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'Caso Valdemoro': el director admitió ante la juez errores en la identificación de los detenidos

El responsable de la prisión admitió que uno de los funcionarios detenidos no era al se refería cuando declaró ante la Policía, sino que era otro del mismo nombre

‘Caso Valdemoro’: el director admitió ante la juez errores en la identificación de los detenidos

La centro penitenciario de Valdemoro, en Madrid. | THE OBJECTIVE

Un mes y medio después de que los cuatro funcionarios de la cárcel de Valdemoro fuesen detenidos —y tres de ellos enviados a prisión provisional— el director del centro penitenciario, Antonio Luis De la Iglesia, admitió errores en su declaración respecto a los investigados. Ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro, el responsable del centro explicó que el empleado al que había señalado en su testificación ante la Guardia Civil como presunto responsable del trapicheo de drogas en un módulo de la cárcel no era en realidad al que se había detenido posteriormente, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Ante esta afirmación, Luis de la Iglesia se defendió ante la jueza explicando que en su declaración ante los agentes se había referido a Don M., sin precisar apellido; y que en realidad se refería a M. A. S., y no a M. A. M. A este último, en libertad provisional en ese momento, al igual que a sus otros tres compañeros, se les investigaban entonces delitos de banda organizada, tráfico de drogascohecho, prevaricación y omisión del deber. «Pensaba que ese M. era otro, M. A. S. En ninguna ocasión en la que he hablado sobre esto, tenía información de M. A. M. En la prisión tengo varios M. A. trabajando», se excusó el responsable de la prisión.

Meses atrás, cuando habló con la Guardia Civil, en cambio, se mostró seguro que de M. —sin especificar apellido— era responsable de los delitos que se le investigarían posteriormente a M. A. M, relativos a la introducción en el interior del centro penitenciario de drogas y objetos prohibidos a través de una mochila. «No pudo ser otro funcionario porque el que estaba de servicio en aquella ocasión era precisamente Don M. Él fue testigo del contenido de la misma, dentro había un teléfono móvil y sustancias estupefacientes».

Con posterioridad a este último hecho, que ubica en verano de 2020, el director de la prisión también aseguraba que en la garita donde se encontraba Don M. «sabía que se realizó otro pase de heroína, hachís y marihuana» en grandes cantidades habida cuenta de que «hacía tiempo que no había droga en ese módulo» y la «demanda sería mayor por parte de los internos interesados». En cualquier caso, pese a la rectificación del director ante el juzgado, nunca se investigó al que, según este responsable, era el funcionario que realmente introducía droga, M. A. S., según aseguran fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.

Fiscalía

En octubre de 2021, tres meses después de la declaración de Antonio Luis de la Iglesia, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro acordó el sobreseimiento provisional de la causa sobre M. A. R. por no haber quedado acreditada la comisión de los delitos, después de que la Fiscalía, única acusación personada en la causa, lo solicitase. «Ninguno de los testigos protegidos que han declarado judicialmente han manifestado que hubieran presenciado a M. A. R. introducir sustancias estupefacientes (…) y en idéntico sentido, el director de la prisión ha manifestado que no era el M. A. funcionario al que se refería cuando declaró ante la Policía», esgrimía el Ministerio Público en la petición que envió al juzgado madrileño.

En su declaración ante la jueza, el responsable de Valdemoro aseguró que eran «los internos los que podían tener información de los negocios a los que se podían dedicar» los funcionarios; y que «en la tarjeta SD del móvil de un recluso, que autorizó que fuese intervenida, había mucha información sobre los internos implicados, maneras y formas de introducción de la droga» en la prisión. La realidad, en cambio, es que esos archivos nunca se facilitaron al juzgado y los testigos, según desveló este viernes THE OBJECTIVE, no tenían conocimiento alguno sobre los delitos que la dirección de la prisión de Valdemoro atribuía a los cuatro trabajadores.

Razón por la cual el 30 de septiembre de 2021 la juez acordó la puesta en libertad para los otros tres funcionarios. Y unos meses después, el 22 de marzo de 2022, decretó el archivo de la causa para estos últimos también al «no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportan más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les imputaba, tal y como había solicitado también la Fiscalía.  

Tras haber trascendido el caso de estos cuatro funcionarios, en los próximos días los cuatro principales sindicatos de prisiones solicitarán al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el cese del director de la cárcel de Valdemoro por haber acusado sin pruebas a los cuatro funcionarios. Acaip-UGT, APFP, CCOO y CSIF pedirán depurar responsabilidades a Prisiones, además, por mantener suspendidos a estos empleados a pesar de que ha pasado ya más de un mes desde que la juez archivó la causa. Razón por la cual, según el reglamento penitenciario, el departamento dirigido por Ortiz debería haber levantado el castigo a los trabajadores desde hace semanas.

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