El plan de choque del Gobierno para dependientes fracasa en su primer año

El plan de choque del Gobierno para dependientes pincha en su primer año. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, 46.671 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en 2021 (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado). Y es que si este sistema de atención debería haber servido para reducir un 25,8% la lista de espera, sólo la ha disminuido en un 16,7%, dejando sin atención a 392.690 personas.

Son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Dependencia, presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, sobre el impacto del plan de choque para la recuperación del sistema, que ha creado 27.453 nuevos empleos, aunque mantiene el tiempo medio de espera en 421 días, unos 14 meses, frente a los seis que dicta la ley.

«El Sistema de Atención a la Dependencia se reactiva, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera en 60.000 personas, ya que ha bajado en 38.807, ni ejecutar el incremento presupuestario», ha lamentado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, quien recuerda que para casi 47.000 personas el plan de choque no llegó a tiempo.

A 31 de diciembre de 2021 había en España 1.415.578 personas en situación de dependencia reconocida (60.000 más que en 2020) y otras 124.546 pendientes de valoración (17.000 menos), lo que significa que el 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Además, desde la asociación denuncian que el Ministerio de Derechos Sociales dejó sin gastar 75.776.923 millones de euros del presupuesto (ejecutó el 95,66% de las cantidades inicialmente presupuestadas), por lo que se podría haber atendido a 13.000 nuevas personas. No obstante, destaca que «nueve años después, se revierten los recortes del Sistema de Atención a la Dependencia» y apunta el aumento en un 48% de la aportación del Gobierno (el coste directo de las prestaciones y servicios asciende a 8.930 millones de euros: 7.028 asumidos por las administraciones y 1.902 por los usuarios).

Prestaciones cada vez de menor intensidad

Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a «todas luces» insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. De esta forma, según el informe, las ayudas económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138,36 €/mes para los Grado I; 240,59 €/mes para los Grado II y 333,73 €/mes para los Grado III.

Además, desde la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales aseguran que pasados dos años desde el inicio de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y 4.732 plazas de centros de día, respectivamente–.

 La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 €/mes (Grado II) y 531€/mes (Grado III). De esta forma, el sistema, señalan, «se reactiva» –ya que logró atender a 97.912 dependientes más y generó 27.453 nuevos empleos en 2021–, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste «dirigidos a los dependientes con Grado I».

Comunidades con mayor «limbo de la dependencia»

La cobertura de personas dependientes varia mucho dependiendo de la comunidad autónoma donde se soliciten. De esta forma, Ramírez señala que tanto el Gobierno como comunidades «deben acometer reformas que agilicen los trámites». «Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», hace hincapié, recordando que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos) y asegura que a este ritmo se tardaría un lustro en logra la plena atención.

De esta forma, las Comunidades con mayor «limbo de la dependencia» –personas pendientes de recibir prestación– son
Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La
Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).

Las que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: Comunidad Valenciana (11,8 %), Canarias (10,8 %) y Asturias (9,2 %). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9 %.

Por último, las que han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera destacan Madrid (la ha bajado un 62,9 %), Aragón (el 42,2 %), Castilla-La Mancha (38,8 %), Asturias (32,2 %) y Andalucía (32,2 %).