La Abogacía del Estado pide no ejecutar el fallo del 25% hasta evaluar si el Govern lo cumple
El organismo apoya las medidas que había demandado la Conselleria de Educación (ERC) y pide implementar sus peticiones
Fachada del Palacio de Justicia de Cataluña, sede del TSJC. | Europa Press
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no active la ejecución forzosa de la sentencia que fija un 25% de castellano en el sistema educativo catalán hasta que evalúe el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat en respuesta al fallo.
En un escrito de alegaciones consultado este viernes por Europa Press, los servicios jurídicos del Estado han comunicado al tribunal que la Generalitat «ha justificado el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas (legal y reglamentaria) y una medida de control».
Se refieren al registro de la proposición de modificación de la ley de Política Lingüística, al inicio del trámite para redactar un proyecto de desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, y al encargo de una encuesta sobre la realidad sociolingüística.
Son los tres elementos que esgrimió la Conselleria de Educación de la Generalitat en un escrito al TSJC una vez se agotó el plazo de dos meses en el que no se podía pedir la ejecución forzosa.
Además, la Abogacía del Estado recuerda que la sentencia del 25% reconocía a la Generalitat «una libertad en la elección de las medidas a adoptar», reservándole al Govern ciertos aspectos en los que –textualmente– los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración.
Por ello, opina la Abogacía que para hacer ejecutar la sentencia «deberá apreciar previamente el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat».
Dicha valoración «será esencial para pronunciarse sobre si concurre o no el presupuesto fáctico que justifica la ejecución forzosa».
La Abogacía recuerda que la sentencia justificó la «acción judicial por inactividad» de la Administración –no haber desarrollado un régimen lingüístico– y pide que ahora que la Generalitat ha comunicado sus propuestas, espere a analizarlas.
Legitimidad de la AEB
Por otra parte, el Estado no cuestiona la legitimidad de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como «entidad afectada» para pedir la ejecución forzosa, como hizo el pasado mes de marzo en nombre de 1.643 familias con alumnos en el sistema educativo catalán.
En cambio, la Generalitat argumentó que AEB no estaba legitimada para hacerlo porque «no tiene la condición de persona afectada».
Fuentes de la AEB han destacado a Europa Press que el escrito de alegaciones implica que el Estado constata que la Generalitat todavía no ha cumplido con la sentencia, en el sentido de que no pide evitar la ejecución sino someterla a un análisis previo de la respuesta del Govern.
