El hermano de Puig rechaza haber defraudado en el marco de la investigación contra él
Los juzgados investigan la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón
Francis Puig. | Europa Press
La defensa de Francis Puig, el administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL y hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este lunes que en este caso no hay fraude en subvenciones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas por su cliente no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal y, al respecto, ha afirmado que aportarán toda la documentación que demostrará que tampoco hubo falsedad en las facturas.
Así, lo ha apuntado el abogado de Francis Puig, Javier Falomir, en declaraciones a los medios a la salida de los juzgados, donde Francis Puig ha prestado declaración durante cuatro horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. En su declaración, Puig ha respondido a todas las preguntas de Fiscalía Anticorrupción, pero se ha negado a contestar a las del PP.
En ese sentido, el letrado ha destacado que han salido «muy contentos» porque confían en que este caso se cierre «cuanto antes» porque se trata de un «procedimiento desafortunado basado en datos erróneos». De hecho, asegura que en la sesión de hoy se ha visto que el informe de la Guardia Civil «no es concluyente» como demuestra, en su opinión, que la Fiscalía Anticorrupción haya tenido que pedir también un informe a Intervención. La empresa ya lo solicitó.
El letrado argumenta que el informe de la Guardia Civil «induce a error» porque para alcanzar los 120.000 euros que exige el tipo penal de fraude de subvenciones «no hay que sumar todos los importes concedidos sino solo los irregulares» y las cantidades cuestionadas por la Benemérita «no llegan ni de lejos a ese importe». En todo caso se trataría de un delito de falsedad, pero ha recalcado que presentarán documentación con la que desmontarán esta acusación.
Además, de esta documentación pedirán la declaración como testigo del jefe del Servicio de entonces para que explique el sistema de resolución de las subvenciones que concede la Generalitat y, junto al informe solicitado de Intervención –que «no traerá sorpresas» subraya–, pedirán el sobreseimiento del caso.
El letrado ha explicado que el informe de la Guardia Civil señala cuatro grupos de problemas y lamenta que algunos de ellos corresponden simplemente a cuestiones que «podría haber comprobado mejor» y otras a un desconocimiento del sistema de subvenciones.
Así, ha recriminado, ante «las dudas» de la UCO sobre que haya suministros que se presten en los lugares de trabajo de las empresas por el cambio de sede, que no haya reclamado a Hacienda los certificados y las altas de esos domicilios. «Es verdad que hay proveedores que han seguido manteniendo en las facturas domicilios que no eran los que tocaban y que ahora vamos a justificar», ha garantizado.
Del mismo modo, respecto a las ayudas de Avalem, señala que aunque el informe «no concluye que haya ningún tipo de problema con ello», recrimina que la Guardia Civil ha dejado caer «una serie de perlas que podrían habérselas ahorrado porque no tienen ningún tipo de valor».
Respecto a la falta de acreditación en los pagos, ha explicado que algunos casos corresponden a empresas que son a la vez su cliente y proveedor y se compensan desde el punto de vista contable y aportarán ahora las facturas compensadas. En otros casos, ha apuntado que la Guardia Civil «no han visto los pagos simplemente», pero asegura que sí se han hecho por transferencias.
Facturas duplicadas
Respecto a facturas duplicadas, ha señalado que «el problema» de la Guardia Civil es que «no entiende muy bien cómo es el sistema» de subvenciones. «No es que sea un error por su parte, sino que no sabe cómo funciona», ha señalado.
Así, ha aclarado que las subvenciones en Valencia y en Cataluña se resuelven de manera «completamente distinta». Por ello, aunque aportaron facturas en Valencia y Cataluña, y en algunos casos son las mismas, «no significa que estemos imputando el cien por cien del gasto en los dos, no tiene nada que ver, luego es cada Administración la que decide qué nos subvenciona y qué no» .
De este modo, ha explicado que cuando Valencia resuelve las subvenciones, a ninguna empresa «jamás dice qué gastos ha imputado a la subvención, sino que concede la subvención». «Pero yo no sé si han ido a nóminas, a gastos corrientes, o a Seguridad Social, no lo explica nunca al cliente», ha afirmado.
Por ello, cuando concurren a una subvención en Cataluña «tiene que presentar todo y la Administración ya decidirá qué es subvencionable y qué no». Así, recalcado que «ni siquiera a día hoy, después de haber pasado por los planes de control, que todos han salido favorables y nunca hemos tenido que reintegrar nada, nos han explicado a qué se ha concedido subvenciones».
Por su parte, las bases para optar a una subvención en Cataluña «no piden indicar en absoluto si se ha recibido una subvención en Valencia sino solamente si se han recibido de la Generalitat catalana otras subvenciones para ese mismo concepto».
La Policía Judicial detectó cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas
El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil detectó cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas concedidas a la subvención del valenciano y el catalán por la Generalitat valenciana y la catalana a empresas vinculadas al empresario Francis Puig, que van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería, otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado y otras duplicadas.
Así consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga este caso, con fecha de 31 de marzo.
El fiscal había solicitado la declaración de Francis Puig por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las mercantiles que administran no ha podido ser determinada y la de Bovell, administrador solidario de la mercantil Canal Maestrat, por estos motivos y por las imputaciones de falseamiento de nóminas para la obtención de subvenciones.
Igualmente había pedido en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana realicen un informe-auditoría sobre las subvenciones recibidas de la Generalitat valenciana y catalana por cada una de las sociedades entre 2015 y 2018 (Comunicacions del Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat), para determinar las cantidades que han podido ser obtenidas indebidamente, petición a la que también ha accedido el magistrado.
Según las conclusiones de la Guardia Civil recogidas en el escrito del fiscal, se comprobó la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondiera en todas las empresas analizadas, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otras facturas de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado según las bases reguladoras de las ayudas.
En este último caso, de acuerdo con la fiscal, en el supuesto de que no lo sean, la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro, y facturas duplicadas y de suministro de energía u otros que no se corresponde con el domicilio social, que integrarían en el primero concepto salvo que también sean ficticias.
Igualmente, la Policía Judicial constata la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalitat Valenciana y a las de Cataluña, esto es, «solicitar íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos». Según el fiscal, esta acción debe tenerse en cuenta sobre todo en el caso de la última administración dado que la justificación de gastos es la del año anterior y pide comparar cuantías entre las subvenciones de ambos gobiernos para averiguar el exceso en el gasto acreditado.
De acuerdo con el fiscal, la omisión en la solicitud de que se han recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de las de Cataluña, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior, debería ser reconducida a la conducta de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones.
