El Frente Polisario en España niega que gestionara con las autoridades del país la entrada de Brahim Gali

Ante la contestación del delegado del Polisario en España, el instructor deberá dirigirse a las partes para indagar si continúa con la instrucción del caso

La delegación del Frente Polisario en España ha negado este viernes que haya gestionado con las autoridades de este país la presunta entrada ilegal de su líder, Brahim Gali, para ser tratado de un coronavirus agravado en el Hospital San Pedro de Logroño.

Así se pone de manifiesto en un escrito remitido por el representante de esta organización en España, Abdulah Arabi, al juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal de Gali en España, a través de un vuelo diplomático procedente de Argelia que aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base aérea de la capital aragonesa.

En este escrito, al que ha tenido acceso Efe, Arabi responde a cada una de las seis preguntas que le fueron formuladas por el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza con las mismas palabras: «desconocemos totalmente» o «no tuvimos conocimiento».

En concreto, el representante del Polisario en España asegura que «desconoce» que se iba a producir el traslado así como las razones por las que fue elegido el hospital riojano y las personas que acompañaban a su líder en el momento de su ingreso.

También afirma que ningún representante de la delegación del Polisario en España realizó gestiones con autoridades de este país para facilitar la entrada de Gali, ni si las personas que presuntamente lo hicieron en nombre de su organización sabían que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional.

Y niega conocer, además, el domicilio en España del ciudadano saharaui Luali Brahim, hijo de Gali y miembro de la comitiva que acompañó al líder polisario en su entrada en el país con un pasaporte presuntamente falsificado a nombre de Mohamed Benbatouche.

En concreto, han informado fuentes judiciales, una de las preguntas «clave» de este cuestionario era determinar si las personas que gestionaron la entrada de Gali en el país informaron que éste tenía asuntos pendientes con la justicia española que podrían motivar una orden de búsqueda y captura.

Han añadido que esta posibilidad hubiera invalidado el argumento utilizado por la Audiencia de Zaragoza a la hora de archivar el caso en relación a la exministra Arantxa González Laya y su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, al entender los magistrados que la entrada de Gali en el país fue un «acto de gobierno» ajeno a un control judicial.

Este fue el argumento principal esgrimido por el representante de la acusación popular, el letrado Antonio Urdiales, en su escrito de oposición a la petición tanto de la Abogacía del Estado como de la fiscalía, de archivo definitivo del procedimiento, sin necesidad de más pruebas.

Según Urdiales, si de las pruebas practicadas se determinara que las autoridades españoles conocían los requerimientos sobre Gali y que eso pudo motivar la decisión de ocultar su desplazamiento, el «acto político» que justificaría su aterrizaje en la base de Zaragoza sin exhibir pasaporte alguno quedaría desvirtuado, ante la obligación de las autoridades de informar de la presencia de personas requeridas en causas penales.

«¿Qué pasaría si apareciese el testigo Luali Brahim (hijo de Gali) y contase la verdad de lo sucedido? Pues que el sobreseimiento provisional acordado habría de levantarse, porque la verdad no está en que los investigados desconociesen las causas penales pendientes de Gali», añade el letrado.

A la vista de la reciente contestación del delegado del Polisario en España, el instructor deberá dirigirse a las partes para indagar si continúa o no con la instrucción del caso.

Fuente: EFE