El sectarismo de género de Irene Montero
«Para Irene Montero no hay normas, sino dogma. Pone su ideología por encima de la ley»
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
Dijo Oscar Wilde que estamos dominados por fanáticos cuyo peor vicio es la sinceridad. Parece que nada ha cambiado casi dos siglos después, pues es evidente que nos gobiernan sectarios que jamás han ocultado sus intenciones, al menos en lo que se refiere a la instrumentalización del feminismo como ariete para arremeter contra los cimientos en los que se asientan nuestro Estado democrático y de Derecho. Pero se impuso en la opinión pública esa infausta creencia de que las instituciones moldean a los políticos y no al revés: algo así como que la oposición embrutece y el poder modera. Qué duda cabe de que la banda de Sánchez ha dejado en pañales a quienes en algún momento pensaron que esto sería así.
Otros, sin embargo, ya lo vimos venir antes de que se conformase este nefasto gobierno. Para bien o para mal, yo estoy en ese reducido grupo de Cassandras que, como en el relato homérico, advirtieron de lo que se nos venía encima en no pocos artículos y hasta en un libro, al que titulé atinadamente: Populismo Punitivo (Ediciones Deusto, 2020). En muchos aspectos, la obra es la crónica de una degradación anunciada.
Para Irene Montero no hay normas, sino dogma. Pone su ideología por encima de la ley, de la separación de poderes y del interés superior del menor. Es una sectaria convencida de que la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de sexo proclamados en el art. 14 de nuestra Constitución son un fraude, una mascarada construida por un sistema patriarcal que oprime a la mujer por el mero hecho de serlo. Y cree firmemente que la única forma de poner fin a esta opresión endémica es reemplazar la igualdad por el privilegio: que donde antes se impartía justicia, ahora se ejecute venganza.
El resultado es que al hombre se le criminaliza de forma colectiva y arbitraria mientras que a la mujer se la victimiza y justifica. Que se soslayan los verdaderos motivos y causas que subyacen tras los hechos delictivos para subsumirlos en el saco de la violencia de género. Que se ha convertido al sexo es una causa eximente o agravante dependiendo de si el autor del delito es hombre o mujer.
Y para conseguir sus fines no dudan en retorcer las leyes ni en desnaturalizar las instituciones. Miren si no en lo que han convertido al indulto, una figura jurídica decimonónica excepcional transformada en una herramienta al servicio de las necesidades ideológicas y de gobernabilidad del sanchismo con la que el poder ejecutivo corrige y humilla al judicial. Desdeñan los principios constitucionales en los que se sostienen las sentencias y los reemplazan por los propios, de forma que el indulto sirva para dotar de virtualidad al aberrante dogma de «hermana, yo si te creo», que deroga la presunción de inocencia y las reglas de la carga de la prueba en el proceso penal.
Después del indulto a los políticos sediciosos catalanes y a la sustractora de menores Juana Rivas, le ha llegado el turno a María Sevilla. Una señora condenada por secuestrar a su hijo y ocultarlo en una finca en medio de la nada, sin escolarizar y sin atención sanitaria. Pero para Irene Montero el sufrimiento y las agonías del niño y de su padre no son importantes, porque María Sevilla es una madre. Y las madres son siempre protectoras, porque forman parte de ese nutrido grupo de «hermanas» a las que hemos de creer imperativamente y que están exentas de responder por sus actos. Si a la condición de «hermana» y madre de María Sevilla, unimos su posición de presidenta de la asociación Infancia Libre, tenemos ya la cuadratura del círculo: asesoró a Podemos en materia de abusos intrafamiliares. Desde luego, hay que reconocerle a la ministra indultadora su buen tino escogiendo asesoras, porque es indiscutible que la susodicha goza de acreditada experiencia en la materia sobre la que la aconsejó.
Harían ustedes mal en endilgar la responsabilidad de esta salvajada al podemismo y a sus representantes en el Gobierno, porque los indultos los decide el Consejo de Ministros. Esta barbaridad inmoral y arbitraria la han avalado también quienes la prensa se empeña en hacer pasar por moderados, como Calviño o Escrivá. El socialismo de Sánchez se diferencia muy poco del comunismo de Podemos. Pensar que esta pesadilla de atrocidades se soluciona pasando página sería un grave error: necesitamos reformas que doten a nuestras instituciones de mecanismos que las protejan de quienes las prostituyen y colonizan. Un buen comienzo sería reformar la ley del indulto de forma que el Tribunal Supremo goce de habilitación normativa expresa para revisar los fundamentos de la medida de gracia y no sólo sus elementos formales, sometiendo así las motivaciones al control de interdicción de la arbitrariedad. Lo que nuestra democracia vaya a ser en el futuro depende de cuestiones como ésta, no sólo de que cuadren las cuentas públicas. Algunos partidos de la oposición harían bien en no olvidarlo.
