Podemos y los independentistas atribuyen a un «Villarejo del PSOE» el espionaje de Pegasus
Los morados creen que Margarita Robles conocía este «abuso» del ‘malware’ israelí que adquirió el Gobierno del PP. Los ‘indepes’ apuntan a «una nueva policía patriótica»
Pedro Sánchez junto a Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles | Europa Press
La falta de información por parte del Gobierno da pie a todo tipo de especulaciones y teorías sobre el uso y abuso del programa israelí Pegasus, que sirvió para espiar hasta a 65 independentistas y sus allegados, según el semanario The New Yorker. También Podemos tiene su propia versión de los hechos tras haber mantenido conversaciones con el socio mayoritario de la coalición que, según fuentes moradas, no le ha dado información ni explicación alguna al respecto aunque los morados apunten a un nuevo episodio de «cloacas del Estado». Mientras, desde un sector del independentismo catalán se apunta a la existencia de «una nueva suerte de policía patriótica similar a la que hubo en tiempos de Mariano Rajoy» y dudan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) esté detrás de la utilización de Pegasus.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la «hipótesis» de Podemos es que son las cloacas policiales, y concretamente «un Villarejo del PSOE», quienes estarían detrás del espionaje reciente a los líderes independentistas. Así explican en el grupo confederal el espionaje reciente, durante los años 2019 y 2020, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, revelado por La Vanguardia. «Se puede demostrar porque deja huella digital», explican fuentes de la formación morada a este diario.
La versión de los morados cuadra con la del PSOE en una primera fase: que el programa israelí Pegasus habría sido adquirido por el PP en tiempos de Jorge Fernández Díaz y se habría utilizado durante la operación Kitchen para el espionaje indiscriminado «contra los adversarios políticos y contra sus propios compañeros». El punto de inflexión, presuntamente, se produjo a partir de junio de 2018, con la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez. Aquí las versiones de los dos socios de la coalición se bifurcan: Gobierno y PSOE sostienen que cortaron todos los espionajes salvo los casos de los independentistas fugados en el extranjero, que se hicieron «con autorización judicial» y a través del CNI, como adelantó THE OBJECTIVE.
Pegasus y las cloacas policiales
Podemos cree que entonces entró en juego la actividad de las cloacas policiales que, en disposición del malware Pegasus, continuaron con «la inercia» para obtener información del entorno independentista en un momento «muy sensible». Tras la sentencia del Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1-O, los 12 dirigentes catalanes condenados insistían que «lo volverían a hacer». Una versión que parece exculpar al Gobierno socialista, solo en parte. Podemos cree que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tenía pleno conocimiento de estas actividades a través del CNI, que precisamente depende del Ministerio de Defensa y a quien se atribuye la decisión de mantener el seguimiento a líderes independentistas fugados: Carles Puigdemont, Antoni Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí.
Podemos estrecha el cerco sobre Robles y exige que «rueden cabezas» por el espionaje
Por esta razón, los morados estrechan el cerco sobre Robles e insisten en su exigencia de que «rueden cabezas», como repitió este jueves su portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Fuentes de su entorno explican que «si a estas alturas Robles no tiene una explicación contundente, malo…». Sin embargo, Podemos no quiso sumarse a las cascada de comparecencias que solicitaron los socios catalanes del Ejecutivo -tampoco lo hizo el PNV-, porque «por regla general, no pedimos comparecencias de este Gobierno» del que forman parte. La ofensiva continuará por tanto desde el bloque catalán e independentista del Congreso (ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, Bildu, BNG y Más País hasta dirimir el origen y la responsabilidad de lo que consideran «el mayor escándalo de espionaje de la democracia».
«Una nueva policía patriótica», según los ‘indepes’
Como adelantó este diario, desde el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont dudan de que el CNI sea el responsable del espionaje con Pegasus. «No ha podido ser una intervención legal, aunque lo hubiera autorizado el juez del CNI, porque se habrían dado datos privados (como son los números telefónicos) a una empresa no comunitaria, la israelí NSO Group, propietaria del malware Pegasus. Y eso está prohibido por las leyes nacionales y europeas sobre protección de datos. Este espionaje se hizo bajo la premisa de que nunca iba a ser llevado a juicio», indican fuentes cercanas a Puigdemont.
«Sospechamos que hay una nueva policía patriótica y que a su lado Villarejo parece un bebé en pañales», denuncia el entorno de Puigdemont
Las mismas fuentes independentistas recuerdan que el CNI dispone de su propio sistema de grabaciones, SITEL, contratado por el Gobierno de José María Aznar a la empresa danesa ETI A/S en el año 2001, cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior. Las mismas fuentes explican que SITEL es el sistema de escuchas usado desde entonces por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el que cuenta con pleno respaldo judicial en España. «No podemos descartar a nadie. Una de nuestras sospechas es que hay una nueva suerte de policía patriótica como la que hubo en tiempos de Rajoy y que a su lado Villarejo parece un bebé en pañales», añaden desde el entorno del expresidente catalán.
Es es la razón por la que más de una veintena de amigos, compañeros de partido y asesores de Puigdemont preparan una avalancha de querellas en cinco países distintos (España, Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo) contra los dueños de la empresa NSO Group, la propia compañía israelí y tres de sus filiales. El objetivo es descubrir qué organismo del Estado español pagó a esas empresas para adquirir las licencias del malware con el que se efectuó el espionaje.
«Las querellas van a ir contra los dueños de NSO, la propia empresa israelí y tres de sus filiales en Luxemburgo. Ellos son quienes cometieron el delito, y estamos hablando de un presunto delito penal: espionaje sin orden judicial. La estrategia es ‘follow the money‘. Queremos que a través de esas personas y empresas saber quién les pagó, en esos países los bancos no pueden estar protegidos por la ley de secretos oficiales de España y estarán obligados a decir quién hizo los pagos a NSO», añaden las mismas fuentes.
