Caso Valdemoro: los vídeos que desmontan las falsas acusaciones avaladas por Interior

Bastaron 30 minutos para que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro se percatase de que las acusaciones contra los cuatro funcionarios del centro penitenciario de Valdemoro (Madrid) por los delitos de banda organizada, tráfico de drogas, cohecho, prevaricación y omisión del deber no tenían recorrido alguno. Media hora en la que los tres testigos protegidos en los que había basado la dirección de la prisión sus acusaciones contra los empleados negaron haber presenciado cualquier tipo de hecho delictivo relacionado con estos últimos.

Las declaraciones en sede judicial de estas tres personas, internos que habían cumplido o cumplían condena en el penal madrileño, en septiembre de 2021, desmontaron prácticamente por completo la investigación que había llevado a cabo la Guardia Civil y por la que la magistrada había mantenido en prisión provisional a tres de los funcionarios penitenciarios durante cuatro meses y medio.

Los testigos afirmaron «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho», según consta en las declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Ante estos testimonios, la perplejidad de los letrados y la jueza es tal que incluso esta última, según puede apreciarse en las grabaciones, llega a decir: «¿Pero dónde está la cámara oculta?».

Acto seguido, tras tomarles declaración, la magistrada acordaba dejar en libertad provisional de los empleados de Valdemoro. Y meses después, el 22 de marzo de 2022, la titular decretaba el archivo de la causa «al no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportaban más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les imputaba, tal y como había solicitado la Fiscalía madrileña, única acusación personada en la causa.

«Identificados en fotografías»

Los cuatro empleados fueron detenidos el pasado junio, tras haber sido implicados por el director del centro penitenciario, Antonio Luis de la Iglesia, en la fuga de dos presos de la prisión, en diciembre de 2020, y por introducir en la prisión drogas así como otros objetivos prohibidos durante la pandemia, cuando las cárceles fueron cerradas al exterior. Tres de ellos fueron enviados a prisión pese a que, según un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario, «no se había podido obtener prueba incriminatoria alguna», salvo lo manifestado por los cuatro testigos protegidos.

En las diligencias policiales, sobre este último aspecto, los investigadores afirman que tras la toma de cuatro manifestaciones a los testigos, estos apunan «de manera categórica e inequívoca a los mismos funcionarios de prisiones en la consecución de los ilícitos penales, obteniendo un cuantioso estipendio y lucrándose con ello, por realizar dichas actividades». La Guardia Civil manifiesta además que incluso un testigo «llega a identificar fotográficamente» a los funcionarios entonces incriminados y con ello «el modus operandi y de las cantidades percibidas», según consta en sumario al que ha tenido acceso este periódico.

«Mi testimonio no sirve de nada»

Las declaraciones en sede judicial de tres de los testigos demuestran, sin embargo, que esto últimos no tenían conocimiento alguno sobre los delitos que la dirección de la prisión de Valdemoro, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, atribuía a los cuatro trabajadores. En el caso del primer testigo, su testimonio es claro: «Mi declaración no sirve de nada porque lo que declaré, lo declaré exclusivamente de oídas». «Lo único que vi es que iba una persona andando y dijo ‘ahí llega mi paquete’. Y ahí dentro había muchos funcionarios», sostiene.

Dos minutos después, vuelve a insistir y sentencia, tras ser preguntado por la jueza, que lo que supuestamente había manifestado ante la Guardia Civil —haber presenciado entregas de droga de los funcionarios a los presos— no era cierto, ni había dicho nada parecido.

«Lo que ha transcrito la Guardia Civil no es lo que declaré», le contesta este testigo a la magistrada. A lo largo de su declaración, continúa desmintiendo el trabajo de los agentes y finaliza afirmando que «esto lo han extendido —los investigadores— demasiado» y «han puesto en su boca palabras» que «no había dicho». «Han intentado alargarlo…», insiste este preso.

«Yo no llegué a declarar»

El siguiente testigo protegido se muestra en similar línea a su antecesor. Ante las preguntas de la jueza sobre si ha sido conocedor de los hechos que se investigan, afirma que ha «dado órdenes a sus abogados de que hablen con la Guardia Civil para que le dejen en paz», que «no quiere saber nada de todo esto» y «está harto del acoso».

No obstante, este preso, que cumple condena por asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, va más allá y, preguntado por si se reafirma en la declaración que hizo ante los investigadores, responde que «no llegó a declarar nunca»; que solo era la Guardia Civil «la que le hacía preguntas» y él, en ningún caso, «declaraba». Mientras esta persona termina su testimonio, en los vídeos se escucha a los letrados calificar la situación de «demoledora». Entre risas, comentan: «Esto acaba con todos los testigos».

«¿Dónde está la cámara oculta?»

La cuestión no queda ahí. El siguiente testigo parece estar algo desorientado. En un momento dado de su testimonio, en el que no para de gesticular y levantar los brazos, pregunta si su declaración está relacionada por la «metadona», que nada tiene que ver con el proceso que se investiga. Minutos después, comienza a narrar datos personales en relación al delito por el que está preso. La jueza, que muestra estupefacción, le advierte: «No aproveche usted que el Guadiana pasa por Valladolid, que no se le está preguntando nada de eso».

Sin embargo, la actitud del testigo no cambia y, ante la cuestión de un letrado sobre si tiene algún conocimiento de las cuentas bancarias utilizadas para el cobro del presunto trapicheo de droga entre funcionarios y presos, responde: «Yo he ingresado dinero en esas cuentas para colaborar con la Guardia Civil». Es en ese momento cuando la jueza exclama: «¿Pero dónde está aquí la cámara oculta?».

Tras haber trascendido el caso de estos cuatro funcionarios, en los próximos días los cuatro principales sindicatos de prisiones solicitarán al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el cese del director de la cárcel de Valdemoro por haber acusado sin pruebas a los cuatro funcionarios. Acaip-UGT, APFP, CCOO y CSIF pedirán depurar responsabilidades a Prisiones, además, por mantener suspendidos a estos empleados a pesar de que ha pasado ya más de un mes desde que la juez archivó la causa. Razón por la cual, según el reglamento penitenciario, el departamento dirigido por Ortiz debería haber levantado el castigo a los trabajadores desde hace semanas.