Los españoles, entre los ciudadanos de la UE que menos creen en la independencia judicial

Más del 50% de los españoles considera que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, una opinión crítica que achacan en buena medida a interferencias o presiones políticas, lo que sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea (UE) con peor percepción de su Justicia.

De acuerdo con el barómetro europeo de 2022 de la Comisión Europea, los españoles solo confían más en la independencia judicial que los italianos, los búlgaros, los eslovacos, los polacos y los croatas, al igual que el año pasado, mientras que los ciudadanos que más creen son los finlandeses, los daneses y los austriacos.

Hay que añadir que, como sucediera en 2021, cerca del 40% de los españoles valoran como buena o muy buena la independencia del sistema judicial, en tanto que menos de un 10% de los consultados en España ni sabe ni contesta.

A nivel general, la confianza en la independencia de la Justicia ha empeorado en catorce países desde el último barómetro.

Más del 40% de los españoles atribuyen a interferencias políticas su opinión negativa sobre la independencia judicial, una causa seguida de cerca por las presiones económicas o de otro tipo de intereses, una opción que también supera a quienes relacionan esta problemática con el estatus o la posición de los jueces.

Restablecer la confianza de la población

Al presentar el barómetro anual, la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha lamentado que la percepción pública de la independencia judicial «haya empeorado», en comparación al año pasado, «en aproximadamente la mitad de los Estados miembros».

«Es preocupante e indica que todos tenemos que actuar para restablecer la confianza de la población» en la Justicia, ha dicho, según el comunicado difundido este jueves por la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, el barómetro apunta que hay margen de mejora «notable» en la digitalización de los sistemas judiciales y en la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad, puesto que solo la mitad de los países de la UE cuentan con adaptaciones como la escritura Braille o el lenguaje de signos previa petición.