El Govern recurre el ultimátum del TSJC sobre el 25% y alega que prepara una nueva norma
Argumenta que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar «graves prejuicios»
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. | David Zorrakino (Europa Press)
La Generalitat ha recurrido el ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para implantar un 25% de clases de castellano en las escuelas, alegando que prepara una normativa nueva y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar «graves prejuicios».
En su escrito, el Gobierno catalán pide al TSJC que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia, que expira el martes próximo, y reconozca que el Departamento de Educación está «llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales» en la enseñanza.
El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha presentado este recurso, después de que se aplazara el pleno previsto para este viernes en el Parlament para aprobar en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales pactada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, a la espera del dictamen solicitado por Vox, Cs y PP al Consejo de Garantías Estatutarias.
La petición del dictamen amenaza con desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de aprobar la nueva ley -que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular»- antes del plazo máximo fijado por el TSJC.
El escrito de la Generalitat, al que ha tenido acceso Efe, recuerda al TSJC que «lo que no se puede pretender es que las iniciativas normativas iniciadas se aprueben sin cumplir los trámites que son preceptivos» y que no es descartable que «en cualquier momento» el Govern utilice «otro instrumento normativo, aún más rápido en su tramitación, como es el decreto ley, para regular los usos lingüísticos en la escuela».
El Gabinete Jurídico rechaza la «inactividad normativa» que la sentencia achaca a la Generalitat y recalca que «el redactado que se quiere dar» a los artículos que modifican la ley de usos lingüísticos en la educación son «suficientemente explícitos para constatar cuál es el resultado perseguido» con la nueva regulación.
Según el Govern, el TSJC ha alterado los términos de su propia sentencia cuando ordena aprobar unas «instrucciones internas de servicio» en quince días para garantizar el 25% de castellano, pese a que la Abogacía del Estado -que impulsó la demanda con el Gobierno del PP- reconoce que la Generalitat tiene «libertad para escoger las mejores medidas a adoptar» para aplicar el fallo.
Para la Generalitat, los derechos lingüísticos de los alumnos, vinculados a su derecho a la educación, y las obligaciones de los profesores «no se puede modificar con unas instrucciones de servicio internas» como exige el TSJC, por lo que se está llevando a cabo una modificación de la ley y un despliegue reglamentario con el fin de «regular y aclarar el marco normativo» sobre la lengua en las aulas.
