Una asociación de memoria histórica pide que cesen las subvenciones mientras dure la crisis
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica registra un decálogo en el Congreso para que éste esclarezca los 379 crímenes de ETA sin juzgar
Crear una Comisión de Reconciliación en el Congreso de los Diputados, así como otra para esclarecer los «casi 400 asesinatos de ETA sin juzgar» [son 379] o acabar con las subvenciones a entidades memorialísticas mientras dure la crisis económica y así priorizar los «gastos sociales». Estas son algunas de las medidas planteadas, en forma de decálogo, por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para mejorar la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de España tras alcanzar un pacto con EH Bildu.
La propuesta ha sido registrada este jueves por el portavoz de la asociación, y abogado experto en la materia, Guillermo Rocafort. Según relata a THE OBJECTIVE, lo ha hecho en respuesta al decálogo de propuestas registrado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que dirige Emilio Silva, y que considera «insuficiente» la norma del Ejecutivo. Esta debería, en su argumentario, derogar por completo la Ley de Amnistía o incluir investigaciones y exigencia de responsabilidades a la Iglesia Católica. «Si los activistas de la extrema izquierda más radical van a ser atendidos, nosotros no vamos a ser menos», denuncia Rocafort.
Rocafort, veterano legionario, es muy crítico con la norma consensuada entre socialistas, podemitas y bildutarras, por cuanto «nos lleva a la confrontación», «es una ley de amnistía encubierta a los crímenes de la ETA y del Frente Popular» y se trata de «una cortina de humo para tapar los desmanes económicos y los abusos que se están cometiendo». Frente a ella, propone «avanzar hacia una ley de concordia y de conciliación», pero como sabe que es una propuesta maximalista se conforma con que el Ejecutivo socialista tenga en consideración estos diez puntos:
1.- Creación de una Comisión de la Reconciliación en el Congreso que abogue por políticas de paz, convivencia y de reencuentro entre los españoles, eliminando todas aquellas políticas que generen controversia y enfrentamiento sobre nuestro pasado.
2.- Creación de una Comisión en el Congreso que esclarezca los casi 400 asesinatos de la ETA sin juzgar, así como se haga un Memorial en la entrada del recinto del Congreso donde se homenajee y se dé perpetua memoria democrática a las 1.000 víctimas de la banda terrorista de extrema izquierda ETA, bajo los principios internacionales de memoria, justicia y garantía de no repetición.
3.- Que se respete y se aplique en España la Memoria Histórica Europea, aprobada por la resolución del Parlamento Europeo 2019/2819 RSP que condena el Comunismo, y se proceda a eliminar de nuestra Nación todo vestigio y referencia públicas que exalten los crímenes y genocidios del Comunismo en España y Europa.
4.-Que mientras España esté en situación de emergencia económica como lo está en la actualidad, el Congreso priorice los gastos sociales y cesen de forma inmediata las millonarias subvenciones a los chiringuitos de la Memoria Histórica.
5.- Que cese el adoctrinamiento en las televisiones y en los centros docentes al respecto de lo sucedido en la Guerra Civil Española, que sólo busca envenenar e insuflar el odio entre los españoles.
6.- Que el PSOE rinda cuentas del expolio a los españoles que se llevaron en el buque «Vita» a México para financiarse un retiro dorado tras la Guerra Civil Española, tal y como dijo que haría en 1977 el senador socialista Don José Diosdado Prat García, que esclarezca las investigaciones existentes sobre sus intentos de provocar una Pandemia en la zona nacional durante la Guerra Civil Española y que se investigue sus intentos por ceder la soberanía de Vigo, Cartagena y Mahón al Reino Unido a cambio de su apoyo durante la Guerra Civil.
7.- Que se prohíba la indemnización por la moneda emitida ilegalmente por la Generalitat Catalana en la zona republicana y que fue posteriormente retirada de la circulación tras el final de la Guerra Civil.
8.-Que cesen las profanaciones y movimientos de tierras que llevan a cabo las asociaciones memorialistas en los cementerios y camposantos españoles y que cesen de emitirse imágenes en los medios de la extrema izquierda de las tumbas abiertas, con exhibición macabra de huesos, que sólo buscan escandalizar y generar confrontación.
9.- Que sea respetada la autonomía municipal exclusiva de los Ayuntamientos españoles en su competencia de determinar los nombres de sus calles y plazas y que cesen las injerencias políticas del Parlamento español en dicha autonomía.
10.- Que se dejen los chiringuitos de la Memoria Democrática de inventar la existencia de campos de concentración en España después de la Guerra Civil, por ser una falsedad histórica que sólo buscar importar a nuestra Historia lamentables sucesos que tuvieron lugar en el resto de Europa durante la II Guerra Mundial.
La Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática pergeñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegará hasta 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» desde 1978 hasta finales de 1983. Este punto es polémico porque, tras el pacto con Bildu, podría permitir reconocer como víctimas de violaciones de Derechos humanos a los etarras que sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada guerra sucia contra ETA durante los cinco años posteriores a la dictadura y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González.
La Comisión Constitucional del Congreso aprobó este pasado lunes el dictamen de la ley de Memoria Democrática, que, a continuación, será sometida a votación en el pleno previsto el 14 de julio, donde saldrá previsiblemente adelante después de que el Gobierno cerrara un pacto con la coalición abertzale que dirige Arnaldo Otegi, y que le garantizaba la mayoría simple.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos han arremetido duramente contra la norma. Este próximo viernes, además, la plataforma NEOS, liderada por Jaime Mayor Oreja y María San Gil, ha convocado una manifestación frente al Congreso de los Diputados para protestar contra una ley que supone «el blanqueamiento de la banda terrorista y una nueva afrenta a las víctimas». En esta concentración participarán distintas asociaciones de víctimas del terrorismo y, previsiblemente, miembros de PP y Vox.
