Un exabogado de Vox en Andalucía lleva a juicio al partido por acoso laboral
El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla fija la vista oral para el 7 de septiembre. El antiguo jefe de los servicios jurídicos en el Parlamento reclama 105.000 euros
El líder nacional de Vox durante la noche electoral en Andalucía de 2018. | Rocío Fernández (Europa Press)
Le dieron de baja en la seguridad social, le quitaron el despacho y le impidieron acceder a sus herramientas de trabajo mientras se encontraba de baja médica. Así lo asegura en su denuncia el abogado Francisco Javier Martínez. Ha demandado a Vox por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. El antiguo responsable jurídico del Grupo Parlamentario en Andalucía reclama 105.000 euros de indemnización. Alega que tuvo que cerrar su despacho para atender al partido y que este suprimió la relación contractual de manera unilateral. El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha fijado la vista oral para el 7 de septiembre.
Martínez, de 59 años, comenzó a trabajar para el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía en febrero de 2019. Antes tuvo que superar una entrevista con varios dirigentes nacionales. Según explica en la demanda, presentada en junio del año siguiente, la formación le pidió dedicación exclusiva como responsable de los servicios jurídicos en la Cámara regional. Entre sus labores se encontraba asesorar jurídicamente a los 12 parlamentarios que conformaban el grupo, estudiar la viabilidad de sus iniciativas y registrarlas.
Letrado de Vox
La relación se erosionó meses después de comenzar a trabajar con la formación verde. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de Vox. Martínez reclama una indemnización de 105.000 euros por daños y perjuicios tras ser despedido durante una baja médica cuando solo llevaba un año trabajando para ellos. Una cantidad que, en su opinión, dejó de ingresar cuando el grupo parlamentario decidió interrumpir la relación contractual de manera unilateral.
El juicio estaba previsto inicialmente para el 25 de mayo, días antes del inicio de la campaña electoral en Andalucía. El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla decidió posponerlo hasta el 7 de septiembre. El acto de conciliación tendrá lugar a las 11.00 horas. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, la vista oral se producirá minutos más tarde. La Fiscalía Provincial de Sevilla emitió un auto el 29 de abril en el que requería al denunciante ampliar la demanda contra Vox si este «persistiere en su intención de dirigir la acción». En ese caso, «el tribunal adoptará las precauciones necesarias».
Las cosas para Martínez comenzaron a torcerse cuando Begoña Conde abandonó la coordinación del grupo parlamentario. La tía del líder nacional, Santiago Abascal, fue elegida candidata a las generales de 2019 por Orense. «Tras su marcha, el grupo quedó descoordinado y en manos de los diputados, tomando preeminencia tres de ellos por su privilegiada posición», esgrime la denuncia. A partir de entonces, y según el letrado, el vicesecretario tercero de la Mesa del Parlamento, Manuel Gavira, le pidió que no registrara las iniciativas, sino que se las trasladara a él, según especifica la demanda, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
«Con esta variación de la organización de las iniciativas, Gavira adquiría la exclusiva capacidad de decisión sobre qué iniciativas debían ir a Pleno y a las distintas comisiones», insiste Martínez en el texto que presentó al juzgado en junio de 2020. Ese escenario dio lugar a la división del grupo parlamentario, tal y como avanzó este diario. El demandante afirma en su escrito que las iniciativas dejaron de pasar por la supervisión preceptiva y reglamentaria de la secretaria jurídica «siendo elaboradas ad limiten por las tardes», en su ausencia y su total desconocimiento.
«Maquinación política»
El abogado entiende que esta situación hurtó y restringió sus funciones y le condenó a «una estrategia premeditada de ostracismo». No obstante, el demandante especifica que «tal maquinación política» no fue creada contra su persona, sino por «purgas de poder internas». La batalla acabó con la salida de la diputada Luz Belinda Rodríguez y la del otrora candidato de Vox a la Junta, Francisco Serrano.
La situación de Serrano era irrespirable en verano de 2020, fecha en la que Martínez se querelló contra Vox. Lo hizo después de salir por la puerta de atrás. La denuncia relata que el letrado se dio de baja médica en febrero de 2020 y que, unos días más tarde, el nuevo coordinador del grupo parlamentario, Nicolás Gutiérrez Saiz, le remitió un burofax para presentarse en el puesto de trabajo. «Dicho burofax tiene como objetivo ejercer coercibilidad manifiesta». Tres días después, el denunciante recibió una mensaje de texto que le indicaba que Vox le había dado de baja en la Seguridad Social «sin causa laboral que lo justificase».
Martínez considera que esta actuación puede constituir diferentes delitos. Desde una posible vulneración de los derechos de los trabajadores y de los derechos fundamentales, a un despido improcedente pasando por una infracción grave de la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. «Encontrándose de baja médica, sin comunicación alguna al dicente, se le retira abusivamente su puesto físico de trabajo, que le era entregado a otra persona, en un paso más de acoso laboral y atentado contra los derechos fundamentales de este trabajador», especifica la demanda.
«El demandante se ha visto sometido a todo un proceso irregular e ilegal de mobbing laboral», se queja el abogado sevillano en su denuncia. Un texto en el que Martínez desglosa cómo el nuevo coordinador le informó de que los auxiliares administrativos del grupo parlamentario pasaban a ser «asesores» de los diputados. «La gravedad del cambio laboral impuesto atenta frontalmente contra el prestigio, integridad, indemnidad y moral», se queja el letrado en su denuncia.
No es el primer pleito que inicia Martínez contra Vox. El letrado ya interpuso otras dos denuncias. Ganó ambas. En una de ellas solicitó una indemnización por despido. La formación verde tuvo que desembolsar casi 4.000 euros. La siguiente fue por una minuta por un juicio en Madrid. El abogado sevillano denunció que el partido de Abascal se negaba a pagarle y reclamó el importe por vía judicial. La formación verde le pagó 6.000 euros después de que un juzgado decretara el embargo del grupo parlamentario, una medida sin precedentes.
