Vox presenta un recurso ante el TC contra la Ley de Educación balear por "vulnerar derechos fundamentales"

El partido señala que la ley vulnera «el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación»

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos de la Ley de Educación de las Islas Baleares que consideran que «vulneran derechos fundamentales» y entienden como un riesgo para la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.

En el recurso, según ha informado la formación política, Vox señala que la ley balear vulnera «el contenido primario de libertad de la enseñanza (artículo 27.2 CE) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación».

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido a los miembros del Tribunal Constitucional «que resistan ante las maniobras de este Gobierno, una vez más, de torcer la ley» y les ha animado a «que sean valientes como lo fueron cuando declararon inconstitucionales los estados de alarma».

Entre otras cuestiones, los diputados de Vox sostienen que «la ideología de género y la educación afectivo-sexual» que se incorporan en la ley balear «no suponen la transmisión de conocimientos desde la neutralidad exigible a la Comunidad Autónoma», sino «la toma de una postura ideológica sobre la cual va a ser evaluado el alumno».

Una «evaluación» que, a su juicio, «se basa en el grado de adhesión moral/ideología que la Administración imponga a estas cuestiones», por lo que esta norma «no respeta los derechos fundamentales de los alumnos» protegidos por la Constitución, que establece que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias».

Por otro lado, Vox denuncia la exclusión de la financiación pública de la educación «diferenciada» -separada por sexos-, que a su juicio resulta en una «prohibición», y alega que la ley recurrida vulnera la doctrina constitucional que, en sentencias de 2018, estableció que los programas de este modelo de educación son «una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria».

También opinan que la ley «persigue que el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios y tiendan a desaparecer los centros de educación especial, incurriendo por tanto en una clara vulneración del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y del derecho de los progenitores a que sus hijos reciban una determinada educación».

Apelan en este sentido a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que «incluye como derecho primario de la Unión, el derecho de los padres a asegurar esta educación -educación especial- y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».

Asimismo, como ha declarado la vicesecretaria nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, esta formación considera que la ley «aprovecha la imprecisión de los contornos del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano -con grave infracción de la CE- de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Baleares, Jorge Campos, cree que la inmersión lingüística lleva imponiéndose en esa comunidad autónoma desde 1997 cuando se aprobó la denominada Ley de Mínimos. 

Fuente: EFE