El juez no reactivará la orden para interrogar a San Chin Choon en el 'caso mascarillas'
Alberto Luceño y Luis Medina están investigados por delitos como estafa, falsedad documental o blanqueo
El empresario malasio San Chin Choon. | Facebook
El juez del conocido ‘caso mascarillas’ ha rechazado enviar una nueva comisión rogatoria a Malasia para interrogar a San Chin Choon, el empresario que consiguió el material sanitario que Alberto Luceño y Luis Medina, investigados por presunta estafa, vendieron al Ayuntamiento de Madrid.
Luceño veía crucial que el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reactivase el mecanismo para poder interrogar a San Chin Choon porque, aunque en otra comisión rogatoria dijo que no iba a declarar conforme a la ley de Malasia, más tarde aseguró en declaraciones a la Agencia Efe que contestó a las diecinueve preguntas de la Fiscalía española ante el «Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia».
Pero el juez Adolfo Carretero «no es del mismo parecer» que Luceño, según explica en el auto en el que rechaza la petición del empresario, a quien recuerda que el juzgado ya envió una comisión rogatoria a Malasia, cuyo Gobierno exigió «reciprocidad» a España, «incluyendo el respeto a la pena de flagelación para que pueda ser aplicada a los extraditados de España a Malasia por el mismo delito que investigamos y que está penado en ese país asiático».
Esto, señala el magistrado reproduciendo las palabras de la Fiscalía, «constituye un obstáculo insalvable para enviar cualquier ulterior solicitud de cooperación judicial a las autoridades malayas en el marco de la presente causa», dado que esta condena «no está permitida ni por la Constitución ni por el Código Penal español».
Pero además, prosigue el auto, al que ha tenido acceso Efe, Carretero tampoco ve «útil» una nueva comisión rogatoria porque el empresario Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, ya dijo que ni conocía ni había trabajado con San Chin Choon, «cuya empresa al parecer tiene pocos trabajadores».
Luceño, por su parte, tampoco ha dicho nada del modo, tiempo y lugar del pacto de la comisión con San Chin Choon ni ha aportado pruebas, añade el juez. Es más, continúa, en la entrevista el empresario malasio indicó que se había limitado a ejecutar lo que había hecho Luceño en España, sin fijar ninguna comisión, «versión totalmente contraria» a la de Luceño.
«Por tanto, la petición de nueva comisión, que no sería nada más que una reiteración de la primera, ni es necesaria, porque ya se ha hecho, ni es posible jurídicamente (…), ni tampoco es útil para la investigación porque no aportaría nada (…)», concluye el auto.
El pasado abril la Fiscalía de Malasia informó al juzgado de que San Chin Choon no había accedido a colaborar con la investigación, y que las leyes de ese país solo permiten interrogarle de manera voluntaria en este momento procesal.
Una semana después el responsable de la empresa Leno, que suministró el material a los empresarios investigados, concedió unas declaraciones a la Agencia EFE en las que aseguró que la operación fue «limpia» y que se encontraba en Kuala Lumpur (Malasia), donde colaboraba con la Justicia.
En las que fueron las primeras declaraciones a un medio de comunicación desde que estalló el escándalo, el empresario afirmó que su parte «está clara» (el suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros) y dijo haber respondido a las preguntas de las autoridades malasias a instancias de las españolas.
Alberto Luceño y Luis Medina están investigados por delitos como estafa, falsedad documental o blanqueo por esta operación comercial en la el magistrado cree que inflaron el precio para acabar obteniendo hasta 6,6 millones de dólares en comisiones.
