La sanidad privada ataca el blindaje de Sánchez de la pública: «Vive de espaldas a la realidad»
La Ley de Equidad convertiría a España en el único país europeo que «proscribe» a la sanidad privada de su SNS
Pedro Sánchez interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados. | EP
El próximo objetivo de Pedro Sánchez es blindar la sanidad pública. Para ello, este martes, el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto es, lo que busca el Ejecutivo con esta nueva norma es limitar la sanidad privada de la sanidad pública. Un anuncio que ha levantado ampollas en el sector privado, que arremete contra Sánchez asegurando que «vive de espaldas a la realidad» y recuerda que solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de uno de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a este concepto.
«Las declaraciones del presidente del Gobierno son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario, como el aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, una falta de cohesión entre CC.AA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados», señala el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada.
En la misma línea se pronuncia la patronal de los hospitales privados, ASPE, que asegura que de probarse esta iniciativa legislativa, «España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud». Por ello, aseguran que van a valorar jurídicamente si se «infringe la Constitución» y, si al derogar la Ley de Formas de Gestión para revertir conciertos sanitarios, «se ignoran criterios objetivos». Y es que se trata de una ley que modifica distintos preceptos de importantes normativas sanitarias como la Ley 14/1986 General de Sanidad, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS; y el Real Decreto-legislativo 1/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Listas de espera quirúrgicas de récord
Días antes del anuncio de Sánchez, que aprovechando la campaña de las elecciones andaluzas anunciaba el pasado sábado, durante un mitin en Cártama (Málaga), la aprobación en el Consejo de Ministros de este proyecto de ley, ASPE -que agrupa al 56% del total de hospitales y al 32% de las camas existentes en España-, ofertaba 7.500 camas (un 15%) con el objetivo de reducir las listas de esperas que en 2021 han registrado la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2003. Atendiendo a los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, un total de 706.740 pacientes estaban a día 31 de diciembre de 2021 en lista de espera para operarse en la sanidad pública.
Además, el estudio Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021 refleja un aumento del tiempo de espera para una cirugía no urgente de 170 días en junio de 2020 (el 33% de los pacientes tuvo que esperar más de seis meses) y de 121 en junio de 2021. En junio de 2019, era de 115 días. No obstante, los días que una persona tiene que aguardar para una operación presenta grandes diferencias entre territorios. Así, mientras que en Melilla había que esperar una media de 40 días, 60 en Asturias o 68 en País Vasco, para un residente en Castilla La Mancha o Andalucía la operación se podía retrasar hasta 286 y 188 días, respectivamente.
En este sentido, desde la Fundación IDIS, señalan que es «urgente» pasar página del discurso «demagógico y sectario», y defienden «ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población». Y es que, según datos de la patronal de los hospitales, el sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario, mientras que en el ámbito diagnóstico nacional, el 45% de las resonancias magnéticas; el 23% de TACs y el 24% PETs se realizan en la sanidad privada.
Además, hacen hincapié en que uno de cada tres pacientes hospitalizados por covid en España ha sido atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública: 63.800 hospitalizados sobre 211.064, en base a los datos a 31 de diciembre de 2020, es decir, el 30,2%. Además, el 29% de los afectados que han requerido asistencia en UCI (5.302 pacientes sobre 18.251) a nivel estatal fueron atendidos en centros hospitalarios privados. «Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario», insiste el presidente de ASPE.
9,8 millones de asegurados
Los seguros privados de salud vienen aumentado de forma imparable desde 2011, sin embargo, la covid y la congestión que ha supuesto en la sanidad pública han dado a estos el mayor impulso de la última década. En 2021 se registraron un total de 9,8
millones de asegurados, sin contar con las mutualidades de funcionarios, según se recoge en el último informe presentado por Fundación IDIS Sanidad privada, aportando valor 2022. «La población con seguro privado contribuye en gran medida a descargar el sistema sanitario público, pues al contar con doble aseguramiento (público y privado) éstos no consumen, o lo hacen solo en parte, recursos del sistema público», defienden.
De esta forma, refleja el estudio, el asegurado privado que realiza un uso mixto, es decir que acude tanto al sistema público como al privado genera al menos un ahorro equivalente a su póliza de salud (580 euros). El asegurado que únicamente utiliza el sistema privado genera un ahorro potencial de 1.597 euros (gasto sanitario público per capita). Esta estimación, informan, se ha realizado a partir de los presupuestos de salud, excluyendo el gasto farmacéutico y el gasto destinado a mutualidades de funcionarios. Lo habitual es que los asegurados hagan un uso mixto, por lo que el ahorro al Sistema Nacional de Salud per capita se sitúa en una horquilla que va de los 580 euros a los 1.597 euros por asegurado.
El coronavirus ha sido uno de los principales motivos de este ‘robo’ de pacientes por parte de la sanidad privada. Sin embargo, el Dr. Maricano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, señalaba en THE OBJECTIVE «las dificultades para trascender a una cita en atención primaria desde mucho antes de la pandemia». «Hay una situación de deterioro muy importante en la sanidad pública y no se ha hecho nada para mejorarla», relata Sánchez Bayle, que entiende que ante esta situación en la que «no se ha hecho esfuerzo» ni para reducir las listas de espera, «la gente que tiene mejor situación económica se busque le vida en el sector privado».
Así Sánchez Bayle destaca que ya desde los Gobiernos de Aznar y Rajoy «hay una estrategia para deteriorar el sistema sanitario público» y así «expulsar» del mismo a un sector de personas que son las que tienen mayor nivel económico. «La pandemia lo que ha hecho es que una situación que se lastraba desde hace tiempo se haya agudizado de manera notable», concluye.
