La Guardia Civil se vuelca contra las cúpulas de ETA tras el éxito del 'caso Miguel Ángel Blanco'

Los servicios de información de la Guardia Civil se vuelcan en las investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional contra las cúpulas de ETA. Han puesto una ingente cantidad de efectivos a trabajar en la elaboración de los informes solicitados por distintos jueces para esclarecer la responsabilidad intelectual de los jefes etarras como responsables máximos de la banda en varios casos reabiertos, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.

La utilización combinada de los delitos de autoría mediata por dominio de la organización y comisión por omisión, contemplados en el Código Penal y avalados por el Tribunal Supremo, ha permitido la reapertura en los últimos meses hasta siete atentados y asesinatos en los que se busca procesar a los jefes de la banda. Desde Miguel Ángel Blanco a la T-4, pasando por los casos del juez Querol, Gregorio Ordóñez o el ataque con coche bomba que mató a una niña de seis años en Santa Pola en 2002, entre otros.

Distintas asociaciones de víctimas han pedido a los jueces de la Audiencia Nacional que prorroguen por otros seis meses varias de las causas abiertas, ante el impulso que ha dado el informe de la Guardia Civil al caso de Miguel Ángel Blanco, por el que han sido citados como imputados tres exjefes de ETA. Un informe de investigación que, según destacan fuentes jurídicas, ha supuesto un espaldarazo por parte del Instituto Armado a la autoría mediata y la comisión por omisión.

En ese informe, de 240 páginas y más de 1.000 folios de anexos, se relata con todo detalle y múltiples pruebas el poder de control y decisión que tenía la Zuba (comité ejecutivo de ETA) en las acciones terroristas de la banda. Los investigadores apuntan a un patrón en el que los pistoleros de ETA seguían órdenes estrictas de sus superiores. En el documento, la Guardia Civil subraya la jerarquización de la organización terrorista, donde cada uno de sus miembros tenía una misión y «se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el Comité Ejecutivo dictaba».

La ‘tenaza’ para imputar a varios exjefes de ETA

Las conclusiones recogidas en ese informe suponen un espaldarazo al procesamiento de los jefes de ETA por autoría mediata de la organización y/o comisión por omisión. Una suerte de «tenaza» jurídica que podría permitir que los exresponsables de ETA sean juzgados, bien por haber sido quienes dieron la orden de cometer un atentado (autoría mediata) o bien por no haber ordenado detener asesinatos en marcha, como en el caso de Miguel Ángel Blanco. Una estrategia cuyo promotor ha sido el abogado de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Miguel Ángel Rodríguez Arias.

«La nuestra, en Dignidad y Justicia, es una ‘estrategia de tenaza’ directamente contra los auténticos autores detrás del autor material, la Zuba», explica Rodríguez Arias en declaraciones a THE OBJECTIVE. «La autoría mediata por dominio y la comisión por omisión, ambas reconocidas por nuestro Tribunal Supremo pero que no habían sido aplicadas aún a ETA, son los dos dientes de esa tenaza que se cierran sobre los dirigentes de ETA porque dieron la orden o cuanto menos no dieron la contraorden que hubiera bastado para detener los atentados, por ser ellos quienes dominaban jerárquicamente la organización», añade el letrado.

Tras recibir el informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón avaló esta ‘tenaza’ jurídica. En un auto fechado el viernes, el magistrado acordó citar como imputados a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua en julio de 1997. Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’; Miguel Albisu Iriarte ‘Mikel Antza’; y María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. El juez también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.

García Castellón ha tomado la decisión al considerar que el reciente informe de la Guardia Civil acredita que todos ellos eran miembros del «comité ejecutivo de ETA» y por tanto plenamente conocedores del secuestro y asesinato del exconcejal del PP. El juez acepta imputarlos al considerar que podrían ser responsables por autoría mediata y acción por omisión. Dirigían la Zuba que ordenó secuestrar a Miguel Ángel Blanco y tuvieron 48 horas para frenar su ejecución, pero no lo hicieron.

Piden dar más tiempo a la Guardia Civil

En sus escritos para solicitar la prórroga de la instrucción en varios de los casos abiertos contra las cúpulas de ETA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y DyJ piden a los magistrados que den más tiempo a los servicios de información de la Guardia Civil para poder recabar la información solicitada sobre los integrantes de las distintas Zubas que ordenaron y planificaron la comisión de los atentados que se investigan.

«Dada la especial dificultad y complejidad de la presente causa, aún no ha sido posible llevar a término de manera efectiva el pleno esclarecimiento de los muy graves hechos delictivos y de todos sus intervinientes sin excepción, que constituyen su objeto», señala uno de los escritos presentados recientemente por DyJ para solicitar que se prorrogue la investigación del atentado perpetrado por ETA en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y el del asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol.

«Esta parte entiende procedente declarar la prórroga de la instrucción por nuevo plazo de 6 meses toda vez que están pendientes de practicar diligencias de investigación, entre ellas la elaboración de informes de inteligencia», apunta también la AVT en un escrito presentado el pasado 5 de julio en la causa abierta para esclarecer la responsabilidad de los jefes de ETA en el asesinato de Gregorio Ordóñez.