La Fiscalía avala prorrogar el 'caso Popular' para que el Banco Santander aporte nuevas pruebas
El Ministerio Público se pronuncia a favor de prorrogar una instrucción que se encamina a su quinto año aún con varias líneas de investigación abiertas
Imagen de archivo del Banco Popular. | Europa Press
La Fiscalía ha remitido al juez del caso Popular, José Luis Calama, un escrito en el que apoya prorrogar seis meses más el plazo de instrucción de la causa para encontrar nuevas pruebas, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. El magistrado de la Audiencia Nacional remitió la semana pasada una providencia a todas las partes personadas en el caso para que se pronunciasen sobre la posibilidad de ampliar la investigación. El Ministerio Público se ha mostrado a favor, argumentando que es necesario dar más tiempo al Banco Santander para aportar una serie de pruebas documentales solicitadas por el juez y que la entidad presidida por Ana Patricia Botín aún ha entregado «pese a los constantes requerimientos» del juzgado.
«Requerimientos que no presuponen resistencia, obstáculo o despreocupación por la entidad requerida, sino constatación de su volumen y complejidad, que dificulta su localización y ordenación», indica el fiscal del caso Popular en un escrito fechado el 1 de julio, notificado este martes a las partes y al que ha tenido acceso este diario.
«Como ya manifestamos al interesar la primera de las prórrogas, la documentación es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar, ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados», añade el Ministerio Público.
Ya el pasado mes de enero, el fiscal y el juez Calama acordaron ampliar el plazo ordinario de la instrucción hasta el próximo 29 de julio. Ahora, el Ministerio Público vuelve a apoyar la solicitud del juez para poder encontrar más pruebas. Y no solo las que pudieran surgir de la documentación pendiente de entregar por parte del Banco Santander, entidad que adquirió el Popular a cambio de un euro en el año 2017.
Periciales del Banco de España pendientes
El fiscal apoya ampliar la instrucción debido a que, además, técnicos del Banco de España están practicando varias periciales que podrían motivar el acuerdo de diligencias complementarias de investigación. «No debemos olvidar que son varias las periciales que se están practicando por funcionarios del Banco de España y para su ejecución se ha dispuesto, por el Magistrado Instructor, que comuniquen en cada momento las necesidades de información o documentación para llevarla a efecto, lo que puede motivar el acuerdo de diligencias complementarias», concluye el ministerio fiscal en su escrito.
En el caso de que el juez aceptara la petición del Ministerio Público, la instrucción se alargaría más allá del próximo octubre, que es cuando se cumplen cinco años desde que el juez Fernando Andreu, primer magistrado que dirigió la investigación, admitió a trámite las primeras querellas que llegaron a la Audiencia Nacional.
Desde entonces, los investigadores no han logrado encontrar pruebas suficientes para procesar a los acusados y dar paso al juicio oral a pesar de haber abierto numerosas líneas de actuación. De ahí que ahora no tengan más remedio que plantearse la mencionada prórroga. La última diligencia tuvo lugar el pasado 13 de junio, cuando los peritos del Banco de España presentaron su informe ampliatorio al que habían realizado en 2019, en el que concluyeron que el Banco Popular era una entidad solvente en el momento de la resolución de junio de 2017 y que tenía un problema de liquidez.
En el citado informe ampliatorio, los peritos indicaron que la entidad cumplió con las normas contables al adecuarse a los criterios de la normativa internacional y que únicamente cambió el método tras la Circular de 2016 del Banco de España que sugería adherirse a los parámetros recomendados por el órgano regulador nacional. Los peritos cifraron en 1.715 millones de euros las pérdidas que hubiera tenido el banco en 2015 en caso de que hubiera aplicado estos últimos criterios antes de 2016. Pero también calificaron de «suposición teórica» la petición realizada por el propio juez de calcular cuál hubiera sido el resultado en caso de haber aplicado antes la normativa recomendada por el Banco de España.
