El Govern no se conforma con el relevo en el CNI y se personará en la Audiencia Nacional
Exige «la desclasificación de las presuntas autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones del presidente catalán»
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja. | David Zorrakino (Europa Press)
La Generalitat ha dejado claro que la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, no es «suficiente» y, entre otras medidas, ha pedido por carta a la Moncloa desclasificar documentos, además de que se personará como acusación particular en la Audiencia Nacional.
En rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido de que «esto no va de gestos» ni de «cortar cabezas», por lo que el cese de Esteban «no lo resuelve todo, no cierra el tema y quien piense así, se equivoca. No es suficiente» ni «la única respuesta necesaria al problema».
De hecho, ha lamentado la falta de explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo central sobre esa destitución: «¿Cuáles son los argumentos que justifican el cese? ¿Por qué se va ahora o le hacen irse? ¿Es por haber permitido que se espiase a 65 independentistas? ¿O por no haber evitado el espionaje a su propio presidente? ¿O porque son demasiadas ya las evidencias de que el CNI ha actuado sin ningún tipo de control legal durante mucho tiempo?».
Para la Generalitat, son necesarias explicaciones «convincentes y claras» para saber «quién ordenó, quién permitió y quién tenía conocimiento» de ese espionaje a líderes independentistas.
Pero a pesar de que a lo largo de las últimas semanas el Govern ha apuntado directamente a la ministra de Defensa y la veía «incapacitada políticamente para seguir», en palabras del propio presidente catalán el pasado 27 de abril, en esta ocasión Plaja ha evitado poner «nombres y apellidos» sobre quién debe asumir responsabilidades y si Robles debe estar entre ellas.
Reiterando que «no ha habido ningún cambio» en la postura del Govern, que sigue defendiendo que «quien tenga algún tipo de responsabilidad sobre esto debe irse», Plaja ha argumentado que «el concepto de responsabilidades va más allá de dimisiones» y que también puede significar «dar todas las explicaciones».
Precisamente en esta línea, ha anunciado que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, detallándole las acciones aprobadas por la Generalitat y reclamándole «aclarar» el espionaje, «depurar responsabilidades» y garantizar que no se repita este espionaje.
Una misiva en la que también se pide «la desclasificación de las presuntas autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones del presidente catalán», como también acceder a los contratos del CNI y otras agencias estatales con NSO Group u otras empresas que ofrecen sistemas como Pegasus o similares.
Asimismo, la Generalitat se personará como acusación particular en las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, para así «tener acceso a información de primera mano» sobre el caso de espionaje, ante la «opacidad» del Gobierno.
Lo que en ningún caso «cambia la gravedad del asunto» es la noticia de que el teléfono móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasaka, también fue infectado por el sistema Pegasus. «Es muy grave que hayan espiado a un presidente, a un ministro o a veintiuno. Tan grave como los 65 independentistas espiados», ha dicho Plaja.
Respecto a la posible reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès, ha explicado que no hay novedades al respecto ni fecha concreta, más allá del «compromiso de que se celebre» un encuentro que, para Plaja, es «inaplazable y urgente». «¿Hasta cuándo van a demorarla?», se ha preguntado.
Por otro lado, el gobierno catalán ha recibido el informe de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña sobre el estado de la evolución del plan de protección a 500 altos cargos de la Generalitat, que contempla medidas de acompañamiento, formación, aumento de la seguridad de los dispositivos y comunicaciones, para ofrecer un grado de protección «adecuado» a esos dispositivos y «garantizar la confidencialidad de la información sensible».
