El Gobierno sanciona con la 'ley mordaza' a un periodista por cubrir la crisis migratoria en Canarias

El fotógrafo tendrá que pagar 800 euros por «falta de respeto a un policía» y «negativa a identificarse»

El Gobierno ha sancionado con 800 euros al fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer de 1995, por dos infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana que le atribuye un policía a cuenta de un episodio ocurrido el 2 de diciembre de 2020 en el muelle de Arguineguín.

«Ese día era un día histórico», recuerda Bauluz. «Era el primer día en que llegaba Salvamento con un rescate a Arguineguín después de que el muelle dejara de ser un campo de concentración con 2.700 personas sobre el suelo; era el día en el que las reglas del juego cambiaban, en el que íbamos a ver si nos dejaban trabajar una distancia prudencial o volvían a alejarnos a 200 metros».

El fotoperiodista asturiano, que cubrió durante meses la crisis migratoria en Canarias para El País, había llegado al muelle cuando atracaba el barco de Salvamento Marítimo, antes de que se desplegase el habitual dispositivo policial. Se acercó y comenzó a disparar las fotos que desde hacía tiempo reclamaba tomar, a una distancia que permitiera retratar a los inmigrantes «como personas», no como una «masa sin cara». Y no estaba solo, por el muelle paseaban en ese momento varios turistas.

Lo que ocurrió después está grabado en un vídeo que Bauluz ha publicado en sus redes sociales: dos policías se le acercan, le ordenan que se aleje y, mientras él camina con uno de los agentes hacia donde le indican, el otro le agarra por detrás del brazo izquierdo. El fotoperiodista retira el brazo sorprendido y manotea para que no le agarren: «¡Que no me toque!», se le escucha decir.

«Saben dónde te agarran, en un nervio. Sentí como un latigazo y levanté el brazo de dolor, de manera instintiva, y lo seguí levantando para que no me agarraran», relata año y medio después.

Por esos hechos, Bauluz ha sido sancionado por dos infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana: falta de respeto a un policía (700 euros) y negativa a identificarse (100). El periodista niega que faltase al respeto a nadie y, respecto al segundo cargo, solo subraya que en el vídeo se le ve entregando el DNI al agente.

En esos días de finales de noviembre, en el muelle de Arguineguín se hacinaban más de 2.500 personas que dormían sobre el suelo y, a veces, sin nada con que protegerse del sol o de la lluvia, en unas condiciones que fueron reiteradamente denuncias por organizaciones como la CEAR, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, o por el propio juez de supervisión del CIE de Gran Canaria.

El 29 de noviembre de 2020, por la noche, el campamento se desmanteló, después de que el Defensor del Pueblo enviase un requerimiento al Ministerio del Interior por sus malas condiciones.

Fuente: EFE.