las motivaciones de los indultos, pero «no todas ni completas».

Justicia se opuso a entregar toda la documentación al estudiante porque ello suponía, según su criterio, difundir públicamente unos informes con «circunstancias personales, familiares y sociales» de los indultados, «así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado».

Asimismo, el Ministerio argumentaba que la «anonimización parcial» de los informes en absoluto «garantiza suficientemente el derecho a la protección de datos personales de los implicados«, o «incluso de personas distintas de los indultados como pudieran ser los funcionarios de los centros penitenciarios que informaron sobre su conducta en prisión».

Pero Transparencia ha resuelto que lo óptimo en este caso es dar luz verde al acceso a la documentación (anonimizada) para asegurar de este modo el derecho a la información pública, antes de recordar que las condenas impuestas a estas personas han tenido «máxima publicidad» en los medios de comunicación y que los reales decretos con los indultos son públicos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los condenados por el ‘procés’ salieron de prisión el 23 de junio del año pasado después de que el Tribunal Supremo, que juzgó en 2019 a los líderes independentistas catalanes, transmitiera nueve mandamientos de puesta en libertad a las cárceles donde cumplían condena tras la publicación de los decretos de indulto en el BOE