El Gobierno inmoviliza en Palma un yate de bandera española por las sanciones a Rusia
El Gobierno no precisa cuál es la persona o empresa que tiene la propiedad o control del yate, de 24 metros de eslora
Vista del yate ‘Lady Anastasia’, amarrado en Puerto Adriano, a 15 de marzo de 2022, Mallorca. | Europa Press
La Dirección General de la Marina Mercante ha ordenado la inmovilización del yate «Sasha Primero», un barco de recreo de bandera española atracado en el Club de Mar de Palma cuyo propietario estaría afectado por las sanciones a intereses rusos por la invasión de Ucrania.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha informado en una nota de prensa de que esta embarcación está incluida entre los bienes afectados por las medidas de presión contra oligarcas y empresa rusas aprobadas por la Unión Europea.
El Gobierno no precisa cuál es la persona o empresa que tiene la propiedad o control del yate, de 24 metros de eslora, aunque argumenta que la inmovilización responde a la sospecha de que el barco estaría incluido entre los bienes objeto de sanción por la agresión bélica de Rusia a Ucrania.
«Se procederá a recabar información que confirme la titularidad real del buque», indica el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, que subraya que el «Sasha Primero» es el cuarto yate requisado en España en cumplimiento de las represalias europeas contra el entorno personal y empresarial del presidente ruso, Vladimir Putin.
El 15 de marzo fue inmovilizado en Port Adriano, en Calvià, el yate «Lady Anastasia», propiedad del empresario ruso Alexander Mijeev, responsable de una compañía de fabricación de armas.
Esa embarcación había sido saboteada a finales de febrero por un tripulante ucraniano que intentó hundirla mientras estaba amarrada como venganza contra su patrón.
En las mismas fechas fue inmovilizado en el puerto de Barcelona el yate «Valerie», y una semana después se aplicó la misma medida en el puerto de Tarragona al yate «Crescent», por sospechas en ambos casos de que son propiedad de facto de personas o empresas objeto de las sanciones europeas contra los intereses económicos de Rusia y Bielorrusia.
«La Capitanía Marítima de Palma de Mallorca, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, será la encargada de garantizar la seguridad del buque, de la navegación, de la tripulación y del puerto de Palma», subraya el Mitma.
