Podemos se suma a los independentistas para señalar a Margarita Robles y pedir su dimisión

Unidas Podemos y los partidos independentistas del Congreso han leído una declaración conjunta en la que se señala a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como responsables políticos del supuesto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus. Las formaciones han pedido al PSOE que permita investigar el caso en el Congreso y la dimisión de Robles.

La declaración ha sido leída por el portavoz y el presidente del grupo de Unidas Podemos, los diputados Pablo Echenique y Jaume Asens, junto con diputados independentistas de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu y la CUP, más el BNG y la coalición Más País-Equo y Compromís.

Su origen es el informe publicado en The New Yorker que habla de un supuesto espionaje telefónico a 65 políticos independentistas catalanes y vascos mediante el programa Pegasus, creado por la empresa israelí NSO y que, según aseguran, «solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales».

Según los firmantes, «la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil» y señalan directamente al Ministerio de Defensa. «Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos», se indica en el documento.

Rufián ya pidió la marcha de Robles

Horas antes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián había señalado a la titular de Defensa en rueda de prensa: «Si lo sabía tiene que dimitir, si no lo sabía tiene que dar explicaciones«, ha advertido. «No somos estúpidos, el CNI depende el Ministerio de Defensa», ha apuntado por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, remarcando que se deben depurar responsabilidades.

De su lado, Ferran Bel, del PDeCAT ha señalado que el propio Gobierno ha «focalizado» en Robles las respuestas sobre esta cuestión y que es ella la que «deberá dar más explicaciones y asumir más responsabilidades». «Robles se remitió a la Ley del CNI, que remite al control democrático de las Cortes ¿Dónde está ahora la ministra de Defensa, dónde está el presidente?«, ha preguntado por su parte, Mireia Vehí, de la CUP.

La declaración leída este martes sostiene que el caso Pegasus es «un escándalo mayúsculo que ataca directamente la democracia y el derecho básico a la libertad de expresión y participación política». «Hoy, el Estado español está sumido en la sospecha de llevar a cabo prácticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia europea», aseguran.

Por todo ello, y tras rechazar «la práctica del espionaje político», exigen al Gobierno de coalición que «actúe de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como judicialmente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación».

Y se dirigen especialmente al PSOE para pedirle que permita la creación de una comisión de investigación sobre este caso para que el Gobierno «rinda cuentas de forma transparente y con responsabilidad».

Exigen la participación de Batet

También exigen a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que «tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos» de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a miembros de esta Cámara.

Estos cuatro diputados Albert Botrán (CUP), Ferran Bel (PDeCAT), Miriam Nogueras (Junts) y Jon Iñarritu (Bildu) ya pidieron amparo a Batet, que ha expresado públicamente su solidaridad y ha garantizado sus derechos parlamentarios.

«Desde el momento en el que sabemos que se ha espiado a cinco diputados (los citados más la exdiputada Laura Borràs), algunos de ellos portavoces de sus fuerzas políticas, podemos afirmar que la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados sino a todas las personas que tengan contacto con éstas», advierte la declaración hecha pública.

Por último, estos diez partidos llaman a los agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía en su conjunto «a denunciar enérgicamente este escándalo y exigir su investigación y aclaración como única forma de salvaguardar los derechos y libertades básicas», Por su parte, ya avanzan su compromiso de «tomar todas cuantas acciones sean necesarias para llegar hasta el final en la investigación de este caso y sus consecuencias».