Olona podrá ser candidata el 19-J porque no dará tiempo a resolver el recurso de su padrón
Los expertos sostienen que el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Salobreña se resolverá después de que se hayan proclamado las candidaturas
Macarena Olona en un acto de la Fundación Disenso en Almería. | Rafael González (Europa Press)
Macarena Olona tendrá que superar un nuevo obstáculo en su camino a San Telmo. El Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha iniciado de oficio este viernes un procedimiento para dar de baja su empadronamiento. Cuenta con 15 días para presentar alegaciones. Durante ese tiempo seguirá dada de alta en el registro municipal. Un asunto que puede resultar clave. Los expertos avanzan que acabará siendo la candidata de Vox a la Junta de Andalucía el 19 de junio porque el expediente se resolverá después de que se hayan proclamado las candidaturas.
Los partidos políticos tenían que presentar dichas candidaturas entre el 11 y el 16 de mayo. Vox apuró los plazos y registró sus equipos el mismo día 16. Como ya adelantó este diario, Macarena Olona encabezaba la lista por Granada. La polémica saltó al conocerse que se había empadronado en noviembre en la casa de un compañero de Salobreña. El artículo 4 de la Ley Electoral de Andalucía establece que son elegibles aquellos ciudadanos que tengan la condición política de andaluces que marca el artículo 5 del Estatuto de Autonomía. Esto es, los españoles que acrediten vecindad administrativa en cualquier localidad de la región.
Olona en Salobreña
La portavoz adjunta en el Congreso no necesitó empadronarse en la provincia para presentarse a las elecciones generales por esta misma circunscripción. Un requisito ineludible en los comicios autonómicos. Olona se inscribió hace seis meses en Andalucía, por lo que estaría en el censo que se toma como referencia, el de dos meses antes a la convocatoria. Se empadronó en la casa del presidente provincial del partido, Manuel Martín Montero. La izquierda andaluza la acusa de «fraude» porque asegura que nunca ha vivido en la provincia. Algo que reconoció el propio Martín Montero: «No puedo decir que esté aquí regularmente porque estaría mintiendo. Viene a veces en vacaciones y le cedo la parte de arriba».
La coalición Andaluces Levantaos registró el miércoles un recurso ante la Junta Electoral Provincial contra la candidatura de Olona por supuesto «incumplimiento del requisito de vecindad» en Andalucía y «empadronamiento ficticio». El órgano administrativo debe tomar una decisión al respecto antes del lunes 23 de mayo, cuando deben proclamarse las candidaturas. Un día después saldrán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un prestigioso jurista curtido en estas lides sostiene que como ese día Olona seguirá empadronada en Salobreña, no tendrá problemas para ser la candidata.
«Por mucha prisa que se dé el Ayuntamiento de Salobreña en dirimir la cuestión, no llegará a tiempo. A pesar del recurso presentado, la Junta Electoral Provincial no puede emitir opiniones, sino contrastar. Solo tiene que verificar que está en el censo», afirma este experto que prefiere no revelar su identidad. No obstante, reconoce que el procedimiento iniciado por el Consistorio granadino evidencia que la dirigente de Vox incurrió en «un fraude de ley».
Este jurista sostiene que el asunto del empadronamiento de Macarena Olona «no va a tener mucho recorrido», aunque admite que podría existir una posibilidad, ya que el artículo 24 de la ley Electoral de Andalucía permite impugnar las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial a los representantes del resto de fuerzas que concurran por esa circunscripción. «Ahí podría estar la clave», insiste. Otra cuestión va a estar en los recursos contenciosos-administrativos que se interpongan en los tribunales andaluces. En ese caso, la resolución llegaría tarde porque la candidata de Vox a la Junta ya habría obtenido su acta.
«Fraude de ley»
«Se pueden realizar interpretaciones en ambos sentidos», defiende Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. En su opinión, «hay que atajar estos subterfugios. Si hay normas establecidas, hay que aplicarlas, aunque sin vulnerar el derecho fundamental de participación política». Fernandes sostiene que, al no existir resolución firme del Ayuntamiento de Salobreña, hay que guiarse por la situación del empadronamiento en el momento de la proclamación de candidaturas. Después, las normas impiden hacer modificaciones en las listas. Las bajas se cubren con los candidatos sucesivos y los suplentes.
Baldomero Oliver León, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada (UGR), sostiene que si la proclamación de Olona se decide antes de que se resuelva el recurso sería candidata, ya que cumpliría el requisito de estar empadronada. En ese caso se podría impugnarse ante la jurisdicción contenciosa electoral. «Sería el juez electoral, o incluso el Tribunal Constitucional, quien resolviera la cuestión». «El juez podría decantarse por apreciar condiciones formales o realizar averiguaciones para determinar que el comportamiento de la candidata de Vox supone un fraude de ley», insiste. Incluso podría darse «un incumplimiento sobrevenido» si la Mesa del Parlamento niega la entrega del acta por no cumplir con los requisitos.
El profesor granadino no descarta que el órgano administrativo realice una interpretación garantista de las normas. «Puede entender que el concepto de vecindad es más amplio y que no puede vulnerar el derecho de participación que establece el artículo 23 de la Constitución». Y opina: «Más allá del problema jurídico que tiene que resolver la Junta Electoral Provincial, se le está haciendo la campaña electoral a Olona. El asunto del recurso supone un flaco favor porque se le está dando un gran relieve mediático».
Una visión en la que coinciden los dirigentes de Vox consultados por THE OBJECTIVE. Públicamente se han lanzado en tromba contra la decisión del Ayuntamiento de Salobreña. Especialmente, después de que su alcaldesa, la socialista María Eugenia Rufino, asegurara hace unos días que el empadronamiento reunió «todos los requisitos administrativos exigibles». En privado, en cambio, reconocen que convertir a Olona en la víctima supone «un filón electoral» que les viene bien para «multiplicar los resultados». Si finalmente no le permiten seguir en la carrera recuperarían «un activo» en el Congreso.
«Tienen miedo al cambio real»
«Tienen miedo a que los andaluces elijan. Tienen miedo al cambio real. Son capaces de censurar, de prevaricar, de pisotear derechos fundamentales. El próximo 19 de junio responderán las urnas», ha escrito Santiago Abascal en su perfil de Twitter. El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, también ha dejado su impronta en la red social del pajarito: «Decenas de miles de inmigrantes ilegales empadronados en toda España para recibir beneficios sociales. Ese es el escándalo del Padrón en España. Macarena Olona será presidente de la Junta de Andalucía».
La cuenta oficial de Vox ha llegado más lejos. Habla de coartar los derechos fundamentales de los andaluces «arrebatándoles la libertad de poder elegir a sus representantes». Sin embargo, en la formación verde hacen de la necesidad virtud. Los dirigentes de la formación verde consultados por este diario son optimistas respecto a la candidatura de Olona. No obstante, ya trabajan en un escenario alternativo porque, aseguran, «hay banquillo».
«Que nadie se lleve a engaño. El bulo sobre mi empadronamiento en Salobreña es obra del binomio PP y PSOE, que están aterrados porque me han escuchado decir que entro en San Telmo con una auténtica escoba. Y lo más importante: ambos conocen mi trayectoria», aseguró Olona este viernes en los micrófonos de Decisión Radio. La abogada del Estado no tiene dudas de que conseguirá salvar el escollo de la vecindad. Hay antecedentes para todos los gustos.
Uno de los casos más mediáticos es el de Carles Puigdemont, cuya candidatura al Parlamento Europeo en 2019 invalidó la Junta Electoral Central por vivir fuera de España. El expresidente catalán, empadronado en Girona pero considerado prófugo por la Justicia, recurrió y los tribunales le dieron la razón. Otro caso lo protagonizó Toni Cantó, al que Isabel Díaz Ayuso incluyó en la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid en 2021. Fue excluido porque se había inscrito tras la convocatoria electoral. O Javier Maroto, al que Castilla y León nombró senador por designación autonómica poco después de empadronarse en la región.
