Los cuatro diputados espiados pedirán amparo a los servicios jurídicos del Congreso 

Son cuatro diputados los supuestamente espiados por el programa Pegasus: Ferrán Bel (JxCat), Miriam Nogueras (PDeCAT), Jon Iñárritu (EH Bildu) y Albert Botrán (La CUP). Según ha podido saber THE OBJECTIVE, sólo en el caso de Miriam Nogueras el espionaje se realizó presuntamente sobre su teléfono movil personal, a diferencia de Bel, Iñárritu y Botrán cuyos móviles afectados fueron los que reciben al inicio de la legislatura en el llamado ‘Kit del diputado’, junto a un iPad y otras prestaciones como un bonotaxi por valor de 3.000 euros para gastar en un año . 

Los afectados ponen el acento en que  se trata de teléfonos oficiales con los que se han vulnerado, no sólo sus derechos, sino «los de otros diputados, periodistas y el propio Congreso en general. Todas las comunicaciones oficiales y extraoficiales, todo lo que pasa en el Congreso, está aquí. Se ha puesto en riesgo la seguridad del Congreso».

Reunión con Batet

Motivo por el cual, las tres formaciones afectadas directamente, JxCAT, ERC y la CUP han iniciado conversaciones para solicitar amparo al Congreso de los Diputados y pedir que se pongan los servicios jurídicos de la cámara a su disposición, «igual que ha hecho el parlament de Cataluña con los afectados». 

Según fuentes de estas formaciones consultadas por THE OBJECTIVE, es la reclamación con la que acudirán los cuatro parlamentarios a la presidencia de la cámara baja, que ostenta la socialista catalana, Meritxell Batet. Sería el siguiente paso de la ofensiva que estas formaciones han iniciado en el Congreso para dirimir responsabilidades gubernamentales por lo que califican del «mayor escándalo de espionaje de la democracia».

Desde JxCAT, ERC y la CUP consideran que «es obligación de Batet dar una respuesta» ante la interceptación de comunicación de cuatro parlamentarios, que vulnera el artículo 18 de la Constitución española sobre el secreto y privacidad de las comunicaciones. Desde el Congreso de los Diputados, no se pronuncian sobre la reclamación «hasta que no concreten qué es lo que piden» y de qué forma les puede asistir el Congreso a través de sus servicios jurídicos, explican a este periódico fuentes parlamentarias que, a priori desvincula al Congreso de una auditoría sobre el material telefónico de sus señorías que trasciende a sus capacidades técnicas. 

Un gesto del Gobierno

Los grupos perjudicados prevén celebrar una reunión de coordinación el lunes o martes de la semana que viene, toda vez que hayan testado la voluntad política del Ejecutivo de «hacer algún gesto» para rendir cuentas. Descuentan que el PSOE votará en contra de la comisión de investigación del espionaje que han secundado Podemos y PNV y que será calificada el martes por la Mesa de Presidencia. No se descarta que se vote incluso el mismo martes en la Junta de Portavoces, que también tendrá que estudiar la cascada de peticiones de comparecencias que ha registrado conjuntamente el bloque independentista y catalán del Parlamento, del que se han descolgado Podemos y el PNV. Los primeros porque, recuerdan: «por regla general no pedimos comparecencias de este gobierno» del que forman parte. 

La vista estará puesta el lunes en la comparecencia del jefe de gabinete del presidente, Óscar López, en la comisión de seguridad nacional. Una intervención que preparan con intensidad desde el viernes en Moncloa, cuando se celebró una reunión preparatoria el viernes por la mañana. El núcleo duro de Sánchez es consciente de la necesidad de templar las relacione con sus socios, sobre todo, a tres días de que se vote el jueves en el Congreso el decreto de la guerra para el que el Gobierno dice tener el apoyo de PNV, ERC y PdeCAT aunque necesite hacer gestos de cara a la galería.