Decenas de facturas apuntan a que cargos del PSOE valenciano recibieron 1,3 millones en sobornos
Han aparecido decenas de facturas que revelan posibles sobornos por valor de 1,3 millones de euros a cambio de adjudicaciones urbanísticas
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el exportavoz socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata. | Rober Solsona (EP)
Decenas de facturas acreditan que el PSOE de Valencia se podría haber beneficiado de una trama corrupta, en la que incluso pudo llegar a obtener financiación para campaña electorales. Así lo desprende el sumario del caso Azud, que desvela este lunes El Mundo, y que relaciona a altos cargos del Gobierno valenciano con la macrocausa de corrupción urbanística.
En concreto, según apunta el diario que publica la información, estarían envueltos en la causa el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, el exresponsable de finanzas de la formación José María Cataluña. Además, el abogado del principal investigado es Manolo Mata, que hasta hace unas semanas era el número dos de Ximo Puig en el partido.
Ahora, la Fiscalía apunta a que las decenas de facturas que aparecieron en los registros y que han salido a la luz una vez que se ha desvelado el sumario podrían ser falsas. Todo ello para esconder posibles sobornos a altos cargos socialistas a cambio de conseguir adjudicaciones urbanísticas y esa posible financiación ilegal del partido.
El Mundo señala a José Luis Vera como la persona principal de la trama. Abogado y vinculado al PSOE de la Comunidad Valenciana, según la investigación, Vera ha sido el punto en común entre la trama de corrupción y los altos cargos socialistas que se habrían beneficiado de la misma.
Facturas falsas
En concreto, las facturas que aparecieron y de las que la Fiscalía sospecha que son falsas ascienden a 1,3 millones. Dicha cantidad fue cobrada supuestamente por Vera entre 2007 y 2012. Y la persona que habría abonado el dinero habría sido el empresario Jaime Febrer (el defendido por Manolo Mata), principal investigado del caso Azud. Según apunta el Ministerio Público, Febrer sobornó durante años a políticos para lograr desarrollos urbanísticos.
