El Consejo Económico y Social critica el «diseño jurídico» de la nueva ley del aborto
El texto de la institución denuncia también que se tramite por la vía de urgencia, ya que eso impide el análisis «sosegado y profundo» que requeriría
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas. | Europa Press
El órgano consultivo del Estado el Consejo Económico y Social (CES) ha sido la primera institución en pronunciarse sobre la ley del aborto, que inició su tramitación el pasado mayo con la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros y que incluye novedades a nivel internacional como la regulación de las bajas por reglas dolorosas. El mayor reproche del informe se lo lleva el «diseño jurídico» de la futura norma, el cual consideran que no está suficientemente justificado.
El CES también pone en tela de juicio la escasa participación de las distintas capas de la sociedad en la futura ley, ya que denuncian que no se ha aplicado un diálogo social en el que participasen los distintos actores de la sociedad civil que permitiese conocer las distintas ópticas desde la que puede ser analizada.
«Al Consejo le merecen el máximo respeto los numerosos derechos, algunos de ellos fundamentales, y situaciones afectadas por la norma, que impacta en ámbitos tan sensibles como, sin ánimo de exhaustividad, la efectividad de los derechos reproductivos; las desigualdades de género en salud; la equidad en el acceso a la atención sanitaria; la educación; la gestación subrogada o algunos derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social que, por cierto, no han sido abordados en el ámbito del diálogo social. Por ello, lamenta que la perentoriedad del plazo de urgencia dado para la emisión de dictamen haya limitado las
posibilidades de abordar el debate sobre el articulado con el sosiego y la profundidad que merecería el texto objeto de dictamen», afirma el CES en el comienzo de las observaciones.
Por ello, desde el consejo señalan que, a partir de ahora, cuando el Gobierno apruebe nuevas leyes de calado se hagan con el tiempo necesario para que los órganos consultivos puedan emitir sus conclusiones después de haberlas estudiado detenidamente. Así, le piden al Ejecutivo que «tenga en cuenta la necesidad de este órgano consultivo de disponer de un margen temporal suficiente para la emisión preceptiva de su dictamen».
El Consejo comparte los objetivos que pretende lograr la futura ley, pero señala varios déficits que, a su juicio, contendrá la norma. En uno de sus puntos la ley habla de «situaciones especiales por incapacidad temporal por contingencias comunes», en ella, equipara al mismo nivel distintos casos como las de las mujeres que padezcan menstruación incapacitante secundaria, la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y la gestación a partir de la semana trigésima novena.
El CES señala que «no considera adecuadamente justificado y, por tanto, le suscita dudas, el diseño jurídico de estas situaciones desde el punto de vista conceptual, de coherencia con el esquema preexistente de la protección por incapacidad dispensada desde la Seguridad Social y de la necesidad de igualdad de tratamiento de situaciones equiparables, debiendo garantizarse en todo caso la confidencialidad en las causas de baja».
Asimismo, el Consejo resalta que es «necesario evitar que la configuración de la mejora de la protección de las gestantes comporte restablecer la analogía entre embarazo y enfermedad, hace tiempo superada, por lo que llama la atención el uso de la figura de la incapacidad temporal para cubrir la ausencia del trabajo en la recta final del embarazo, existiendo otras prestaciones del sistema que quizá podrían albergar mejor la protección de la salud», afirma en el dictamen hecho público este jueves.
Las claves de la nueva Ley
El Gobierno aprobó el pasado mayo en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del aborto a pesar de que continúa negociando algunos de los puntos incluidos en ella en los que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo como la persecución de las parejas que recurran a la gestación subrogada.
El texto no incluye finalmente la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la ‘tasa rosa’, según ha confirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque si recoge la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo, tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.
Uno de los objetivos del departamento de Irene Montero en la ley era que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como compresas, tampones, copas menstruales y protegeslip, que se sitúa en el 10%, se bajase hasta el tipo superreducido del 4% o, incluso, que se eliminase. Sin embargo, Montero admitía este lunes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press que «el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley». Pero ha garantizado que «se volverá a negociar en los Presupuestos Generales del Estado» y ha cifrado el coste de este medida en unos 30 millones de euros.
La ministra de Igualdad ha expresado en algunas comparecencias, además, su deseo de que en este paquete de productos se incluyesen también los pañales infantiles y de adulto ya que, además de ser de primera necesidad, a su juicio, están vinculados con la brecha de género ya que los cuidados recaen principalmente en las mujeres.
Otra de las propuestas de Igualdad que sigue en el ‘aire’ es la persecución de las parejas que recurren a la gestación subrogada, que sigue siendo negociada con Justicia.
El ministerio que dirige Pilar Llop ha explicado a Europa Press que están analizando el texto para, como ocurre con todos los anteproyectos de ley que son aprobados en primera vuelta en el Consejo, realizar las aportaciones necesarias al mismo.
Y es que, tras su aprobación el martes por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.
En donde sí se ha conseguido ya el consenso entre los socios de Gobierno es en los artículos sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno. Además, se elimina también la tutela para las mujeres con discapacidad.
Eliminación de los tres días de reflexión
Esta es la medida que motivó principalmente esta reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar y se obliga a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos.
En este sentido, el anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia.
También se ha logrado consensuar entre los ministerios la creación de una baja por menstruación dolorosa. En este sentido, Montero ha confirmado que la ley incluirá una baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.
La titular de Igualdad ha explicado que la baja por dolor menstrual incapacitante se habilitará a través de una incapacidad temporal especial, que no requerirá un periodo mínimo de cotización; será asumida por el Estado desde el primer momento, y «no tendrá un límite de días»
Montero celebró la pasada semana a través de su cuenta de Twitter el acuerdo y ha señalado que España «avanza» para que «no sea normal ir al trabajo con dolor» y para «acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla».
Sin embargo, la secretaria de Igualdad del PSOE, la diputada Andrea Fernández, escribía un día antes de este anuncio que «las reglas no incapacitan por sí mismas«, sino que, generalmente «esconden una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente». A su juicio, «normalizar que la regla duele deteriora» la «salud» de las mujeres y «en algunos casos, muy gravemente».
«Las mujeres necesitamos investigación, diagnóstico y tratamientos adecuados para abordar los padecimientos asociados a nuestro aparato reproductivo. Asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial», ha señalado la dirigente socialista.
