Una asociación saharaui acude al Supremo para procesar a Ghali por el «genocidio» del Polisario

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) con la intención de que revoque la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de archivar su querella contra Brahim Ghali y otra veintena de personas y que ordene procesar al líder del Frente Polisario por el «plan genocida» que asegura que se ejecutó entre 1975 y 1991 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

En un escrito presentado esta semana en el TS, al que ha tenido acceso Europa Press, ASADEDH anuncia un recurso de casación contra una reciente resolución de la Sala de lo Penal de la AN, del 11 de julio, por la que se acordó el archivo de la causa también para el Frente Polisario, 23 de sus agentes y cuatro uniformados argelinos. Los magistrados se remitieron a las mismas razones que ya dieron en febrero para cerrar el caso respecto a Ghali.

La Sala ratificó entonces la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que acordó concluir el sumario de la querella sin procesar a Ghali al considerar que los delitos denunciados habían prescrito porque el Código Penal aplicable es el de 1973, que establece un periodo de prescripción de 20 años, a contar desde 1991, y la querella no fue admitida definitivamente hasta 2012.

Los magistrados entendieron asimismo que los hechos relatados no constituyen un delito de genocidio, esgrimiendo en este sentido que no cabía identificar «un subgrupo entre nacionales del Sáhara» que se quisiera erradicar por razón de su singularidad, y reiterando que, en cualquier caso, han prescrito porque «la presentación de una querella no es suficiente» para interrumpir los plazos de extinción de la responsabilidad penal.

Pedraz archivó definitivamente la querella el pasado 31 de mayo, al acordar el sobreseimiento libre para esas otras 27 personas, un paso respaldado igualmente por la Sala, que cree que los motivos aplicados a Ghali «están plenamente vigentes para los restantes querellados», incluso «con mayor motivo aún» porque ninguno ha llegado a estar personado. «Están tan ausentes del procedimiento como antes de ser admitida a trámite la querella», fijó.

En su nuevo escrito, ASADEDH no solo anuncia un recurso de casación contra este último revés de la AN, sino que aclara que se mantiene firme en su intención de impugnar también el archivo para Ghali -como anticipó el mismo febrero-, después de que la renuncia de otra acusación particular a combatir el sobreseimiento libre para el líder del Frente Polisario haya generado cierta confusión.

Así, avanza las razones por las que cree que ambos archivos deben ser revocados y que se debe procesar a Ghali y «ordenar su busca, captura e ingreso en prisión, cursándose las oportunas órdenes internacionales de detención contra el mismo para su ulterior extradición», solicitando dirigirse a tal fin a las autoridades judiciales de Argelia, país donde se encuentra.

«La valoración de la actuación de Ghali en los hechos, determinando si formaba parte del aparato represor del genocidio o si, por el contrario, fue ejecutor de unos actos determinados y únicos en unas fechas concretas, es algo que, debe dilucidarse en el acto del juicio», sostiene ASADEDH.

«Toda clase de torturas»

En primer lugar, la asociación saharaui reivindica que los hechos descritos en su querella son constitutivos de un delito de genocidio en concurso real con delitos de asesinato, detención ilegal, contra la libertad sexual y de lesiones o torturas.

ASADEDH asegura que se dan los elementos del delito de genocidio por cuanto dice que existió un colectivo «caracterizado por su etnia o raza» contra el que se lanzó «un ataque sistemático, mediante alguna de las acciones descritas, con la intención de suprimirlo total o parcialmente».

«Las acciones investigadas cometidas por militares del Frente Polisario se dirigían unívocamente contra los saharauis, personas originarias del territorio del Sáhara Occidental, que eran sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio y con la finalidad de destruirlos, mediante asesinato o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes períodos de tiempo», asevera.

Además, argumenta que no cabe valorar los hechos individualmente sino como «una unidad delictiva» donde «la toma en consideración de todas y cada una de las acciones contra la vida, dignidad y libertad de las personas que se llevaron a cabo contra los saharauis exclusivamente por razón de su etnia o raza, resulta absolutamente imprescindible para la compresión, enjuiciamiento y sanción».

En cuanto a Ghali, indica que su relación con los hechos, el lugar donde habrían ocurrido y las personas que habrían participado «no fue meramente accidental, causal o transitoria», ya que «era funcionario del Ministerio de defensa y, por tanto desarrollaba sus tareas profesionales en términos permanentes y diarios» en «las cárceles secretas del Frente Polisario en Tinduf, uno de los centros de la represión cometida durante esos años».

En este punto cuenta lo que le habría ocurrido a uno de sus prisioneros, que «sufrió toda clase de torturas» entre las que detalla que le quemaron con hierros ardiendo y cigarrillos y le inyectaron agua con sal en las heridas, le colgaron de las manos y «vio cómo cortaron los dedos a su amigo y cómo murió desangrado». Además, cuando recuperó la libertad, a «su esposa la habían casado con un hombre afín al Frente Polisario», añade.

Supuesto conocedor y partícipe

Para ASADEDH, «concurren elementos indiciarios suficientes para poder afirmar que Ghali conoció y, lo que es más relevante, participó de la realidad colectiva global diseñada e implementada sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis, así como que fue consciente plenamente (…) de que los hechos en que participó personalmente se insertaban e integraban en esta estrategia criminal».

«Ghali ostentaba la dirección global del plan, tenía responsabilidad decisoria (…) y conoció con anterioridad –y no posteriormente a su participación– la existencia del presunto plan genocida», concluye, recordando que llegó a ser ministro de Defensa.

No obstante, admite que «no consta que tuviera detalle sobre su ejecución concreta, ni que participara activa u omisivamente en otros hechos», solo que «que tuvo responsabilidades determinadas que le exigían su intervención en relación con los restantes sucesos que tuvieron lugar en la prisión clandestina del Frente Polisario».

«El hecho de que fuera ministro de Defensa le hace responsable de las personas que fueron detenidas ilegalmente y allí ingresadas y torturadas con su concurso personal, constando que lo prestó y en qué medida», zanja.

En la misma línea, defiende que «todos y cada uno de los querellados conocieron y, lo que es más relevante y diferencial, participaron directa y personalmente, con hechos constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis».

En segundo lugar, la asociación saharaui refuta la prescripción observada por la AN, aduciendo que, si se tiene en cuenta «la interpretación más favorable a los imputados», podría tomarse como fecha de finalización del presunto genocidio 1991, «por ser el año de la liberación de muchos de los ‘desaparecidos forzados’ y del ‘alto el fuego’ entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario».

En este escenario, razona ASADEDH, «el plazo de prescripción de 20 años habría finalizado en 2011», si bien insiste en que se interrumpió en 2008 con la interposición de la querella original, a la que indica que siguieron otras decisiones relevantes.