Funcionarios y opositores denuncian ante la UE la ley del Gobierno que favorece a los interinos
La Asociación Defensa del Turno Libre denuncia que la Ley 20/2021, impulsada por el Ministerio de Hacienda, «vulnera gravemente» el reglamento europeo
Nadia Calviño y María Jesús Montero | Europa Press
Una plataforma que representa a unos mil funcionarios de carrera y estudiantes de oposición ha denunciado ante la Comisión Europea la ley del Gobierno que «va a convertir a cientos de miles de trabajadores interinos (temporales) en funcionarios de carrera (trabajadores fijos)» incluso aunque no hayan aprobado completamente una oferta de empleo público o examen-oposición. La Asociación Defensa del Turno Libre ha presentado una denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que se pone de manifiesto que la Ley 20/2021 de medidas urgentes de la temporalidad en el empleo público, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, «vulnera gravemente» el reglamento europeo, la Constitución Española y el principio de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a un empleo público.
Según la reclamación, la ley impulsada por el departamento que dirige María Jesús Montero y aprobada por el Senado el pasado 28 de diciembre, «contradice frontalmente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la función pública, imposibilitando a todos los ciudadanos españoles el derecho a acceder a un puesto de trabajo en la función pública en condiciones de igualdad respetando los principios constitucionales garantizados en nuestro ordenamiento jurídico». De acuerdo a la denuncia, «la Ley 20/2021 no va a solucionar el grave problema de la temporalidad en nuestro país», en tanto que no se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales en la redacción de esta ley: la transposición de la Directiva 1999/70 de la Comisión Europea al sector público y medidas encaminadas a poner solución al actual caos que sufren las bolsas de empleo de funcionarios interinos. «Los abusos seguirán existiendo y los porcentajes de interinidad no van a disminuir», afirman los denunciantes.
Su objetivo es «poner de manifiesto la vulneración de los derechos de cientos de miles de opositores españoles que, debido a la aplicación de dicha Ley 20/2021, van a ver sus posibilidades de acceso a la función pública seriamente mermadas, cuando no directamente imposibilitadas». «Asimismo, vulnera los derechos de todos los funcionarios de carrera españoles a competir en condiciones de igualdad en los concursos de traslado y hace de todo punto imposible que dichos funcionarios de carrera puedan competir en condiciones de igualdad en la promoción interna en sus respectivos puestos de trabajo», añade la denuncia, de 25 páginas, a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario.
Funcionarios: estabilización de los interinos
Como parte del acuerdo por el que Bruselas dio luz verde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez, a cambio de los 140.000 millones de euros de fondos europeos, España se comprometió a aprobar una ley con la que reducir al 8% la temporalidad en el empleo público. La recepción de los fondos europeos quedaba condicionada en parte a disminuir la temporalidad en la Administración. La Ley 20/2021 estableció un cambio en los procesos de estabilización, de manera que todos aquellos trabajadores interinos que llevasen más de tres años de forma ininterrumpida en un mismo puesto de trabajo pudiesen obtener la condición de funcionarios de carrera sin necesidad de aprobar un concurso-oposición al que sí tendrán que presentarse todos aquellos aspirantes que no hayan trabajado como interinos en la Administración Pública. Una medida aprobada con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y después de que en varias sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recomendase a España a tomar medidas para acabar con una de las tasas de temporalidad públicas más altas de toda la UE.
Como ejemplo, al amparo de la Ley 20/2021 y a propuesta del Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de abril un nuevo decreto que permitirá que decenas de miles de profesores interinos pasen a ser funcionarios de carrera sin necesidad de aprobar un concurso-oposición durante los años 2022, 2023 y 2024. Aquel día, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que un 23% de los trabajadores del sector educativo se encuentran actualmente en situación de interinidad. Para reducir esa tasa al 8%, el decreto aprobado por el Gobierno establece dos procesos distintos para los interinos, y otro para los nuevos aspirantes: un procedimiento extraordinario de méritos para interinos de larga duración (sin concurso-oposición); un procedimiento ordinario de concurso-oposición para los de media duración (donde los méritos o experiencia previa en el sector computarán ahora en un 60%, mientras que el resultado del concurso-oposición se valorará en un 40%) ; y otro ordinario, también de concurso-oposición, pero con el sistema actual, para nuevos aspirantes e interinos nuevos.
Para la Asociación Defensa del Turno Libre, «la urgencia de esta ley obedece a que nuestro país comprometió la reducción de la temporalidad a la concesión de créditos europeos». Además de una presunta vulneración del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Ley 20/2021 hace «continuas referencias» en su preámbulo a la Directiva Europea 1999/70 de la Comisión Europea y al mismo tiempo obvia que esta directiva «lleva más de veinte años esperando a ser transpuesta al sector público de nuestro país». «¿Cómo es posible que nuestros legisladores en un afán de justificar lo injustificable legislen en base a una directiva que no está transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico?», cuestionan los denunciantes.
Cuestionan las cifras del Gobierno
En su queja ante la Comisión Europea, la Asociación Defensa del Turno Libre recuerda que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Sánchez no aparece «ni una sola cifra exacta que haga referencia al número de plazas que se deben estabilizar», a pesar de que tanto la ministra Montero como el exministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta cuantificaron en 300.000 personas las que trabajan como interinos en la administración pública española.
Por ello, solicitan a los eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que soliciten a España un «análisis para evaluar si esta Ley 20/2021 es realmente efectiva» y que se analice si podría entrar en conflicto o situación de nulidad frente a otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo la Ley de Presupuestos Generales del Estado. «Resulta paradójico que en este preámbulo (de la ley) se proponga ahora elaborar por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública un informe anual de seguimiento de la tasa de temporalidad en el empleo público a modo de prevención y seguimiento de las medidas adoptadas. ¿Es que estos informes no se han hecho con anterioridad? Mucho nos tememos que no», indica la denuncia.
La queja de la Asociación Defensa del Turno Libre establece al final del documento un total de 12 conclusiones para intentar avalar su tesis de que la Ley 20/2021 vulnera el derecho europeo y nacional, además de esgrimir que no va a solucionar el grave problema de la temporalidad en nuestro país y que obligará a cientos de miles de opositores y funcionarios de carrera a tener que acudir ante los tribunales para poder defender sus derechos. «Nos sentimos olvidados, excluidos y atacados en nuestros derechos por nuestro propio Gobierno y por todos los Grupos Parlamentarios y organizaciones sindicales», señalan en la octava de sus conclusiones.
Se trata de la primera acción a nivel europeo de esta plataforma que engloba a unos mil funcionarios de carrera y opositores, pero no será la última. Según explica Antonio Cantero, vocal de la Asociación Defensa del Turno Libre, ya han iniciado otra acción en Europa de la que se conocerán detalles próximamente, y además atacarán de forma indirecta por vía judicial la presunta vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas que se plasmen en los procesos de estabilización convocados al abrigo de la Ley 20/2021. Una ley que Cantero considera «un engendro jurídico».
