El Tribunal de Cuentas fiscalizará los gastos de la Casa Real

El Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real y en qué gasta su presupuesto, según se recoge en el decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto, un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros.

En concreto, el Rey dispone de un patrimonio de 2.573.392,80 euros, de los que 2.267.942,80 son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal, que han sido debidamente tasadas.

El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.

Bolaños ha informado de que en próximas fechas se va a aprobar un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar «las imagen fiel del patrimonio y la situación financiera» de la Jefatura del Estado.

Otra de las medidas recogidas en el decreto es que la Casa Real deberá a partir de ahora dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.

Ha explicado además que la normativa recoge a todas las medidas en favor de la transparencia que Felipe VI ha aprobado desde su proclamación en junio de 2014 y que hasta ahora no tenían rango legal.

Incluye que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha.

Según el ministro de la Presidencia, encargado de negociar por parte del Gobierno el decreto con el Palacio de la Zarzuela, la nueva regulación «es un paso muy importante en la modernización y ejemplaridad de la Casa Real» y «la homologa a otras casas reales europeas en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad».

«Con esta norma, damos un paso muy importante y ponemos a la monarquía donde tiene que estar», ha subrayado Bolaños sobre el texto, que no aborda la modificación de la inviolabilidad del rey, lo que requiere modificar la Constitución. Las medidas contempladas en el decreto han sido fruto, según el ministro, del «trabajo compartido» desde hace meses entre el Gobierno y la Casa Real y al que el PP ha dado su visto bueno.

Bolaños ha señalado que también ha sido una norma que ha contado «con el acuerdo del Gobierno en su conjunto», al referirse a Unidas Podemos. «Ha sido un acuerdo pacífico», ha apostillado.

Sánchez anunció en diciembre de 2020, en plena polémica por las informaciones sobre los negocios opacos de Juan Carlos I, que se iba a emprender «una hoja de ruta de renovación» de la monarquía, sin dar pistas del contenido, ni de los plazos.

Tras descartar el Ejecutivo una Ley de la Corona para especificar las funciones apuntadas al rey en la Constitución, se optó por diseñar un real decreto con nuevas medidas para favorecer la transparencia y la ejemplaridad y recoger las ya puestas en marcha por Felipe VI desde el inicio de su reinado.

Preguntado si esta norma culmina la hoja de ruta anunciada por Sánchez, Bolaños ha asegurado: «Este decreto es un punto de llegada muy importante en la modernización, ejemplaridad y transparencia de la Casa Real».

Al tratarse de un real decreto, la fórmula a través de la que se regula el funcionamiento de la Corona, no tiene que ser convalidado por el Congreso, con lo que no se dará pie a un debate entre los partidos sobre la monarquía.