El juez del 'Popular' prorroga la causa debido al «carácter extraordinariamente complejo»
Recuerda que queda rematar informes periciales y resolver sobre la responsabilidad subsidiaria del Santander
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado seis meses, hasta el próximo 29 de enero, su investigación sobre las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a la prensa que habrían provocado la resolución de la entidad financiera en 2017, debido al «carácter extraordinariamente complejo» de la causa.
En un auto de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda extender las pesquisas más allá del próximo 29 de julio, cuando vencían, para ampliarlas seis meses, hasta el 29 de enero de 2023, si bien avisa de que podría dar por finiquitada la investigación antes de agotar esta última prórroga.
Calama explica que el principal motivo es que «están pendientes de ratificación dos informes periciales ya presentados por los peritos del Banco de España», para lo cual ha citado a sus autores los días 14 y 15 de septiembre.
Los dos expertos del Banco de España fueron los encargados de realizar la ampliación de un informe que ellos mismos elaboraron en 2019 a fin de determinar si, a finales del año 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Popular y su «trascendencia» para las cuentas anuales del banco.
También elaboraron un exhaustivo informe que ponía el foco en las operaciones del Popular que fueron intermediadas por Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que operó con el banco entre 2011 y 2014.
Además, el juez instructor recuerda que «existe otro informe pericial pendiente de ratificación, de fecha 14 de diciembre de 2021, y una pericia pendiente de finalización».
A ello suma que «tiene pendiente pronunciarse sobre la pertinencia de ciertas diligencias instadas por alguna de las partes, trámite que se ha pospuesto hasta analizar los informes periciales» que todavía no se han terminado.
La responsabilidad subsidiaria del Santander
Asimismo, señala que aún debe pronunciarse sobre la petición realizada por el Banco Santander, que compró el Popular por el precio simbólico de un euro, para que le excluya de la causa como responsable civil subsidiario en aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el pasado 5 de mayo.
Dicho falló declaró que la normativa comunitaria se opone a que quienes compraron acciones del Popular antes de su resolución puedan exigir responsabilidad al Santander por la información contenida en el folleto o ejercer una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, algo que en la práctica llevaría a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.
De esta forma, Calama hace suyas las razones esgrimidas por el Ministerio Público para justificar una nueva prórroga de este caso. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral mencionó además la necesidad de estudiar la documentación que todavía debe aportar el Santander, un material «de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos».
«Solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar, ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados», advertía Romeral.
«Por tanto, teniendo en cuenta tanto el carácter extraordinariamente complejo de los hechos investigados como la propia naturaleza de las expresadas diligencias de investigación a que nos hemos referido, deviene necesario la prórroga de la instrucción», resuelve Calama.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press subrayan que se trata de los últimos trámites antes de que este caso llegue a su final, después de cinco años de investigación.
