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La guardería vinculada a la trama de UGT opera ilegalmente con el beneplácito de la Generalitat

El gobierno de Cataluña confirma a la Policía Nacional que la guardería del Hospital Vall d’Hebron funcionó al menos durante seis años sin licencia

La guardería vinculada a la trama de UGT opera ilegalmente con el beneplácito de la Generalitat

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. | Europa Press

La Generalitat de Cataluña hace la vista gorda con la presunta trama de corrupción sindical en la guardería del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El Departamento de Educación y una directora del centro educativo han admitido ante la Policía Nacional que durante al menos seis años la guardería operó sin los permisos requeridos por la ley, según consta en los informes de investigación del caso. Y aún así, a día de hoy, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) mantiene la concesión para el uso y la ocupación del centro infantil a la asociación que preside una delegada de UGT investigada por presuntos delitos de falsificación, apropiación indebida y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes de la propia guardería a THE OBJECTIVE.

El acuerdo firmado en 2013 entre el ICS y la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH) obligaba a esta última a «cumplir todos los requisitos que establece la regulación local y autonómica para la prestación de servicios de guardería». Sin embargo, en un escrito remitido a la Policía Nacional el 14 de mayo de 2019, al que ha tenido acceso este diario, la Generalitat certificó que en el Registro de la Dirección General de Centros del Departamento de Educación no figuraba inscrito ningún centro educativo con la denominación o el nombre «Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron». 

Ese certificado fue incluido en un informe que la Policía Nacional envió al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en el marco de la investigación abierta para esclarecer si varios dirigentes y sindicalistas de UGT en Cataluña cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en el mencionado hospital público. En ese documento, los investigadores adjuntaron el acuerdo firmado en mayo de 2013 por el «gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Joaquín Casanova y la delegada de la UGT en Cataluña, C.L.P.».

La Generalitat debía supervisar la guardería

En una época de recortes por la crisis económica, la dirección del Hospital Vall d’Hebron quería cerrar la guardería que prestaba servicio a los hijos de los 9.000 trabajadores del centró médico desde 1974. El ICS quería ahorrarse los costes de los empleados y de la gestión de la escuela infantil y, tras varias protestas sindicales, acabó cediendo su uso a la AEBHVH mediante un acuerdo sin licitación previa ni concurso público.

En virtud de ese acuerdo, el ICS autorizaba la cesión del uso de la guardería del Vall d’Hebrón «a título gratuito» a la AEBHVH para un periodo de 15 años. El permiso quedaba condicionado al cumplimiento de la legislación y al establecimiento de «una comisión paritaria formada por dos representantes de cada una de las partes», que debía reunirse «con carácter ordinario» para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del acuerdo.

El ICS, empresa pública adscrita al Departamento de Salud de la Generalitat, debería comprobar cada trimestre si se cumplía lo acordado. Sin embargo, los informes policiales sobre el caso apuntan a la posible comisión de varias irregularidades que podrían haber provocado la cancelación del acuerdo. La guardería ni siquiera estaba inscrita en el Registro de Centros del Departamento de Educación, según reconoció la propia Generalitat. Y la propia directora del centro admitió lo mismo ante los investigadores.

La guardería admite ilegalidades

«Sobre la legalidad de la guardería, la directora de la misma, N.G.G., en su declaración manifestó que no se encontraba inscrita ni dada de alta como tal porque carecía del espacio suficiente, si bien se encontraba en trámites para legalizarla como ‘centro infantil’, lo cual llama la atención debido a que desde el año 2013 hasta la actualidad, finales de 2019, no se hubiera realizado trámite alguno», subrayaban los agentes de la Policía Nacional en uno de los informes remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

Este diario ha contactado con el Instituto Catalán de la Salud (ICS) para esclarecer por qué la AEBHVH sigue al frente de la gestión de la guardería a pesar de existir una comisión de seguimiento paritaria que habría pasado por alto las presuntas irregularidades denunciadas en el transcurso de la investigación policial. No se ha obtenido respuesta. La empresa pública adscrita a la Generalitat tampoco ha aclarado si conocía que la guardería ha estado operando, durante al menos seis años, sin estar dada de alta en el Registro de Centros del Departamento de Educación del propio gobierno autonómico.

Por otro lado, ni el ICS ni la presidenta de la asociación que gestiona la guardería del Hospital Vall d’Hebron, ni tampoco el Departamento de Educación de la Generalitat han querido aclarar a THE OBJECTIVE si en la actualidad el local cuenta con los permisos requeridos por la ley para operar como centro educativo infantil.

Apropiación y uso de recursos públicos

Tras tomar declaración a trabajadores de la guardería y miembros de UGT, la Unidad Adscrita a Juzgados y Tribunales de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Cataluña apuntaba a otras posibles irregularidades e incumplimientos del acuerdo. El documento firmado entre ICS y la delegada de UGT en mayo de 2013 también establecía que los servicios de la guardería se llevarían a cabo «sin ánimo de lucro» y que los empleados contratados por la AEBHVH «no podrían tener ninguna vinculación laboral con el hospital universitario Vall d’Hebron».

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Hospital Universitario Vall d’Hebron / Europa Press

Sin embargo, la delegada de UGT en el centro público y presidenta de la guardería también era enfermera en el hospital. Y durante su declaración ante los investigadores, uno de los responsables de mantenimiento del hospital Vall d’Hebrón «afirmó que la señora C.L.P. ejercía trámites de la guardería desde la sede de la UGT en el hospital». El mismo testigo aseguró que «había podido observar cómo el saldo de una cuenta bancaria vinculada a la guardería ascendía a más de 100.000 euros». También denunció que en las instalaciones del centro educativo se habían llevado a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de averías que fueron realizadas por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo. 

¿Solo daba servicio a los trabajadores del hospital?

Además, el acuerdo firmado entre la Generalitat y la delegada de UGT también incluía como requisito que «los niños que se admitan en la guardería deberán ser, necesariamente, hijos del personal del centro hospitalario». Sin embargo, en la denuncia que dio lugar a la apertura de la investigación judicial se señalaban indicios de que se estaba dando servicio a niños que no eran hijos de los trabajadores del Vall d’Hebron.

Según el informe policial, la propia directora de la escuela infantil admitió durante su declaración que «creía que los usuarios de la guardería eran hijos de trabajadores del hospital, aunque no estaba segura ya que no lo comprobaban sino que únicamente se les preguntaba de forma verbal el lugar de trabajo». 

Otro de los testigos interrogados por la Policía Nacional, identificado como socio fundador del centro escolar en el año 2013 y afiliado a UGT durante cinco años, reconoció «que en una de las reuniones con los responsables de la guardería se propuso la posibilidad de admitir usuarios que fueran vecinos de la zona, sin que fuera necesario que trabajaran en el hospital». No obstante, el mismo testigo dijo desconocer «cuál fue el resultado de dicha propuesta». 

La Policía pide imputar a la delegada de UGT

Por todo lo anterior, y con el fin de continuar las gestiones para esclarecer la posible comisión de un delito de falsificación y apropiación indebida, los investigadores de la Policía Nacional consideraron «oportuno» citar a la presidenta de la guardería y delegada de UGT «en calidad de investigada no detenida».

La juez a cargo del caso ordenó solicitar a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y a diversas entidades bancarias una serie de documentos e información para esclarecer la situación patrimonial de la investigada y de su pareja sentimental. Esto, después de que la Guardia Civil señalase en otro informe que la máxima responsable de la guardería del Vall d’Hebron podría haber incurrido en «supuestos delitos de falsificación, apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales».

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