Abren una cuenta para pagar la demanda de la expareja de María Sevilla contra Irene Montero
Rafael Marcos va a demandar ante los juzgados de Madrid a la ministra de Igualdad por daño al honor
La Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid) ha puesto en marcha una cuenta bancaria para recibir donaciones con las que financiar la demanda civil por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor que Rafael Marcos, padre del niño sustraído por la indultada María Sevilla, va a interponer durante los próximos días en los juzgados de Madrid contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam.
Como ha adelantado THE OBJECTIVE, Marcos va a demandar ante los juzgados de Madrid a ambas altos cargos de Igualdad por unas declaraciones efectuadas el miércoles -tras publicarse en el BOE el indulto a Sevilla- en las que indirectamente le acusaban de ser un maltratador, a pesar de no tener ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo. Anavid ha abierto una cuenta bancaria para que la gente que lo desee pueda hacer donaciones de forma voluntaria, y también a través de Bizum.
«Rafael está decidido a demandar a todas aquellos cargos públicos que hayan podido ocasionar un daño a su honor. Personas como Montero y Rodríguez Pam han realizado acusaciones muy graves y él ha decidido interponer una demanda», explica Guadalupe Sánchez, abogada del equipo jurídico que va a asistir de forma gratuita al padre del menor sustraído por la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, indultada por el Consejo de Ministros pese a haber sido condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión.
Número de cuenta bancaria
«Todo el dinero se va a depositar ante notario y va a ir destinado íntegramente al pago de las costas del juicio», añade la abogada. Al tratarse de una demanda civil, cuanto mayor sea el dinero reclamado como indemnización a Montero y Rodríguez Pam por la vulneración a su derecho al honor, mayores serían las costas del juicio que Rafael Marcos tendría que afrontar. «Si no pedimos una indemnización cuantiosa, los ataques a Rafael no van a parar», agrega Guadalupe Sánchez.
El número de cuenta habilitado por Anavid es el ES59 0073 0100 5605 0638 7896. Rafael Marcos va a interponer una demanda civil ante los juzgados de Madrid contra ambas altos cargos del Gobierno por unas declaraciones efectuadas ayer -tras publicarse en el BOE el indulto a Sevilla- en las que indirectamente le acusaban de ser un maltratador, a pesar de no tener ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo.
«Voy a llegar hasta el final no solo para defender mi honor, sino para hacer lo que Irene Montero, el Ministerio de Igualdad y el Consejo de Ministros no han hecho, que es proteger la seguridad y la integridad de mi hijo», ha afirmado Rafael Marcos en declaraciones a este diario. En concreto, la demanda contra Irene Montero se interpondrá en los próximos días por unas declaraciones en las que la ministra defendió y celebró este miércoles el indulto parcial concedido por el Gobierno a María Sevilla, condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión.
Sin referirse directamente al padre del menor sustraído por la presidente de Infancia Libre, pero en clara alusión al caso de María Sevilla y durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, Montero insistió ayer en que «por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas».
Al tratarse de un procedimiento civil, y no penal, el demandante sortearía la condición de aforada de Irene Montero. De acuerdo con la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.
Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre fuese condenada posteriormente por secuestrar al pequeño. La mujer fue condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad. Sin embargo, en un decreto publicado ayer en el BOE, el Gobierno le concedió un indulto parcial.
Demandará a la secretaria de Estado de Igualdad
La demanda interpuesta por Rafael Marcos también irá dirigida contra la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, por unas manifestaciones en las que también acusaba a los jueces de «criminalizar» a mujeres como María Sevilla o Juana Rivas a las que ahora el Gobierno ha indultado a pesar de tener condenas firmes en su contra por sustracción de menores. Unas declaraciones en las que, de nuevo sin nombrarle directamente, la secretaria de Estado también asociaba a Marcos con presuntos delitos de maltrato por los que nunca ha sido condenado, sino absuelto.
«Si tu padre es un maltratador, tú no puedes, como hijo menor de edad, visitar a tu padre. Es una cosa muy obvia, pero es necesaria ponerla en una ley. Los maltratadores no son buenos padres. Y por lo tanto lo que hicimos fue prohibir el régimen de visitas. ¿Qué sucede? Que había muchos jueces que durante muchísimo tiempo han dictaminado igualmente regímenes de visitas, incluso estando ya prohibido en la ley. ¿Qué hacemos con esas mujeres que han protegido a sus hijos de ver a sus maltratadores? », se cuestionaba Rodríguez Pam el miércoles en las en una declaraciones en TikTok.
«Es el caso de María Salmerón, María Sevilla, de Irene Costumero y de Juana Rivas. Y de tantas otras mujeres. Lo que tenemos que hacer es reconocerles un indulto porque ellas, lo que han intentado es poner su cuerpo por delante para que a lo mejor un niño de seis años no volviera a ver a su padre que le estaba agrediendo sexualmente», añadía Rodríguez Pam. En línea con la tesis de Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género agregaba que «estas mujeres, lejos de tener que ser criminalizadas por la Justicia, lo que tienen que ser es protegidas y reparadas por el Estado».