Exigen a Interior el cese del director de la prisión de Valdemoro por acusar sin pruebas a funcionarios

Ofensiva contra el director del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), José Antonio Luis de la Iglesia. Los cuatro principales sindicatos de prisiones van a solicitar su cese inmediato al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por haber acusado sin pruebas a cuatro funcionarios de los delitos de banda organizada, tráfico de drogas, cohecho prevaricación y omisión del deber. La dirección de la prisión les implicó en la fuga de dos presos y presentó cargos por los que tres de los funcionarios pasaron cuatro meses y medio encarcelados. Sin embargo, los cuatro quedaron absueltos el pasado 22 de marzo después de que la Guardia Civil, la Fiscalía y los juzgados de Instrucción número 4 y 7 de Valdemoro concluyeran que no había pruebas que acreditasen los delitos que la dirección de la cárcel les imputaba.

En un borrador del escrito que van a dirigir al máximo responsable de Prisiones del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los sindicatos Acaip-UGT, APFP, CCOO y CSIF solicitan el cese de José Antonio Luis de la Iglesia, además, por mantener suspendidos de empleo y sueldo a los cuatro funcionarios a pesar de que ha pasado ya más de un mes desde que la juez archivó la causa al «no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportan más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les atribuía.

«Una institución que criminaliza a sus empleados, como ocurrió en este caso, con la publicación en los medios de comunicación de la detención y prisión de honrados funcionarios de prisiones, y luego no anuncia con orgullo y dignidad la inocencia de los mismos, es una institución enferma que pretende polarizar sus relaciones ante la sociedad», señalan los sindicatos en el escrito que enviarán durante las próximas horas a Luis Ángel Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

Los mismos sindicatos habían presentado el pasado domingo una reclamación ante la dirección del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro para exigir a Luis de la Iglesia su dimisión. Ante su negativa a renunciar al cargo, se dirigen ahora al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias y el siguiente paso en caso de que su petición caiga en saco roto, según fuentes sindicales consultadas por este medio, será elevar una queja al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. A Ortiz le recuerdan su pasado como Juez de Vigilancia Penitenciaria y le solicitan que también dé a los cuatro funcionarios ahora absueltos «una explicación de los motivos de su detención y prisión». «Y esa explicación se la debe dar la institución que le ha ocasionado el daño, que no es otra que la institución penitenciaria», indican.

Detenidos tras la fuga de película de ‘El Piojo’

Como adelantó THE OBJECTIVE, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias abrió expediente y suspendió de empleo y sueldo en febrero de 2021 a uno de los funcionarios encargados de la vigilancia del módulo 9 de Valdemoro por «presunto incumplimiento de sus obligaciones y presunta introducción de objetos prohibidos» en relación con la evasión de los dos internos: Jonathan Moñiz Alcaide -alias El Piojo– y su hermano Miguel Ángel Muñiz Alcaide. Habían protagonizado la primera fuga en los 30 años de historia de la cárcel de Valdemoro.

Unos meses más tarde, tras concluir la investigación interna dirigida por la dirección de la prisión, el 31 de mayo ese funcionario y otros tres fueron arrestados por la Guardia Civil. El juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro envió a prisión a tres de ellos y mantuvo a otro en libertad con cargos. De los registros practicados en las viviendas y taquillas de los encausados, según un informe de la Guardia Civil, «no se ha podido obtener prueba incriminatoria alguna, salvo lo manifestado» por cuatro testigos protegidos (todos ellos internos de la prisión), además de lo declarado por el propio director de la prisión y de un subdirector del Centro Penitenciario.

Tras tomarles declaración a todos ellos, el 30 de septiembre de 2021 la juez acordó la puesta en libertad a los funcionarios. Y unos meses después, el 22 de marzo de 2022, decretó el archivo de la causa al «no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de varios internos «que no aportan más que juicios de valor sobre la relación» entre los encausados y los delitos que la dirección de la prisión les imputaba, tal y como había solicitado la Fiscalía madrileña, única acusación personada en la causa.

Interior les mantiene suspendidos de empleo y sueldo

Pese a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretó el archivo de la causa abierta contra estos cuatro funcionarios acusados de introducir drogas y otros objetos prohibidos en la mencionada prisión, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantienen la suspensión de empleo y sueldo a los empleados. El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz incoó los expedientes disciplinarios a los cuatro trabajadores una vez fueron detenidos por la Guardia Civil, acusados de los delitos de organización criminal, cohecho y otro contra la salud pública por presuntamente introducir droga en el centro penitenciario madrileño durante la pandemia y supuestamente recibir dinero a cambio de ello, cuando las cárceles fueron aisladas del exterior.  

La situación laboral de los cuatro funcionarios sigue siendo la misma. Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron hace dos semanas a este periódico que el «asunto estaba ya en manos de la Secretaría General», sin concretar cuándo ni si se revertiría o no la sanción laboral a estos funcionarios. Ahora estas fuentes señalan que «no hay novedades» al respecto. Fuentes sindicales y el entorno de uno de los funcionarios ahora exonerados confirman que los cuatro siguen sin ser restituidos en sus puestos.

En cualquier caso, la extensión de este castigo por parte de Prisiones incumple tanto el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este último establece un máximo de seis meses para la medida de suspensión provisional de funciones. El reglamento, por su parte, contempla en su artículo 24 la prolongación de sanciones a los trabajadores durante todo el procedimiento judicial en el que estén implicados. Lo que indica que los expedientes de los cuatro funcionarios de prisiones deberían haberse subsanado hace semanas.