Caso Pegasus: Defensa y el CNI apuntan a órganos policiales dependientes de Marlaska
Paz Esteban y altos cargos del Ministerio de Margarita Robles han señalado a órganos policiales como posibles usuarios o clientes del ‘software’ espía israelí
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles | Europa Press
Una nueva batalla soterrada subyace en el Gobierno a cuenta de Pegasus y puede situar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de la diana. Fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE desvelan que tanto la directora cesada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, como altos cargos del Ministerio de Defensa señalan a órganos policiales dependientes del departamento que dirige Marlaska como posibles usuarios o clientes del software espía israelí utilizado para monitorizar a políticos, activistas y abogados independentistas.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 5 de mayo, según fuentes presenciales, Paz Esteban aseguró textualmente que «un requisito para adquirir el programa era que (el comprador) fuera un organismo de carácter o naturaleza estatal». Aunque no señaló expresamente al departamento de Marlaska, la directora cesada del CNI afirmó que el Ministerio del Interior «podía adquirir Pegasus», pero no llegó a confirmar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo adquiriesen.
Las citadas fuentes parlamentarias explican que Esteban fue críptica, como corresponde a su puesto, y que habría sido «una torpeza» explicitar algo así ante la presencia de múltiples portavoces que podrían desvelar la información posteriormente, como precisamente ocurrió. «Habría sido una bomba», opinan fuentes presentes en la comparecencia de la exdirectora del CNI, quienes interpretan lo dicho por Paz Esteban en la esfera de las sutilezas. De hecho, al ser preguntada con insistencia por los portavoces de los grupos independentistas –Gabriel Rufián de ERC, Miriam Nogueras de JxCAT o Toni Botrán de la CUP-, Esteban contestó con un «lo desconozco» a la pregunta de si su afirmación implicaba que Interior también disponía del sistema de escuchas telefónicas.
Defensa: «No solo el CNI disponía de Pegasus»
Fuentes del Ministerio de Defensa manifestaron la misma versión por esas fechas al apuntar que «no es cierto que sólo el CNI disponía de Pegasus». Altos cargos del departamento dirigido por Margarita Robles aseguran que «otros cuerpos policiales podían tenerlo». Las mismas fuentes no aclaran si se trata de organismos policiales estatales y apuntaron también a la posible tenencia de este malware por parte de «cuerpos policiales autonómicos», en referencia a los Mossos d’Esquadra.
Si bien la policía autonómica catalana depende orgánica y funcionalmente de la Generalitat, está obligada a reportar al Ministerio del Interior las cuestiones logísticas. Sin embargo, según adelanto este periódico, el sistema de intervenciones telefónicas del que dispone la policía autonómica catalana no es Pegasus, sino Galileo, un spyware perteneciente a la empresa italiana Hacking Team. Una compañía que «posteriormente quebró», según fuentes de Defensa.
Las insinuaciones del departamento que dirige Margarita Robles coinciden con las acusaciones que deslizó la propia ministra en la sesión de control de hace dos semanas, previa a la constitución de la comisión de gastos reservados y a posterior comparecencia de Paz Esteban. «¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos… cuando alguien está teniendo relaciones con un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no ha dicho nada cuándo se hackean organismos como el SEPE que impiden que los trabajadores puedan cobrar, cuando también ha habido hackeos de ministros, de teléfonos de ministros…?», le espetó Robles a Gabriel Rufián en la Cámara Baja el pasado 4 de mayo.
Marlaska: «Interior nunca ha comprado Pegasus»
A pesar de las insinuaciones deslizadas por la directora cesada del CNI y el Ministerio de Defensa, Grande-Marlaska insistió este viernes en que su Ministerio «no ha comprado» el software espía Pegasus y aseguró que nunca han mantenido negociaciones con la empresa responsable de la misma. Respecto al caso de espionaje llevado a cabo con el programa Pegasus, Marlaska ha insistido en que España es un Estado de Derecho donde se aplica la ley, con un Gobierno que «se somete al ordenamiento jurídico en todas y cada una de sus actuaciones». «Que la ciudadanía no tenga ninguna duda al respecto; forma parte de nuestro ADN el acatamiento y cumplimiento estricto de la Ley», aseveró el ministro.
Respecto a posibles comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje a independentistas con el spyware Pegasus, el titular de Interior ha indicado que no es el Gobierno de España el que tiene que decidirlo sino la mesa de la Cámara Baja. Añadió que, en todo caso, el Ejecutivo está dispuesto siempre «para dar cuentas cuando se le pide» ante los representantes de la soberanía popular.
ERC apunta a Robles y Puigdemont a Interior
La batalla soterrada por el uso de Pegasus entre Defensa e Interior también sigue ciertos paralelismos con las diferentes estrategias que están desarrollando los principales partidos independentistas catalanes. A propuesta de ERC, el Parlament de Cataluña pidió la dimisión de Margarita Robles el pasado jueves. El partido del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que demanda una reunión con Pedro Sánchez esta semana, no se contenta con la caída de la exdirectora del CNI y quiere que las responsabilidades recaigan finalmente en forma de dimisión o cese de la titular de Defensa. Sin embargo, también en la propia formación republicana hay divisiones entre la estrategia que siguen en Barcelona respecto a sus representantes en Madrid que hacen autocrítica respecto a haber «elevado demasiado el listón de las responsabilidades pidiendo la cabeza de Robles que jamás va a caer», según fuentes de ERC.
No obstante, como ya adelantó THE OBJECTIVE, desde el entorno del expresident fugado Carles Puigdemont se apunta a que organismos dependientes de Marlaska -«una suerte de Policía patriótica similar a la que operó durante el tiempo de Mariano Rajoy»- estarían a cargo de un espionaje que creen que va mucho más allá de los 18 líderes independentistas cuyos teléfonos fueron intervenidos por el CNI con autorización judicial. Desde JxCAT y el entorno de Puigdemont apuntan a posibles «elementos descontrolados» de Interior como responsables del espionaje con Pegasus a unos 65 líderes y activistas catalanes, desvelado por Citizen Lab, entre 2017 y 2020. Una hipótesis que suscriben también en Podemos.
Desde el entorno del expresident fugado Carles Puigdemont se apunta a que organismos dependientes de Marlaska -«una suerte de Policía patriótica similar a la que operó durante el tiempo de Mariano Rajoy»- estarían a cargo de un espionaje
«En el caso del CatalanGate parece evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez, sin tener clara ni la naturaleza ni la auténtica envergadura del escándalo, ha salido no a solucionarlo, sino a tratar de dar un carpetazo que, más temprano que tarde, terminará explotándole en la cara», apuntaba el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en su columna del pasado viernes en el elnacional.cat.
«El Gobierno central no sabe aún cuán amplio ha sido el espionaje, a cuántos nos ha afectado y, sobre todo, a quiénes (…) ¿Qué justificación se dará cuando, por ejemplo, comiencen a aparecer datos de contratos millonarios y ocultos, licencias de uso y documentos que vinculen Pegasus con otros estamentos estatales distintos del CNI?», advertía el letrado. Como adelantó este diario, tanto Boye como otros independentistas cercanos a Puigdemont se han querellado en distintos tribunales contra NSO Group, la empresa propietaria de Pegasus, y sus dueños, demandando que la Justicia esclarezca qué organismos desde España contrataron a la empresa israelí y sus filiales. Unas sospechas que apuntan hacia Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
