La oferta de viviendas de alquiler residencial en Barcelona cae hasta un 50% en dos años
La intervención de los ejecutivos ha incrementado la inseguridad jurídica de los propietarios, lo que ha dado como resultado desequilibrios entre oferta y demanda
La Generalitat de Cataluña aprobó en el año 2019 diversas normativas que han provocado consecuencias opuestas a las que se esperaban. Las propuestas estaban destinadas a frenar el alza de precios a través del uso de las leyes y el efecto conseguido ha sido lejano al propuesto, ya que muchos propietarios han decidido retirar del mercado su vivienda destinada al alquiler debido a la inseguridad jurídica que provocaron estas leyes y al escaso rédito que podían obtener del alquiler.
«Al contrario de lo que pretendían, las autoridades han provocado que la oferta se haya contraído impidiendo un descenso de los precios. El desequilibrio entre demanda y oferta genera precios que cada vez presionan más los ingresos de los hogares. Este tipo de medidas restrictivas solo reducen el stock de viviendas disponibles», explica Sergi Gargallo, Director General de Lloguer Segur.
Durante los últimos tres años, el número de inmuebles ofertados en el mercado del alquiler residencial ha caído en torno al 50% a favor de otros modelos. Así, el más beneficiado ha sido el temporal que, con una normativa más abierta, ha llegado a crecer en este periodo más de un 27%. «Este trasvase está empeorando las condiciones de acceso a una vivienda a los inquilinos», sintetiza Gargallo. Además, por otro lado, existe otra parte de los arrendadores que están optando por cerrar o vender sus inmuebles con lo que las previsiones de Lloguer Segur indican que el stock continuará a la baja.
Una oferta irreal
Junto con las injerencias políticas, los propietarios catalanes, también han tenido que hacer frente a otros factores externos como, por ejemplo, la crisis de la covid-19, que trajo consigo que los arrendadores de viviendas de uso turístico decidieran traspasar sus inmuebles al mercado residencial como una solución improvisada. Así, durante los últimos meses, «existía la falsa impresión de equilibrio entre oferta y demanda que, ahora, se está haciendo patente ya que muchos propietarios han vuelto a destinar su vivienda al turístico», argumenta Gargallo.
Todos estos factores (inseguridad jurídica y reducción de la oferta) provocarán un acusado desequilibrio a corto y medio plazo que generará incrementos de un 8% en los precios en el mejor de los escenarios. «Para paliar esta situación, será necesario incentivar la oferta ofreciendo seguridad jurídica a arrendadores con la que generar una estabilidad que actualmente no existe», indica.